Los recientes desplazamientos en el Catatumbo evidencian la falta de garantías para la población civil y la ausencia de una respuesta estatal eficaz.
Según Human Rights Watch, Cúcuta y Ocaña han registrado las cifras más altas de recepción de personas en condición de desplazamiento en los últimos meses, con 20.300 y 12.097 personas respectivamente. Estas cifras reflejan las crudas dinámicas del conflicto armado en el Catatumbo, donde la población civil queda atrapada entre enfrentamientos, amenazas y violaciones sistemáticas a sus derechos.
Las denuncias de las comunidades desplazadas se relacionan con prácticas de violencia por parte de grupos armados como el ELN y el Frente 33, las cuales incluyen la destrucción de viviendas, el saqueo de bienes y el despojo de tierras.
“Un vecino me llamó para decirme que el ELN lanzó una granada contra la casa donde yo vivía y que se llevaron mi moto y todo lo que había en la casa”, relató un líder comunitario entrevistado por Human Rights Watch.
Estas prácticas no solo vulneran los derechos a la vivienda y a la propiedad, sino que también consolidan una estrategia de control social basada en el terror.
A esto se suman graves denuncias de abusos en los llamados “campamentos de resocialización”, donde personas acusadas de infringir normas impuestas por los grupos armados son sometidas a trabajos forzados y violencia extrema. El asesinato público de una pareja y los casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, documentados por organizaciones de derechos humanos, evidencian un grave contexto de impunidad y desprotección.
A pesar de las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, las medidas preventivas del Estado se han tornado insuficientes para evitar la crisis humanitaria. La estrategia de “Paz Total” del Gobierno, que incluye negociaciones con grupos armados, ha sido cuestionada por permitir la consolidación del control territorial de actores armados en medio de ceses al fuego sin garantías claras para la protección de la población civil. Si bien, se han firmado acuerdos con algunos actores armados, estos no han garantizado una disminución sostenida de la violencia ni una mejora tangible en las condiciones de vida de las comunidades.
Los esfuerzos humanitarios, aunque valiosos, han resultado insuficientes ante la magnitud de la crisis. El hacinamiento en albergues y hoteles, la presencia de actores armados en zonas de refugio y el impacto psicosocial en la población desplazada demandan una respuesta integral que vaya más allá de la asistencia inmediata y contemple medidas de protección a largo plazo.
Es imperativo que el Estado colombiano adopte un enfoque de derechos humanos y diferencial en su respuesta a la crisis del Catatumbo. En consonancia con Human Rights Watch esto implica:
❤️🔥Que las acciones en torno a la seguridad prioricen la protección de la población civil y garanticen la presencia efectiva de instituciones en el territorio, con especial atención a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
❤️🔥Diseñar e implementar planes de desarrollo sin la injerencia de grupos armados, evitando la instrumentalización de las Juntas de Acción Comunal.
❤️🔥Reforzar los mecanismos de protección para líderes y líderesas sociales, comunidades indígenas y afrodescendientes en riesgo, garantizando su seguridad y el derecho propio.
❤️🔥Ampliar la atención en salud mental y el apoyo psicosocial para las víctimas de violencia y desplazamiento.
❤️🔥Adoptar medidas efectivas para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.
El Catatumbo no puede seguir siendo un territorio marcado por la violencia y el abandono. Urgen acciones concretas y sostenibles para garantizar la vida y la dignidad de su población. La paz solo será posible si está acompañada de justicia, reparación y garantías de no repetición.