Primero un poco de contexto: en el 2019 durante la Alcaldía de Enrique Peñalosa, se expidió el Decreto 825, a través del cual se prohíbe el porte y consumo de SPA, -incluida la dosis mínima*-, en ciertos espacios públicos con un perímetro de 200 metros (en realidad, en casi toda la ciudad), todos los días de la semana, a cualquier hora del día y con la entrada en vigor del Acuerdo 097 de 2025 se pretende iniciar la señalización en lugares del espacio público donde prohíbe el uso de SPA, dándole la razón al Decreto 825.
*La cual está regulada a través de la Ley 30 de 1986.
Aunque el Decreto 825 se expidió en 2019, no podemos olvidar que en el 2023 la Corte Constitucional emitió la Sentencia C-127/23 en la cual se establece que las administraciones locales deben regular el uso de SPA en el espacio público sin caer en la prohibición absoluta, sin embargo, durante la administración de Claudia López, esta Sentencia no fue acatada, situación que se repite en la actual administración de Carlos Fernando Galán, quien no ha publicado la regulación de dicho espacio.
Pero ¿Qué significa la aprobación de este Acuerdo?
Se quiere poner una señalización clara en los perímetros y zonas en las que no está permitido el consumo de SPA, la cual se hará de manera progresiva, especialmente en los siguientes lugares.
💊Instituciones de educativas
💊Parques públicos
💊Estadios, coliseos y centros deportivos
💊Plazas y plazoletas
💊Sistema de transporte masivo, así como estaciones y lugares de acceso al mismo
💊Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas
Hacemos un llamado a las instituciones y personas encargadas, sobre todo al alcalde de Bogotá. Es importante que se tengan en cuenta las recomendaciones de la Sentencia C-127/23 y se garanticen los derechos de las personas que usan SPA, pues tales señalizaciones solo reproducen practicas estigmatizantes que exponen a las personas a situaciones de abuso de autoridad y persecución policial.
Esta fue una iniciativa liderada por Andrés Barrios concejal del Centro Democrático, cuya bandera principal es la del “concejal antidrogas”. Con la aprobación mayoritaria por parte del Concejo de Bogotá, solo falta que el alcalde apruebe, dicte y defina su ejecución.
Repetir y reproducir el enfoque prohibicionista no resuelve el problema del microtráfico.