Por: Heidy Burgos, equipo de Comunicación Pública, Corporación Justicia y Democracia
Cuando un río se contamina, cuando un monte es arrasado por la motosierra o cuando el suelo queda esterilizado tras décadas de extracción, no colapsa solamente un ecosistema: colapsa también la vida de quienes lo habitaban, de quienes bebían de sus aguas, cultivaban allí y construyeron en ese lugar su identidad y su mundo. El daño ambiental no es, entonces, un asunto que pueda leerse únicamente en clave técnica, ni resolverse solo desde marcos científicos o jurídicos. Es, ante todo, un asunto de justicia social.
Los pueblos y comunidades que más padecen los efectos de la degradación ambiental son, con una regularidad que resulta difícil de ignorar, las mismas que han sido históricamente excluidas: territorios indígenas y afrodescendientes, zonas rurales con precaria presencia institucional y municipios donde el conflicto armado nunca terminó del todo. La pérdida de vivienda, el acceso limitado al agua potable y las afectaciones en la salud, la educación y el trabajo no se distribuyen al azar, siguen los contornos de la desigualdad. El daño ambiental profundiza lo que la desigualdad ya ha fracturado, al limitar de manera diferencial la capacidad de adaptación, acceso a servicios y protección institucional.
Para entender por qué ocurre esto hay tener en cuenta que este problema no termina con la generación de una licencia ambiental, de hecho este -muchas veces-, suele ser el inicio. La colonialidad del poder, como la diagnosticó el sociólogo peruano Aníbal Quijano, instauró una jerarquía que hoy se traduce en patrones de apropiación territorial y explotación de recursos en América Latina. Esa lógica -que Maristella Svampa (2019) denomina el Consenso de los Commodities- sigue ordenando el extractivismo en Latinoamérica, la tierra y la biodiversidad no son un lugar de vida sino una reserva de recursos, y las comunidades que las habitan son, en el mejor de los casos, un obstáculo a gestionar. El extractivismo no es una fase pasajera del desarrollo, es, como sostiene Svampa (2019), un rasgo estructural que tiende a consolidar una relación en la que, con frecuencia, a mayor extracción, menores márgenes democráticos.
A esta lógica económica se suma, en Colombia, el conflicto armado. Las disputas (legales e ilegales) han hecho del control territorial un recurso de guerra, y los territorios han pagado parte de esa factura. Como se ha analizado previamente en “La guerra también contamina: militarización en tiempos de crisis climática”, la militarización de zonas biodiversas puede generar contaminación hídrica y del suelo, fragmentación de ecosistemas y restricciones al acceso comunitario al territorio. El daño ambiental y la violencia -con frecuencia-, son el mismo proceso visto desde distintos ángulos. Como señaló la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (2022), la injusticia no se agota en lo individual; sus efectos son colectivos y acumulativos.
Rodríguez, E. (2017) distingue entre justicia ambiental y justicia ecológica: la primera protege la naturaleza en tanto los daños a ella causados puedan afectar a los seres humanos; la segunda la reconoce como sujeto de derecho en sí misma. Esta distinción cobra especial peso en Colombia, donde para muchas comunidades indígenas “la naturaleza no es un instrumento para la realización personal y social, sino que se considera esencia y componente del mismo sujeto” (Pineda et al., 2023, p. 4). Aunque existen avances hacia la justicia ecológica (por ejemplo, el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos), en la práctica institucional suele predominar la primera visión, lo que dejaría sin protección efectiva aquellos territorios donde la vida humana y la naturaleza son, para quienes los habitan, una sola cosa.
Defender la tierra y el territorio, en este contexto, se ha vuelto un acto de riesgo. Quienes denuncian el daño, quienes interponen tutelas, quienes bloquean carreteras para impedir la entrada de maquinaria extractiva, son personas que resultan criminalizadas, amenazadas o asesinadas.
En este escenario, el daño ambiental no puede entenderse como un efecto colateral ni como un problema aislado, es la expresión de un orden que decide qué territorios se sacrifican y cuáles se sostienen. No es casual que recaiga sobre los mismos cuerpos y lugares históricamente marginados, ni que quienes lo enfrentan paguen con su seguridad o con su vida. La inacción, entonces, no es neutral, permite que esa lógica continúe operando. Esa continuidad no solo es injusta, sino incompatible con la posibilidad misma de vivir.
Fuentes
Burgos, H. (2026). La guerra también contamina: militarización en tiempos de crisis climática. Corporación Justicia y Democracia. https://justiciaydemocracia.org/2026/03/27/analisis-la-guerra-tambien-contamina-militarizacion-en-tiempos-de-crisis-climatica/
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. (2022). Hallazgos y recomendaciones: Informe final. https://www.comisiondelaverdad.co/hallazgos-y-recomendaciones-1
Rodríguez, E. (2017). “Justicia ambiental, justicia ecológica y diálogo intercultural”. Elementos,núm.105.file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Justiciaambientaljusticiaecolgicaydilogointercultural.pdf
Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (Comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales (pp. 201–246). CLACSO.
Pineda E. Et al. (2023). Principios etnoecológicos para una educación ambiental para la justicia social en clave de emociones desde el buen vivir. Estudio hermenéutico en Meta, Colombia. Prospectiva, (35), e20312292. https://doi.org/10.25100/prts.v0i35.12292
Rodríguez, A. Et al. (2015). El daño desde la teoría de la responsabilidad ambiental. Universidad del Rosario. https://books.scielo.org/id/jqzqj/04
Svampa, M. (2019). Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. CALAS