La impunidad no siempre se construye absolviendo responsables; también se alimenta prolongando indefinidamente los procesos hasta desgastar a las víctimas, a la sociedad y a la memoria colectiva.
La reciente decisión de la Procuraduría de reiniciar el proceso disciplinario contra el capitán involucrado en la muerte de Dilan, reconociendo que no se trata de una simple falta policial sino de una grave violación a los derechos humanos, tiene un enorme peso político y jurídico.
Durante años, distintos sectores denunciaron que el tratamiento institucional del caso buscaba reducir un homicidio ocurrido en medio de la protesta social a un asunto administrativo interno de la Policía. Hoy, incluso la propia Procuraduría admite que el expediente debe juzgarse bajo estándares de derechos humanos y no bajo una lógica corporativa de autoprotección institucional.
Han pasado casi siete años desde que Dilan Cruz fue impactado por un proyectil disparado por el ESMAD durante las movilizaciones de noviembre de 2019. Siete años en los que la familia ha tenido que enfrentarse no solo al dolor de la pérdida, sino también a la lentitud judicial, a los cambios de jurisdicción y a un aparato estatal que históricamente ha sido más eficaz para blindar a sus agentes que para garantizar verdad y reparación.
Esta decisión no puede celebrarse como una victoria completa, reiniciar el proceso implica reconocer errores estructurales, sí, pero también evidencia que el sistema judicial colombiano ha sido incapaz de ofrecer una respuesta rápida y contundente frente a violaciones graves cometidas por agentes estatales.
El reconocimiento de que hubo una violación a los derechos humanos desmonta uno de los discursos más peligrosos que circularon tras la muerte de Dilan: la idea de que el uso excesivo de la fuerza era un “daño colateral” aceptable para controlar la protesta social. Lo que está en discusión no es solo la conducta individual de un oficial, sino un modelo de seguridad basado en la militarización de la protesta y en la criminalización de la juventud movilizada.
La exigencia de justicia para Dilan Cruz es también una exigencia de garantías de no repetición.
Mientras el Estado siga administrando el tiempo como mecanismo de desgaste, la impunidad continuará funcionando, aunque los expedientes permanezcan abiertos.