Los feminicidios no son problemas de orden público: son un problema estructural que necesita respuestas integrales 

Por: Vanessa Ramírez, Corporación Justicia y Democracia  

Casi todos los días las redes sociales se inundan con titulares sobre la ola de feminicidios que atraviesa Colombia. En cuestión de días, cuatro mujeres fueron asesinadas en distintos lugares del país. Cuatro historias diferentes, cuatro territorios y cuatro familias marcadas para siempre por la violencia machista. Entre ellas estaba María Camila Potosí, una joven de 21 años, embarazada de ocho meses, cuyo asesinato y la desaparición de su bebé conmocionaron al país. También fueron asesinadas María Alejandra Castaño, en Líbano; Herianny Montilla, una adolescente de 16 años, en Barranquilla, y Yasleidis Martínez, en Valledupar. La Defensoría del Pueblo advirtió que estos casos deben investigarse teniendo en cuenta los contextos de violencia de género que los rodean y reclamó medidas urgentes. Sin embargo, como ocurre con demasiada frecuencia, la indignación fue pasajera. 

El feminicidio no es una tragedia individual, sino un problema estructural que atraviesa al país. Que al menos cuatro mujeres hayan sido asesinadas en una sola semana demuestra que no estamos frente a hechos aislados ni ante una desafortunada coincidencia explicable por circunstancias particulares de los agresores. 

No son crímenes pasionales ni homicidios comunes, como muchas veces se pretende presentar. Constituyen la expresión más extrema de la violencia de género, que se reproduce de manera sistemática y hunde sus raíces en una estructura social, cultural, política e institucional patriarcal, machista y misógina. Es un entramado que tolera, minimiza u omite múltiples formas de violencia hasta que estas escalan al asesinato. 

Por eso, estos hechos exigen mucho más que indignación. Un feminicidio comienza mucho antes de que la víctima sea asesinada: empieza cuando una amenaza no se toma en serio, cuando una mujer denuncia y encuentra puertas cerradas, cuando es señalada de exagerada o cuando las instituciones reaccionan demasiado tarde. El asesinato es apenas el último eslabón de una cadena de violencias que, en muchos casos, eran visibles mucho antes, pero que la sociedad decidió ignorar. 

Resulta especialmente preocupante que la respuesta institucional siga siendo insuficiente. Con frecuencia, las autoridades se limitan a ofrecer recompensas para capturar a los responsables, en lugar de fortalecer los mecanismos de protección y prevención. Por supuesto, investigar los hechos, identificar a los agresores y garantizar que respondan ante la justicia es indispensable; ningún feminicidio debería quedar en la impunidad. Sin embargo, esa no puede ser la única respuesta del Estado. Cuando las instituciones actúan únicamente después del asesinato, ya han fallado en su deber más importante: garantizar el derecho a la vida. 

El también reciente caso de Rosa Mayerly Olaya, asesinada el 12 de julio en un Homecenter de Soacha, evidencia las fallas persistentes en los mecanismos de protección. Según se conoce, en dos ocasiones la Policía le brindó acompañamiento debido al riesgo que representaba su agresor. Es decir, existían antecedentes, señales de alerta e incluso intervención institucional. Aun así, algo falló. El acompañamiento rara vez se traduce en una estrategia efectiva de protección y, finalmente, la víctima termina siendo asesinada. Las instituciones no pueden seguir actuando únicamente cuando la violencia ya alcanzó su expresión más extrema. La mano dura puede castigar al agresor después del crimen, pero no identifica oportunamente a una mujer en riesgo ni garantiza que las medidas de protección sean realmente eficaces. 

Tampoco transforma el sistema social y cultural que tolera estas violencias, cuestiona a las víctimas, ha sido incapaz de proteger la vida de las mujeres y, en muchos casos, ni siquiera logra evitar la impunidad. Por eso, el castigo a los agresores no puede convertirse en la única respuesta estatal. Los feminicidios no se previenen únicamente con judicialización rápida o mayor presencia de la fuerza pública; requieren intervenciones tempranas y políticas integrales que enfrenten las causas de la violencia machista. 

Las mujeres no son cifras: son vidas que deben ser protegidas. Es urgente una política seria contra el feminicidio y la violencia de género que cuestione los factores sociales y culturales que ponen en riesgo sus vidas, evalúe la eficacia de las medidas existentes y corrija las fallas que hoy persisten. 

El presidente electo que asume su mandato el 7 de agosto tiene una enorme responsabilidad: no puede abordar esta problemática únicamente desde una lógica de orden público y mano dura. Las mujeres no necesitan ser protegidas solo porque son madres, hijas o porque cumplen un determinado papel dentro de la familia; deben ser protegidas porque son ciudadanas titulares de derechos y porque el Estado tiene la obligación de garantizarles una vida libre de violencias. 

El gobierno entrante debería comprender que las mujeres no necesitan un Estado paternalista, sino uno que, desde el reconocimiento de sus derechos, su autonomía y su dignidad, garantice efectivamente su derecho a vivir sin miedo. De ahí la urgencia de destinar recursos suficientes a la prevención, fortalecer las instituciones territoriales, asegurar una atención integral y oportuna, mejorar las rutas de denuncia y protección, combatir la impunidad y desarrollar políticas específicas para las mujeres que enfrentan múltiples formas de discriminación y violencia. 

Y aquí vale hacer una advertencia: el plan de gobierno que construya la administración de Abelardo de la Espriella no puede medirse únicamente por el número de agresores capturados, sino por la cantidad de mujeres que logre proteger antes de que sea demasiado tarde. La seguridad de las mujeres no se garantiza solo con mano dura; se garantiza cuando el Estado es capaz de prevenir, proteger, investigar, sancionar y transformar las condiciones que permiten que la violencia alcance su expresión más extrema. 

La sociedad también tiene una responsabilidad ineludible. Ninguna forma de violencia puede normalizarse, ni los feminicidios convertirse en simples estadísticas o titulares que generan indignación durante unos días para luego caer en el olvido. Es necesario dejar de cuestionar a las víctimas y empezar a cuestionar el sistema que hace posible estas violencias. 

No esperemos el próximo caso para volver a hablar de violencia de género. No esperemos otra familia destruida para exigir respuestas, ni otra mujer asesinada para recordar que existían señales de alerta que pudieron ser atendidas. Debemos exigir prevención, protección, investigación, sanción y una transformación profunda de las condiciones que permiten que la violencia machista siga cobrando la vida de las mujeres.