Las declaraciones del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, al referirse a las personas campesinas como “empresarios del campo”, revelan mucho más que una elección de palabras. Expresan una idea de desarrollo en la que el campesinado adquiere valor en la medida en que se convierte en productor competitivo, emprendedor y agente del mercado.
El campesinado no es una categoría económica. Las y los campesinos son sujetos históricos, colectivos y territoriales. Así lo reconoce la Constitución colombiana, que desde 2023 los define como sujetos de derechos y de especial protección y reconoce expresamente sus dimensiones económica, social, cultural, política y ambiental, así como sus formas de territorialidad y su particular relación con la tierra.
Desde una perspectiva decolonial, el problema está también en quién tiene el poder de definir qué significa progreso y qué formas de vida deben transformarse para alcanzarlo. La colonialidad no opera únicamente mediante la dominación de territorios; también persiste en las formas de conocimiento y en las categorías desde las cuales se jerarquizan unas maneras de vivir sobre otras.
En ese sentido, sustituir al campesino por el “empresario del campo” puede operar como una forma de reducción: de sujeto colectivo a individuo productivo; de territorio a unidad económica; de derechos a productividad. No se trata de negar que existan campesinos empresarios, sino de cuestionar que la figura empresarial se convierta en el horizonte desde el cual se define al campesino “exitoso”.
Esta narrativa desplaza las desigualdades estructurales del campo y las convierte en problemas individuales: hay que capacitarse, emprender, tecnificarse, producir más y competir mejor. Mientras tanto, pierden centralidad asuntos como la concentración de la tierra, la autonomía territorial, la soberanía alimentaria y la capacidad de las comunidades para decidir sobre sus territorios.
Eso también es una forma de despolitización.
El desarrollo no puede consistir en transformar a las comunidades para que encajen en el mercado. El campesinado no necesita abandonar su identidad para acceder a tecnología, crédito, infraestructura o mercados; necesita que esas herramientas estén al servicio de sus derechos, sus territorios y sus propias formas de vida. La propia Constitución reconoce que la relación campesina con la tierra está vinculada no solo con la producción, sino también con la soberanía alimentaria y con formas de territorialidad, organización y cultura que distinguen al campesinado de otros grupos sociales.
Cuando una idea de progreso exige que un sujeto histórico y colectivo se transforme para encajar en el mercado, no solo se está modificando su nombre: se está imponiendo una forma particular de entender quién puede ser, cómo debe vivir y qué significa progresar.
¿Quién define qué significa desarrollo y quién debe transformarse para alcanzarlo?