Por: Sara Melisa Jiménez, Corporación Justicia y Democracia
Keiner Banguera Mancilla, de 19 años, fue asesinado por la Fuerza Pública el pasado 2 de octubre mientras se desplazaba a bordo de un bote de su propiedad en el sector Arenal, de El Charco, Nariño.
A pesar de que el Gobierno sostiene que su asesinato fue parte de un operativo en el que los militares respondieron a disparos provenientes de una embarcación y que la persona “abatida” sería integrante de una estructura de las disidencias de las FARC, la comunidad ya alzó la voz denunciando desde el Consejo Comunitario Pro Defensa del Río Tapaje y la Red de Derechos Humanos del Suroccidente señalando que se trata de un asesinato de un líder afrodescendiente, defensor de derechos humanos e integrante del Consejo Comunitario Río Tapaje y del Movimiento Étnico y Social del Pacífico. En este contexto, según cifras de Indepaz, este hecho se suma a los 119 líderes sociales asesinados en 2026.
Las autoridades afirmaron que en este operativo se incautaron 675 millones de pesos, una embarcación con motor y dos proveedores de pistola con munición, pero que la identidad de la persona “dada de baja” estaba “en proceso de verificación”, mientras que las autoridades departamentales indicaron que no había una determinación concluyente sobre una pertenencia suya a un grupo armado.
Este hecho resulta especialmente inquietante para la comunidad, pues, en primera instancia, el Estado atribuyó a Keiner una identidad y una presunta pertenencia a una estructura armada antes de que estos elementos fueran plenamente verificados. Esto coloca a su familia y a la comunidad en una situación profundamente injusta: son ellos quienes ahora deben demostrar que la víctima no era aquello que se afirmó de ella, en lugar de que sea el Estado quien sustente, con pruebas verificables, las afirmaciones realizadas. Esta inversión de la carga de la prueba no solo afecta el derecho a la verdad, sino que profundiza el dolor de sus familiares y allegados y puede constituir una forma adicional de estigmatización y revictimización.
La Defensoría del Pueblo reconoció que existen distintas hipótesis, por lo que pidió a la Fiscalía priorizar la investigación y verificar si durante el operativo se cumplieron los protocolos. En este momento, es necesario que la justicia ordinaria establezca el tiempo, el modo y el lugar de lo ocurrido, pues creerle ciegamente al comunicado oficial de la Fuerza Pública deja sin voz a una comunidad que ya habla.
El asesinato de Keiner no sería un hecho aislado: es la tercera muerte de un hombre afrodescendiente en menos de dos semanas en hechos que involucraron a integrantes de la Fuerza Pública. La alerta fue planteada por la representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán, integrante de la Comisión Legal de Derechos Humanos, quien anunció que pedirá explicaciones a las autoridades.
Los dos casos anteriores corresponden a Donovan Balanta Paz, de 34 años, quien murió el 20 de septiembre en el barrio Caracolí, entre Ciudad Bolívar y Soacha. La Policía confirmó el uso de un dispositivo Taser durante el procedimiento y señaló que, luego de ser trasladado a la estación de Cazucá, Balanta perdió el conocimiento y posteriormente murió en un hospital de Soacha. Sin embargo, su familia y habitantes del sector denunciaron que habría sido golpeado mientras se encontraba reducido. En el marco de las investigaciones por estos hechos, siete uniformados fueron separados temporalmente del servicio.
Por otro lado, se encuentra el caso de Luis Alfredo Chocó Echeverry, de 29 años, quien murió el 27 de septiembre tras recibir un impacto de bala en el barrio San Fernando, en Villa Rica, Cauca. Sus familiares y dirigentes políticos han denunciado un posible uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento. Las circunstancias en las que ocurrió su muerte aún son materia de investigación y deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes, garantizando una investigación diligente, independiente y con enfoque étnico-racial.
Aunque las circunstancias de cada caso son distintas —una intervención policial en un contexto urbano, un impacto de bala en un barrio de Cauca y un operativo militar en el Pacífico—, existe un elemento que no puede pasar inadvertido: tres hombres afrodescendientes murieron en un periodo de apenas doce días en actuaciones que involucraron a integrantes de la Fuerza Pública y en las que se han denunciado posibles extralimitaciones en el uso de la fuerza. Estas coincidencias, por sí solas, no permiten establecer que exista un patrón común ni atribuir las muertes a una misma causa; sin embargo, sí constituyen una alerta que debe ser investigada de manera integral y con enfoque étnico-racial, para determinar si existen elementos que permitan comprender estos hechos más allá de su aparente carácter aislado.
Los tres casos ocurren pocas semanas después de que el Mecanismo Independiente de Expertos de la ONU para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en la Aplicación de la Ley (EMLER) presentara sus conclusiones sobre Colombia donde expresó preocupación por el racismo estructural, el perfilamiento racial y el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes y advirtió que las nuevas medidas de seguridad y de lucha contra las drogas del Gobierno podrían profundizar patrones de discriminación y criminalización. Dentro de esta misma organización, el experto Víctor Rodríguez explicó que, según los testimonios recogidos en su visita de mayo, los jóvenes negros son detenidos y registrados de manera desproporcionada a partir de estereotipos raciales, situaciones que pueden terminar en un uso excesivo o letal de la fuerza.
Esa advertencia llegó antes de que apagaran sus vidas y a pesar de que no prueba que cada una de ellas sea fruto de racismo, si obliga al Estado a incluir un enfoque étnico-racial en cada investigación y a explicar por qué las alertas internacionales no se han traducido en prevención.
Finalmente, no podemos perder de vista el contexto histórico en el que ocurren estos hechos. Colombia tiene un grave antecedente de ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate: la JEP ha documentado 7.837 víctimas entre 1990 y 2016. Una muerte reportada como baja en combate no puede darse por esclarecida únicamente a partir de la versión oficial: debe ser investigada y sometida al escrutinio de la justicia.
Urge que haya:
⚠️Una investigación inmediata, independiente e imparcial de la Fiscalía sobre la muerte de Keiner Banguera, con prioridad y con los informes del primer respondiente.
⚠️Información completa y verificable del Ejército, la Armada y el Ministerio de Defensa sobre el operativo, así como de la cadena de custodia sobre el cuerpo, la embarcación, las armas y el dinero.
⚠️Que se verifique con pruebas técnicas, no con comunicados, quién era Keiner.
⚠️Que el Gobierno se abstenga de estigmatizar a la víctima mientras no haya una decisión judicial.
⚠️Investigaciones diligentes y con enfoque étnico-racial en los casos de Donovan Balanta y Luis Alfredo Chocó y respuesta del Estado a las alertas del EMLER.
⚠️Garantías de seguridad para las familias, el Consejo Comunitario Río Tapaje y los testigos.
⚠️Reparación integral y garantías de no repetición si se confirma que hubo abusos.
Keiner Banguera, Donovan Balanta y Luis Alfredo Chocó no pueden quedar reducidos a tres cifras en un parte policial. Sus familias exigen verdad y reparación y es una obligación estatal dar cuenta de sus acciones contra la sociedad civil.