La delgada frontera entre el uso de la fuerza policial y los derechos civiles 

Por: Sara Melisa Jiménez, Corporación Justicia y Democracia 

En Bogotá, un video volvió a poner en tela de juicio el uso de la fuerza por parte de la Fuerza Pública hacia la sociedad civil. Las imágenes que circularon en redes sociales sobre un presunto abuso de autoridad de varios uniformados del CAI San Diego, en el centro de la capital, contra 2 mujeres, -entre ellas una menor de edad-, reabrieron un debate que en Colombia sigue vigente: los límites del uso de la fuerza y la manera en que ésta se ejerce, sobre todo, contra los cuerpos más vulnerables. 

Este hecho no constituye un episodio aislado en la capital. Bogotá es una de las ciudades con mayor número de denuncias por violencia policial, según los registros de Grita de Temblores ONG (2024). En este contexto, lo ocurrido en el CAI San Diego se suma a otros episodios en los que uniformados han golpeado o agredido de manera indiscriminada a ciudadanos que graban procedimientos policiales. En algunos de estos casos, además de las agresiones, las personas que registran los procedimientos terminan enfrentando medidas como comparendos u otras actuaciones por parte de las autoridades. Sin embargo, este caso ha generado una mayor conmoción debido a que una de las víctimas es una menor de edad, lo que pone de relieve la especial gravedad de este tipo de actuaciones y las preocupaciones que suscita frente a la protección de niños, niñas y adolescentes 

Tras la viralidad del video y la presión política por parte de Heidy Sánchez, concejala de Bogotá por la UP y Mafe Carrascal, congresista del Pacto Histórico pidiendo respuestas, el coronel Nelson Perdomo, comandante de la Estación de Policía Santa Fe, se pronunció sobre lo ocurrido. Según el comandante, los hechos ocurrieron el 8 de agosto durante un registro a personas cerca del CAI cuando un civil intentó huir siendo interceptado y, “en un alto grado de exaltación”, agredió a una uniformada. Posteriormente, un grupo llegó hasta el CAI de manera violenta y, en medio del altercado, una menor de 17 años también habría agredido a la agente, lo que, en palabras del coronel, hizo “necesario” el uso de la fuerza. 

De ese episodio derivaron la captura de un hombre por violencia contra servidor público y la aprehensión de la adolescente, por el mismo delito y por daño en bien ajeno. 

Otra versión de los hechos es la que ofrecen las propias víctimas. Al intentar obtener información sobre las personas que habían sido detenidas previamente en el CAI, las dos mujeres denuncian haber sido objeto de un trato violento por parte de los uniformados. En el video, además de la agresión física, se escucha a uno de los policías dirigirse a la madre de la menor con expresiones como: “una basura no puede tener hijos” y “con esa mamá, ¿para qué nació?”. Estas afirmaciones no solo evidencian el carácter violento de la interacción, sino que revisten especial gravedad por estar dirigidas contra una madre en presencia de su hija menor de edad. 

No se puede pasar por alto que, independientemente de quién “empezó” el altercado, el estándar que se le exige a la Policía Nacional no es el de una persona cualquiera, sino el de una autoridad entrenada para manejar la tensión sin recurrir al insulto ni al uso excesivo de la fuerza, mucho menos frente y hacia una menor de edad. Además, dentro de sus deberes se encuentra proteger y garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, por lo que su actuación debe ajustarse siempre a los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto por la dignidad humana. 

Por esta situación, la congresista Mafe Carrascal anunció que solicitará a la Procuraduría General de la Nación y a la Policía Nacional investigar los hechos, con el fin de determinar las posibles responsabilidades derivadas por el uso excesivo de la fuerza. Si bien la rendición de cuentas es fundamental en casos como este, la apertura de una investigación disciplinaria no resulta suficiente, especialmente cuando estos procesos suelen avanzar lentamente y no siempre generan consecuencias visibles para la ciudadanía. Por ello, también es necesario repensar el papel de la Policía frente a la sociedad civil, particularmente en un contexto en el que cobran fuerza los discursos que promueven la represión y validan el uso desproporcionado de la fuerza. 

Los hechos que ocurrieron en el CAI San Diego no son aislados, sino que, constituyen un síntoma de una tensión estructural entre la Policía Nacional y la ciudadanía que se repite con una frecuencia preocupante. Que la institución “rechace” los hechos, como fue señalado por el propio coronel Perdomo, es apenas el primer paso, pues lo que la sociedad necesita no son comunicados, sino resultados verificables donde haya una reconstrucción del tejido social entre la Fuerza Pública y la ciudadanía. 

La legitimidad de la Policía descansa, en buena medida, en la confianza de una ciudadanía que pueda verla transitar por las calles sin temor. Sin embargo, cada hecho y cada video como este erosionan un poco más esa confianza. Y cuando una investigación se diluye en el silencio institucional, se instala en la ciudadanía una idea aún más preocupante: que grabar, denunciar y esperar justicia puede no ser suficiente o peor aún, que puede ser un factor de riesgo.