¿Quién decide sobre el agua y bajo qué intereses? 

La vida se defiende cuando Sumapaz se defiende  

Por: Vanessa Ramírez, Corporación Justicia y Democracia 

Sumapaz es el páramo más grande del mundo y uno de los territorios estratégicos para la seguridad hídrica de Bogotá y de buena parte del centro del país. Allí se almacena y regula el agua, se sostienen ecosistemas esenciales para la vida y comunidades campesinas han construido, durante décadas, formas propias de habitar, cuidar y defender el territorio. Por eso, lo que está en juego en Sumapaz no es solamente el futuro de un páramo: es quién decide sobre el agua, bajo qué intereses y para beneficio de quién.  

El Parque Nacional Natural Sumapaz tiene una extensión de 210.739 hectáreas y protege ecosistemas de páramo y bosque andino con una enorme capacidad para almacenar y distribuir agua. Sus funciones de regulación hídrica alcanzan las cuencas altas de los ríos Tunjuelo, Sumapaz, Blanco, Ariari, Guape, Duda y Cabrera, que prestan servicios ecosistémicos a la capital y a departamentos como Cundinamarca, Meta y Huila. 

Sin embargo, hace unas semanas el concejal de Bogotá José Cuesta alertó sobre una posible incidencia de la empresa estatal israelí Mekorot en la planificación y gestión del agua de Sumapaz. En su pronunciamiento del 27 de agosto de 2026, el concejal preguntó quién decide sobre el agua de Bogotá y bajo qué intereses se planifica su futuro. También recordó los antecedentes de cooperación de Mekorot en América Latina y solicitó explicaciones sobre los mecanismos existentes para impedir que el agua de la ciudad pueda quedar comprometida mediante convenios o acuerdos con empresas extranjeras. 

Esta preocupación no surge de la nada. Por un lado, en 2018 existieron acercamientos entre Mekorot y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para explorar cooperación técnica en materia de gestión del recurso hídrico; por otro lado, la experiencia internacional demuestra que este caso merece atención.  

En Argentina, Mekorot ha intervenido mediante contratos de consultoría y asesoramiento en la planificación y gestión del agua en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Formosa y Santa Cruz. Su trabajo ha incluido diagnósticos de fuentes hídricas superficiales y subterráneas, proyecciones de oferta y demanda hasta 2050 y recomendaciones sobre infraestructura, inversiones, conservación y distribución del recurso. También asesoró durante aproximadamente un año a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa pública que se encuentra en proceso de privatización por parte del gobierno de Javier Milei en asuntos relacionados con costos, medición de usuarios y tarifas, asesoría que terminó a finales de 2025 y que desencadenó en aumento de tarifas y multiplicación de cortes del suministro.  

Pues, aunque Mekorot no ha comprado, ni adquirió la propiedad del agua argentina como temía la ciudadanía, su participación le otorgó influencia técnica en la planificación hídrica de varias provincias. Generando cuestionamientos sobre la transparencia de los contratos y el riesgo de que decisiones estratégicas sobre la distribución, las tarifas y los usos del agua queden condicionadas por consultoras extranjeras en las que no se prioriza el bienestar común. Donde el agua, pese a ser un derecho humano fundamental, quedó en manos del mercado.  

Por otro lado, Amnistía Internacional (2025) ha denunciado que, en el contexto del genocidio contra la población palestina en Gaza, la empresa Mekorot ha contribuido a la vulneración de derechos humanos mediante el control y la gestión del suministro de agua. De acuerdo con la organización, estas prácticas hacen parte de un sistema de distribución desigual y de privación de este recurso, que afecta gravemente a la población palestina. La Franja de Gaza depende, en parte, de las tuberías conectadas a la red israelí de Mekorot. Esta dependencia, sumada al bloqueo y a las restricciones de electricidad, combustible y ayuda humanitaria, así como a la destrucción de pozos, plantas desalinizadoras y redes de suministro desde octubre de 2023, ha profundizado la crisis de acceso al agua potable y de saneamiento en la Franja. 

Asimismo, se han documentado prácticas discriminatorias en la gestión del agua en Cisjordania, donde la infraestructura hídrica favorece a los asentamientos ilegales israelíes mientras las comunidades palestinas enfrentan restricciones de acceso. Por estos antecedentes, Amnistía Internacional reclama suspender contratos e inversiones con Mekorot mientras persistan riesgos de complicidad en graves violaciones del derecho internacional. 

Estos antecedentes obligan a discutir los alcances que puede tener la participación de una empresa extranjera en la planificación de los recursos hídricos. Es alarmante que una “cooperación técnica” pueda terminar definiendo diagnósticos, prioridades, sistemas de información o planes de largo plazo sin suficiente transparencia ni participación de quienes habitan y protegen el territorio, -como ocurrió en Argentina-, además no se debería de pasar por alto las denuncias hechas por Amnistía, porque frente a un genocidio la neutralidad es complicidad.   

Defender Sumapaz es defender la vida. Por eso los actores externos y privados no deberían tener ninguna participación en la gobernanza de un bien esencial, porque el agua no es una mercancía, es un bien indispensable para la vida y su gestión tiene consecuencias ambientales, sociales y territoriales. 

Tal como advierte el concejal José Cuesta, es urgente que Colombia avance en una política de soberanía del agua, que reconozca el agua como bien común y derecho fundamental, garantice su gestión pública y fortalezca la participación de las comunidades en las decisiones que afectan las fuentes hídricas de la ciudad.