Tras conocerse el preconteo de las elecciones presidenciales en Colombia, una de las primeras llamadas de Abelardo fue hacia Washington, pero, esto no se trató únicamente de un gesto protocolario: toda primera conversación entre gobiernos revela prioridades, afinidades y expectativas.
Desde Estados Unidos, el mensaje fue claro: seguridad, control migratorio y fortalecimiento de los vínculos económicos. Llama la atención que, al menos públicamente, no hubo referencias a la protección de los derechos humanos, la implementación de garantías para liderazgos sociales, la consolidación de la paz o la reducción de las profundas desigualdades que atraviesan a Colombia.
La llamada fue seguida por un encuentro con el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno, uno de los principales aliados del gobierno de Donald Trump en América Latina. Moreno celebró públicamente la elección de Abelardo y afirmó que ambos coincidieron en la necesidad de endurecer los controles migratorios. En ese mismo contexto, el senador reiteró una posición que ya había expresado días antes frente al caso del activista colombiano Beto Coral, quien mantiene una solicitud de asilo pendiente en Estados Unidos y fue detenido por agentes del ICE. Moreno sostuvo que una persona no puede solicitar asilo y, al mismo tiempo, realizar actividades políticas que, a su juicio, contradigan la política exterior estadounidense, llegando incluso a desearle públicamente un “buen regreso a Colombia”.
Estas declaraciones no pueden analizarse de manera aislada, ya que se producen en medio de una política migratoria cada vez más agresiva en Estados Unidos, caracterizada por el fortalecimiento de las facultades del ICE, el aumento de las detenciones migratorias y múltiples denuncias sobre uso excesivo de la fuerza, afectaciones al debido proceso y persecución contra personas migrantes y solicitantes de protección internacional. El mensaje implícito resulta preocupante ya que el asilo deja de entenderse como una garantía frente a la persecución para convertirse en un beneficio condicionado a la conformidad política.
La historia reciente de América Latina muestra que cuando la relación bilateral se concentra excesivamente en la seguridad, los costos suelen recaer sobre los territorios, las comunidades y las libertades ciudadanas. Así, el lenguaje de la amenaza termina reemplazando el de los derechos; la militarización desplaza el diálogo; y la protesta social corre el riesgo de ser interpretada como un problema de orden público antes que como una expresión legítima de participación democrática.
La cercanía con una administración como la de Estados Unidos no puede traducirse en la subordinación de las prioridades nacionales, ni en el debilitamiento de los compromisos adquiridos con las víctimas, la verdad, la justicia y la construcción de paz.
Ni Donald Trump, ni Marco Rubio, ni Bernie Moreno definirán por sí solos el futuro de Colombia, ese futuro seguirá dependiendo de la capacidad de la sociedad civil para defender sus instituciones democráticas, exigir rendición de cuentas y garantizar que ninguna estrategia de seguridad se imponga sobre los derechos fundamentales.