La presión de grupos de reservistas sobre la defensa de Santurbán

Por: Vanessa Ramírez, Corporación Justicia y Democracia 

Hace unos días, en Bucaramanga, mientras la sociedad civil y el Gobierno cumplían la cita ordenada por la Corte Constitucional, por medio de la sentencia T-361 de 2017, para avanzar en la definición del límite del páramo de Santurbán -un trazado que, según dónde se dibuje, incluye o excluye la zona de operación de un proyecto minero-, un grupo de reservistas de las Fuerzas Armadas habría realizado labores de vigilancia, perfilamiento e intimidación contra personas que participaron en el espacio de concertación y que han defendido históricamente la protección del páramo frente al proyecto minero Soto Norte, impulsado por la multinacional canadiense Aris Mining. 

Las denuncias realizadas por organizaciones sociales y habitantes de la zona sobre lo ocurrido durante la jornada constituyen una alerta que el Estado colombiano no puede minimizar: no es un simple incidente de orden público, estamos frente a una situación que compromete principios fundamentales del Estado de derecho, como la libertad de participación, el derecho a defender el ambiente y las garantías mínimas para quienes ejercen liderazgo social. 

Según denunciantes, algunos de estos hombres portaban insignias y banderas de Israel y la bandera de Santander con un tigre en el centro, símbolos que, en el contexto político colombiano actual, han sido adoptados por sectores cercanos al presidente electo Abelardo de la Espriella, y bajo éstos se generó un ambiente de confrontación y amedrentamiento en un escenario que debía garantizar el diálogo democrático. 

Por otro lado, la situación es aún más delicada cuando se observa el contexto político y económico que rodea el páramo: recientemente el ministro de ambiente designado del gobierno electo anunció la posibilidad de una entregar la concesión para explotación minera en el páramo a la multinacional canadiense Aris Mining; donde uno de los empresarios vinculados a la compañía presuntamente tiene una relación empresarial documentada con el presidente electo. 

En la investigación de La Silla Vacía sobre el universo empresarial de Abelardo de la Espriella se evidencia que el presidente electo y el empresario minero Serafino Iácono participan como socios en la empresa Dominio De la Espriella S.A.S., dedicada a la producción y comercialización del licor Defensor. En esa sociedad también participa Black Swan Finance Corp., empresa controlada por Iácono, lo que configura un vínculo comercial entre ambos empresarios.

Este hecho, por sí solo, no convierte al presidente electo en socio de Aris Mining ni demuestra una intervención directa en las decisiones de la compañía. Sin embargo, tampoco puede ser considerado irrelevante, pues Serafino Iácono fue miembro de la junta directiva de Aris Mining hasta 2024 y continúa siendo accionista de la misma multinacional que hoy impulsa el proyecto Soto Norte, una de las iniciativas mineras más controvertidas del país por su cercanía al Páramo de Santurbán. 

La preocupación aumenta porque el proyecto Soto Norte depende precisamente de decisiones estatales que deberán adoptarse durante el próximo gobierno. La delimitación definitiva del páramo, el eventual licenciamiento ambiental y las futuras autorizaciones administrativas tendrán un impacto directo sobre la viabilidad del proyecto extractivo, en consecuencia, cualquier relación comercial entre quien ejercerá la máxima autoridad del Estado y un accionista de la empresa interesada exige el mayor nivel de escrutinio público.  

No es casual que la comunidad sea amedrentada por reservistas de las Fuerzas Armadas en medio de un escenario en el que confluyen enormes intereses económicos, un proyecto minero multimillonario, un cambio de gobierno y cuestionamientos sobre las relaciones entre socios de la multinacional y el nuevo gobierno. Esa coincidencia es precisamente la que exige investigaciones rápidas, independientes y transparentes de lo sucedido en Bucaramanga, no deja de ser inquietante que estos hechos ocurran precisamente en uno de los conflictos socioambientales más importantes del país.  

Santurbán no es un ecosistema más, representa el agua que abastece a más de dos millones de personas en Santander y Norte de Santander, allí no solo está en disputa un proyecto extractivo; está en discusión la vida misma: el modelo de desarrollo que el nuevo gobierno pretende impulsar prioriza el extractivismo sobre los ecosistemas vitales para el desarrollo de la vida.  

Colombia es uno de los países donde más se ejerce violencia contra liderazgos sociales y personas defensoras de la tierra y el territorio; si el amedrantamiento y la perfilación ocurren en un espacio convocado para cumplir una orden de la corte constitucional, ni imaginar lo que ocurre en los espacios de participación ciudadana que no cuentan con respaldo institucional.  

Los espacios de participación ciudadana y defensa ambiental no pueden convertirse en una formalidad para cumplir una sentencia mientras quienes intervienen deben preguntarse si serán fotografiados, identificados o intimidados por expresar una posición crítica. En una democracia sólida, las relaciones entre el poder político e intereses económicos deben ser absolutamente transparentes, especialmente cuando están en juego decisiones públicas sobre ecosistemas estratégicos de los que dependen recursos fundamentales para la vida, tal como el agua, además, es en este contexto donde las denuncias de intimidación contra personas defensoras de la tierra y el territorio dejan de verse como algo aislado.  

El Estado colombiano tiene obligaciones claras: toda la ciudadanía tiene derecho a un ambiente sano, y con la firma del Acuerdo de Escazú, el Estado tiene la obligación de garantizar un entorno seguro para este tipo de liderazgos y de prevenir cualquier forma de amenaza, hostigamiento o violencia contra ellos; obligaciones que no admiten excepciones, tampoco deberían de distinguir entre gobiernos, intereses económicos o coyunturas políticas: defender el agua jamás debería implicar riesgos para la vida, la integridad o la libertad. 

Santurbán merece un debate técnico, democrático y libre de presiones: las comunidades merecen participar sin miedo, las personas defensoras de la tierra y el territorio merecen garantías efectivas para ejercer su liderazgo. Y el país merece la certeza de que las decisiones sobre uno de los ecosistemas más importantes del territorio estarán guiadas exclusivamente por el interés público, la protección del agua y de la vida, nunca por relaciones de poder o intereses económicos. 

Aunque el oro puede cotizarse en los mercados internacionales, el agua que nace en Santurbán es la que sostiene la vida de millones de personas y constituye un patrimonio colectivo que ninguna intimidación, ningún conflicto de interés y ninguna presión política deberían poner en riesgo.