En el país se ha estado rescatando, enterrando, reconstruyendo. El terremoto del lunes dejó casas caídas, personas fallecidas, desaparecidas y familias enteras en duelo por la pérdida de seres queridos; a eso se suman los incendios forestales en departamentos como Tolima y Nariño, que exigen atención urgente. Junto al dolor hay comunidades vecinales que cavan entre escombros, ollas comunitarias, brigadas, cadenas humanas para pasar agua y mercados a quienes lo perdieron todo.
Es en medio de esta atención puesta en salvar vidas y sostener territorios que, desde Panamá, Pete Hegseth, del Departamento de Guerra de EE. UU., anunció que Abelardo De la Espriella (posesionado hace una semana) autorizó operaciones militares conjuntas para “destruir redes terroristas y terroristas”, esto bajo la etiqueta del narcoterrorismo. Las acciones de Abelardo han podido anticipar esto, en junio anunció la integración de Colombia al “Escudo de las Américas” desde el 7 de agosto. Tras la posesión, EE. UU. anunció cerca de US$1.000 millones en asistencia de seguridad.
¿Qué tipo de colaboración se busca?
El lenguaje de Hegseth no habla de inteligencia, entrenamiento ni intercambio de información. Habla de fuerza letal, con participación de fuerzas estadounidenses. La diferencia no es solamente semántica, sino jurídica y política.
Los artículos 173 y 189 de la constitución colombiana exigen aval del Congreso para el tránsito o permanencia de tropas extranjeras y para acuerdos que comprometan la soberanía en materia de defensa. Por eso es importante el mecanismo de control democrático sobre decisiones de fuerza letal que pueden afectar a población civil.
El antecedente que pesa
Desde septiembre de 2025, la administración Trump ha destruido al menos 58 embarcaciones en el Pacífico y el Caribe bajo esa misma etiqueta, con más de 100 muertes. No son interdicciones con captura y debido proceso, son ataques directos, sin juicio, sin verificación pública de quién iba a bordo.
Con la etiqueta del narcoterrorismo se funden dos fenómenos (narcotráfico y terrorismo) en la figura de un enemigo único, simplificando realidades complejas (economías ilegales, conflicto armado, pobreza, ausencia de Estado) y habilitando fuerza letal sin garantías del derecho penal ni del DIH. El mensaje de “destruir” no menciona debido proceso, protección de civiles ni verificación de responsabilidades individuales.
Que el anuncio llegue mientras la veeduría ciudadana, mediática y legislativa está volcada hacia una tragedia provocada por el terremoto, no es un detalle menor. Es precisamente en estos momentos que se toma una decisión con potencial de afectar derechos fundamentales de personas que habitan territorios que históricamente ya han cargado el peso de la guerra contra las drogas.