Por: Karen Carrillo, Corporación Justicia y Democracia
Bogotá tiene derecho a exigir seguridad, lo que no debería aceptar es que la respuesta a la inseguridad sea convertir la presencia militar en parte de la vida cotidiana.
La Registraduría validó 37.056 firmas para que el Concejo de Bogotá discuta la posibilidad de recurrir a la asistencia militar en la ciudad. La iniciativa, promovida por el representante José Jaime Uscátegui y el concejal Julián Uscátegui, del Centro Democrático, busca presentar la presencia de las Fuerzas Militares como respuesta al deterioro de las condiciones de seguridad en Bogotá.
Sin embargo, la existencia de problemas graves de violencia y criminalidad no convierte automáticamente la militarización en una solución, ni justifica trasladar una lógica propia de escenarios de guerra a la vida cotidiana de una ciudad.
¿Queremos una Bogotá en la que la respuesta cotidiana a los problemas de seguridad pase cada vez más por la lógica militar?
La asistencia militar está concebida como una medida temporal y excepcional. El artículo 170 de la Ley 1801 de 2016 establece que puede utilizarse para apoyar a la Policía ante situaciones graves de alteración de la seguridad y la convivencia, riesgos o peligros inminentes, calamidades o emergencias, cuando las capacidades policiales sean insuficientes. No es, por tanto, un mecanismo diseñado para convertir al Ejército en una fuerza permanente de seguridad urbana.
¿Deberíamos normalizar la presencia de militares como respuesta habitual a la inseguridad?
Cuando soldados empiezan a formar parte del paisaje cotidiano de una ciudad —en calles, barrios, estaciones, parques o espacios públicos— no solo cambia el dispositivo de seguridad, también cambia la relación entre ciudadanía y Estado. La vigilancia, el control, las requisas, los retenes y la presencia de hombres armados pueden terminar incorporándose a la experiencia ordinaria de habitar la ciudad.
Quienes promueven la asistencia militar tienen que responder preguntas concretas: ¿qué problema específico resolverá?, ¿por cuánto tiempo?, ¿en qué lugares?, ¿con qué reglas?, ¿con qué resultados medibles? Y, sobre todo, ¿cuál es el punto en el que termina la excepcionalidad?
Las medidas excepcionales tienen una característica fundamental: no pueden convertirse en la nueva normalidad.
Bogotá no necesita escoger entre inseguridad y militarización. Necesita una política de seguridad capaz de enfrentar el crimen sin trasladar progresivamente la lógica de la guerra a la vida civil.
El cabildo abierto debería servir para discutir precisamente eso, no para competir por quién propone la respuesta más dura, sino para exigir evidencia, límites y responsabilidades. La ciudadanía merece seguridad, pero también merece un Estado que no reduzca su presencia a hombres armados.
Militarizar Bogotá no es lo mismo que hacerla más segura. Y normalizar la presencia militar en la vida cotidiana tampoco es sinónimo de construir un Estado más fuerte.