Por: Heidy Burgos, equipo de comunicación pública, Corporación Justicia y Democracia
Resumen ejecutivo
La crisis climática ha puesto en evidencia la necesidad de revisar el impacto ambiental de distintos sectores. Sin embargo, el sector defensa suele quedar parcialmente excluido de los debates sobre responsabilidad climática y transparencia ambiental. Este texto es un breve análisis de la relación entre militarización y crisis climática, indagando en cómo la infraestructura militar y las operaciones asociadas al sector defensa pueden generar impactos ambientales, particularmente en ecosistemas estratégicos y territorios habitados por pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. El texto sugiere que la crisis climática exige repensar la noción de seguridad y avanzar hacia mayores estándares de transparencia, evaluación ambiental y participación comunitaria en las decisiones relacionadas con la infraestructura militar.
Introducción
El cambio climático es uno de los principales desafíos para la protección de los derechos humanos, no solo por las amenazas que introduce, sino por los impactos concretos que ya genera sobre las personas y los ecosistemas. En Colombia, este fenómeno adquiere una dimensión crítica debido a la alta vulnerabilidad de su territorio, reconocida en instrumentos como la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), que evidencia la alta exposición del país a riesgos climáticos y la necesidad de medidas de adaptación.
Esta situación se agrava por condiciones de pobreza, desigualdad social, limitaciones institucionales y la persistencia del conflicto armado. En este contexto, el cambio climático se entrelaza con disputas por los recursos naturales. Entre las principales amenazas se destacan las sequías y las inundaciones, cuyos impactos se expresan en la pérdida de vivienda, el acceso limitado al agua, afectaciones en la educación y el trabajo, especialmente en territorios históricamente excluidos.
Aunque el debate público ha examinado con mayor frecuencia los impactos ambientales de sectores como la minería, la energía o la agroindustria, existe un ámbito que permanece relativamente poco discutido: el impacto ambiental asociado a la militarización y a la infraestructura del sector defensa.
Las actividades militares (incluyendo el transporte aéreo y marítimo, el funcionamiento de bases, ejercicios de entrenamiento y despliegues logísticos) dependen de sistemas intensivos en combustibles fósiles y pueden generar presiones significativas sobre los ecosistemas. Sin embargo, estas actividades suelen quedar parcialmente fuera de los compromisos climáticos que se exigen a otros sectores.
Este texto propone revisar esta relación desde una perspectiva de derechos humanos, analizando cómo la militarización se conecta con dinámicas estructurales de explotación de recursos, con la distribución territorial del daño ambiental y con las tensiones entre seguridad y protección de los ecosistemas.
Un punto de partida estructural
Diversos estudios han señalado que los conflictos armados y las disputas por recursos naturales están estrechamente relacionados. Diversos estudios, incluyendo análisis del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), han señalado que cerca del 40 % de los conflictos armados en el mundo están vinculados con la explotación de recursos naturales, lo que evidencia la interdependencia entre degradación ambiental, violencia y control territorial.
A su vez, el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) advierte que los efectos del cambio climático están agravando las crisis humanitarias existentes. Actualmente, entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático, la mayoría de ellas en regiones con altos niveles de pobreza y desigualdad.
En este contexto, la militarización adquiere una dimensión ambiental que suele permanecer invisibilizada. Las fuerzas armadas son grandes consumidoras de combustibles fósiles: sus tanques, helicópteros, aviones y embarcaciones requieren enormes cantidades de energía para operar. A esto se suman los impactos asociados a la construcción de bases militares, que pueden generar alteraciones del suelo, contaminación del agua y fragmentación de hábitats.
Seguridad, recursos y crisis climática
La Fuerza Pública cumple funciones de defensa y seguridad, in embargo, su funcionamiento se sostiene en infraestructuras y cadenas logísticas que generan impactos ambientales concretos, con implicaciones directas sobre los territorios y los derechos de las comunidades que los habitan.
Las operaciones de la Fuerza Pública implican altos niveles de consumo energético y una fuerte dependencia de combustibles fósiles para la movilidad de aeronaves, embarcaciones y vehículos terrestres. Aunque existe limitada transparencia y datos sistemáticos sobre su huella global, distintos análisis sugieren que esta dependencia contribuye a la intensificación de la crisis climática, al aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al calentamiento global y a la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos. Asimismo, la instalación y mantenimiento de bases, estaciones y otras infraestructuras requieren sistemas de almacenamiento de combustibles, redes de transporte y soporte energético que pueden generar contaminación hídrica y del suelo, así como procesos de alteración ecológica y transformación del paisaje.
En contextos de conflicto armado o disputa territorial, estos impactos tienden a profundizarse. La presencia y el despliegue de la Fuerza Pública suelen articularse con la protección de infraestructuras estratégicas, el control de corredores de movilidad y la vigilancia de recursos naturales considerados clave para la seguridad nacional. Estas dinámicas pueden derivar en cambios en los usos del suelo, fragmentación de ecosistemas y restricciones sobre el acceso y control comunitario del territorio. En este escenario, la militarización no solo produce efectos ambientales, sino que también vulnera derechos territoriales, en particular de comunidades y pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, al reconfigurar las relaciones entre seguridad estatal, explotación de recursos y sostenibilidad de la vida.
