Por: Karen Carrillo, Corporación Justicia y Democracia
Cada vez es más frecuente leer un sinfín de frases que pretenden justificar el regreso y el actuar del ESMAD: “Si usted no es delincuente, entonces ¿Por qué le preocupa que vuelva el ESMAD?“.
Ésta, aunque parece una pregunta lógica, parte de una mentira sumamente peligrosa: asumir que las personas heridas, mutiladas o asesinadas por la fuerza pública eran delincuentes que se merecían el castigo de la violencia ejercida sobre sus cuerpos.
Las víctimas y sobrevivientes de la violencia policial ejercida por el ESMAD no son, ni eran, “criminales”, eran estudiantes, jóvenes, personas trabajadoras, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, indígenas, campesinos y ciudadanía que ejercían sus derechos constitucionales a la protesta y a la libertad de expresión.
La historia reciente de Colombia está llena de nombres que desmienten esa narrativa: personas que perdieron un ojo por un proyectil disparado por el ESMAD, otras que fueron asesinadas durante manifestaciones, muchas más que fueron detenidas arbitrariamente, golpeadas o sometidas a tratos crueles y ninguna de esas agresiones se justifica porque alguien estuviera en una movilización.
La fuerza pública no está para castigar a la ciudadanía, está para proteger derechos y su legitimidad no depende de cuánta fuerza ejerce, sino de cuánto respeta la Constitución y los límites que ésta le impone.
Cuando se dice que “solo los criminales le temen al ESMAD”, se borra deliberadamente a cientos de víctimas documentadas por organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales y decisiones judiciales, pretendiendo convertir a las víctimas y personas sobrevivientes en sospechosas y a la violencia institucional en una respuesta natural.
Ese discurso no solo distorsiona los hechos, también normaliza una idea profundamente autoritaria: que quien protesta, incomoda o disiente merece ser tratado como un enemigo.
Aceptar la narrativa de que todas las víctimas y personas sobrevivientes eran criminales no protege la seguridad, destruye una garantía básica de cualquier democracia: que ninguna persona puede ser agredida por el Estado por ejercer sus derechos.