Por: Karen Carrillo, Corporación Justicia y Democracia
El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes (NNA) no es un efecto colateral del conflicto: es una grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Así lo han reiterado organismos como Naciones Unidas y UNICEF, que advierten que vincular menores a hostilidades constituye un crimen internacional y una de las seis violaciones graves contra la niñez en contextos de guerra.
Sin embargo, al analizar la campaña presidencial de 2026 en Colombia, se evidencia que algunas candidaturas no están a la altura del problema.
Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, en los últimos años se han registrado cientos de casos anuales de reclutamiento, con especial concentración en departamentos como Cauca, Chocó, Antioquia y Nariño. A su vez, organizaciones como Coalico, la Corporación Justicia y Dignidad y el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz han advertido que el fenómeno no solo persiste, sino que se transforma y se adapta a nuevas dinámicas armadas y criminales, incluyendo el uso de redes sociales, coerción económica y control territorial.
Algunas candidaturas, como la de Abelardo de la Espriella, han abordado el reclutamiento infantil dentro de una narrativa amplia de criminalidad, sus propuestas se concentran en el endurecimiento del Estado: más control territorial, más capacidad punitiva y mayor confrontación con estructuras armadas. En esta misma línea, sectores políticos cercanos a Paloma Valencia han insistido en la necesidad de fortalecer la seguridad y enfrentar con contundencia a los grupos armados ilegales, señalando que estos son los principales responsables del reclutamiento.
Desde un enfoque de derechos humanos, esto es claramente insuficiente, el reclutamiento no ocurre únicamente porque existan grupos armados; ocurre porque el Estado no logra garantizar condiciones mínimas de protección, dignidad y acceso a derechos en amplios territorios del país, por eso, reducir el problema a una cuestión de “orden público” invisibiliza a las víctimas y desatiende las obligaciones estatales de prevención.
Otras candidaturas, como las de Sergio Fajardo o Claudia López, reconocen el carácter estructural del fenómeno: pobreza, exclusión, falta de oportunidades y abandono estatal. Por ejemplo, Fajardo ha reiterado que “la educación es la herramienta más poderosa para cerrar las puertas a la violencia”, mientras que López ha insistido en la necesidad de una presencia integral del Estado en los territorios como condición para proteger a la niñez.
Este diagnóstico es consistente con estándares internacionales como los desarrollados por el Comité de los Derechos del Niño, que ha señalado que la prevención del reclutamiento requiere políticas estructurales sostenidas, sin embargo, por ahora, no hay propuestas suficientemente concretas: hablar de educación o inclusión es necesario, pero no sustituye la obligación de diseñar una política pública específica para prevenir el reclutamiento.
Otros candidatos como Roy Barreras o Iván Cepeda han enfatizado la necesidad de avanzar en la implementación de la paz y en la protección de comunidades en territorios afectados por el conflicto. Cepeda ha insistido en que la protección de la niñez pasa por cumplir los acuerdos de paz y garantizar presencia estatal efectiva, mientras que Barreras ha vinculado el fenómeno a la necesidad de consolidar procesos de negociación y sometimiento de actores armados.
Aun así, incluso en estos enfoques más integrales, hay un vacío:
no se traduce en una arquitectura institucional clara y específica para erradicar el reclutamiento infantil.
Más allá de las diferencias entre candidaturas, hay omisiones transversales que deben ser señaladas:
✊🏽La ausencia de una política integral de prevención del reclutamiento
✊🏽La falta de propuestas sobre desvinculación y reintegración de NNA
✊🏽La inexistencia de enfoques diferenciales (género, etnia, territorio), pese a que UNICEF ha advertido que niñas, niños indígenas y afrodescendientes enfrentan riesgos diferenciados
✊🏽La débil priorización del fortalecimiento institucional (ICBF, Defensoría del Pueblo de Colombia, autoridades locales)
✊🏽La falta de estrategias claras de investigación y sanción, a pesar de que el reclutamiento es considerado crimen de guerra por la Corte Penal Internacional
Resaltamos que la protección de NNA frente al reclutamiento no puede ser una promesa programática más, es una obligación del Estado colombiano, derivada de instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en conflictos armados.
Esto implica:
✊🏽prevenir el reclutamiento
✊🏽proteger a quienes están en riesgo
✊🏽garantizar la desvinculación
✊🏽asegurar la reparación integral
El reclutamiento infantil no debería ser un tema más en la campaña presidencial: es una prueba concreta de la capacidad del Estado para garantizar derechos en los territorios más afectados por la violencia. Hoy, las candidaturas oscilan entre diagnósticos generales, énfasis en seguridad o apuestas estructurales de largo plazo, pero ninguna logra articular una respuesta integral, urgente y verificable.
Mientras el debate sigue siendo superficial, en múltiples regiones del país la infancia sigue siendo tratada como un recurso de guerra y eso no es solo una deuda de política pública: es una línea ética que el Estado colombiano no puede seguir cruzando.
Referencias bibliográficas:
Naciones Unidas (2023–2025). Informes del Secretario General sobre niños y conflictos armados.
UNICEF (2023). Niños, niñas y conflicto armado en Colombia.
Defensoría del Pueblo de Colombia (2023–2025). Alertas tempranas e informes sobre reclutamiento.
Coalico (2024). Monitoreo de reclutamiento y utilización de NNA.
Corte Penal Internacional. Estatuto de Roma, art. 8 (crímenes de guerra).
Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y Protocolo Facultativo (2000).
Comité de los Derechos del Niño. Observaciones generales sobre protección en conflictos armados.