Seguridad, conservación y derechos territoriales en Gorgona
El proyecto de construcción de una base de guardacostas en la Isla Gorgona ilustra de manera concreta las tensiones entre seguridad, conservación ambiental y derechos territoriales. La iniciativa contempla la construcción de diversas instalaciones militares, entre ellas una torre de radar (ya construida), un muelle de aproximadamente 182 metros, edificaciones administrativas y de alojamiento para personal militar, así como un tanque de almacenamiento de cerca de 7.000 galones de combustible.
Diversas organizaciones sociales y ambientales han advertido que este proyecto podría estar generando impactos que podrían intensificarse y derivar en afectaciones irreversibles sobre un ecosistema altamente sensible y único. La Isla Gorgona forma parte de un parque nacional natural y está incluida en la Lista Verde de áreas protegidas y conservadas, lo que refuerza su valor ecológico y su importancia para la sostenibilidad de la vida en el territorio.
Entre los posibles impactos señalados se encuentran alteraciones en las rutas reproductivas de las ballenas jorobadas, que utilizan las aguas cercanas a la isla como zona de crianza; perturbaciones acústicas que podrían afectar a especies marinas como tiburones, tortugas, delfines e invertebrados; riesgos de contaminación marina asociados al transporte y almacenamiento de combustibles; e impactos en especies endémicas terrestres, incluyendo reptiles, anfibios y murciélagos presentes en la isla.
Adicionalmente, se ha cuestionado la ausencia de procesos adecuados de consulta previa con comunidades del litoral Pacífico, quienes mantienen vínculos históricos, culturales y económicos con este territorio. Este elemento evidencia no solo un vacío procedimental, sino también una tensión estructural en torno al reconocimiento de las comunidades como sujetas de derechos y actoras en la gobernanza de sus territorios.
Este caso pone en evidencia cómo la militarización puede reconfigurar las relaciones entre Estado, naturaleza y comunidades, planteando la necesidad de repensar la seguridad desde un enfoque que integre la protección ambiental y la garantía de los derechos humanos.
La excepcionalidad ambiental
Una de las características del sector defensa es que históricamente ha operado bajo regímenes de excepcionalidad normativa y baja transparencia. Las decisiones relacionadas con infraestructura militar, despliegues estratégicos o sistemas de vigilancia se justifican frecuentemente bajo criterios de seguridad nacional.
Sin embargo, la crisis climática está generando nuevas preguntas sobre los límites de esta excepcionalidad. La reciente Opinión Consultiva OC-32/25 del sistema interamericano reafirma que los Estados tienen obligaciones de prevenir daños ambientales y adoptar medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, en la medida en que estos impactos afectan el ejercicio de derechos humanos, lo que incluye actividades tradicionalmente excluidas del escrutinio público, como las del sector defensa.
Desde esta perspectiva, el debate no gira en torno a la legitimidad de la función militar, sino a la necesidad de garantizar que las políticas de defensa también estén bajo estándares adecuados de evaluación ambiental, transparencia y participación.
A modo de conclusión
La crisis climática debería transformar las formas en que se entiende la seguridad. Fenómenos como el aumento de desastres naturales, la presión sobre los recursos hídricos y los desplazamientos forzados por factores ambientales muestran que la estabilidad ecológica es una condición fundamental para la paz y la garantía de derechos.
En este contexto, es necesario:
- Fortalecer la transparencia ambiental del sector defensa, incluyendo información sobre consumo energético e impactos territoriales.
- Garantizar evaluaciones ambientales rigurosas para proyectos de infraestructura militar en ecosistemas estratégicos.
- Asegurar la participación efectiva de comunidades locales y pueblos étnicos en las decisiones que afectan sus territorios.
- Promover el debate público informado sobre la relación entre seguridad, crisis climática y justicia ambiental.
Repensar la seguridad no significa debilitar la capacidad de defensa nacional, sino ampliarla: reconocer que la protección de los ecosistemas, los territorios y las comunidades es una condición esencial para la garantía de los derechos humanos.
Referencias
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2025). Opinión Consultiva OC-32/25 sobre emergencia climática y derechos humanos. https://corteidh.or.cr/tablas/OC-32-2025/
Cruz Roja Española. (s.f.). Cómo afectan las guerras al medio ambiente. https://www2.cruzroja.es/web/ahora/-/como-afectan-guerras-medio-ambiente
Dejusticia. (2025). “Quien contamina paga” y otras obligaciones para luchar contra el cambio climático. https://www.dejusticia.org/relacion-entre-derechos-humanos-y-cambio-climatico/
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). (2023). Informe de síntesis del Sexto Informe de Evaluación. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/
INDEPAZ. (2025) ¿En qué va el proyecto militar en Gorgona? https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2025/12/En-que-va-el-proyecto-militar-en-Gorgona-Dario-Gonzalez-Posso.pdf
Intersecta. (2025). ¿Qué tienen que ver la militarización y la crisis climática? [Infografía]. https://www.instagram.com/p/DQwofGQkQjU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (s.f.). Recursos naturales y conflictos armados. https://peacekeeping.un.org/es/conflict-and-natural-resources
República de Colombia. (2020). Actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Colombia. Gobierno de Colombia.https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/NDC%20actualizada%20de%20Colombia.pdf