La “contrarrevolución cultural”: el camino para desmontar los derechos de las mujeres

Por: Vanessa Ramírez, Corporación Justicia y Democracia

Una vez más, los derechos de las mujeres vuelven a convertirse en objeto de debate. Hay sectores políticos que parecen creer que nuestra autonomía, el derecho a vivir una vida libre de violencias, a participar plenamente en la vida pública y a decidir sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida son concesiones revocables y no derechos fundamentales, sin embargo, estos avances no han sido un gesto espontáneo del Estado: son el resultado de décadas de organización, movilización e incidencia de los movimientos feministas y de mujeres.

Quizá por eso muchas personas creen que esas conquistas son irreversibles, es frecuente escuchar a mujeres afirmar que “no se sienten representadas por el feminismo”, como si los derechos alcanzados estuvieran garantizados para siempre. Pero la historia demuestra lo contrario: cada expansión de derechos ha ido acompañada de intentos por restaurar antiguos órdenes de poder.

El panorama político actual es una prueba de ello. En distintas regiones del mundo, el fortalecimiento de movimientos ultraconservadores no solo cuestiona las políticas de igualdad, sino que busca revertir buena parte de las transformaciones sociales alcanzadas durante el último siglo, incluso en democracias consolidadas como la estadounidense, han reaparecido voces que plantean restringir derechos que parecían definitivamente conquistados, incluido el derecho al voto de las mujeres.

Los retrocesos, sin embargo, rara vez llegan envueltos en discursos abiertamente autoritarios, éstos, por el contrario, se presentan bajo consignas aparentemente inofensivas: “recuperar los valores”, “defender la familia”, restaurar la “energía femenina y masculina” o impulsar una supuesta “contrarrevolución cultural”. Detrás de esas narrativas, cuidadosamente diseñadas y difundidas con una estética moderna y conciliadora, se esconde la intención de reinstalar estereotipos de género que relegan nuevamente a las mujeres a la esfera privada y presentan un pasado profundamente desigual como si hubiera sido un tiempo de armonía.

En esa perspectiva, el proyecto político que representa Abelardo de la Espriella no se limita a proponer un modelo económico extractivista o políticas de seguridad más severas; también plantea una redefinición del orden social desde una visión profundamente patriarcal, donde la igualdad entre hombres y mujeres deja de entenderse como un principio democrático para convertirse en un obstáculo frente a un supuesto “orden natural” que debe ser restaurado.

La llamada “contrarrevolución cultural”, presentada como uno de los ejes de su proyecto de gobierno, no puede interpretarse únicamente como una postura conservadora sobre la familia: se trata de una disputa por definir quién establece la moral pública, qué conocimientos pueden enseñarse en las escuelas, qué lugar deben ocupar las mujeres en la sociedad y cuáles derechos son considerados legítimos, en otras palabras, busca revertir transformaciones culturales que ampliaron las libertades individuales y democratizaron las relaciones sociales.

Las guerras culturales no comienzan prohibiendo derechos, comienzan modificando el sentido común, por eso no es casual el nombramiento de Viviane Morales —conocida por su oposición a diversos derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+— al frente del Ministerio de Educación. Cuando De la Espriella plantea “sacar la ideología de género de las aulas para regresar a Dios”, no está proponiendo únicamente un debate pedagógico está cuestionando la legitimidad de la educación sexual integral, del enfoque de género y del reconocimiento de las desigualdades históricas que enfrentan las mujeres.

Conviene recordar que la expresión “ideología de género” no surgió de las ciencias sociales ni del derecho, fue construida políticamente por sectores ultraconservadores para agrupar bajo una misma etiqueta cualquier política orientada a promover la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos sexuales y reproductivos o el reconocimiento de las diversidades, es una estrategia discursiva que convierte derechos en amenazas y presenta la igualdad como una forma de adoctrinamiento.

Por eso, el ataque a la educación sexual integral, a los derechos sexuales y reproductivos, a las políticas de igualdad, a los derechos de las personas LGBTIQ+ y a las instituciones encargadas de prevenir y atender las violencias contra las mujeres suele ser uno de los primeros pasos de las agendas antiderechos, no porque esos temas sean secundarios, sino porque representan algunos de los avances democráticos más significativos de las últimas décadas.

El propio discurso de De la Espriella refuerza esa visión. Su construcción política ha girado alrededor de una idea de masculinidad fuerte y dominante. Expresiones sobre tener “los cojones para gobernar”, comentarios que reducen el voto femenino a una cuestión de atracción física o episodios de acoso público contra mujeres no son simples excesos retóricos, expresan una concepción del poder en la que la autoridad se identifica con la virilidad y las mujeres aparecen como subordinadas, emocionales o incapaces de ejercer liderazgo en igualdad de condiciones.

El problema es que cuando quien aspira a dirigir un Estado comunica esa visión, deja de ser una opinión privada y se convierte en una señal política sobre el lugar que las mujeres ocuparán dentro de las instituciones públicas. Muchas veces no es necesario eliminar formalmente los derechos para debilitarlos, basta con reducir presupuestos, desmontar instituciones, nombrar funcionarios hostiles a esas políticas o simplemente dejar de implementarlas.

Durante los últimos años se ha consolidado un patrón internacional: Donald Trump, Javier Milei, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele y José Antonio Kast —con diferencias importantes entre sí— han coincidido en una estrategia política: presentar las políticas de igualdad como privilegios, desacreditar los enfoques de género y cuestionar las instituciones especializadas en derechos de las mujeres. El mensaje es similar: la igualdad pasa a convertirse en un enemigo político.

Aunque esta parezca una discusión exclusivamente sobre las mujeres, sus consecuencias trascienden esa dimensión: cuando un gobierno pretende decidir qué conocimientos pueden enseñarse, qué identidades son aceptables, qué derechos merecen protección o quiénes pueden participar plenamente en el debate público, lo que comienza a estrecharse es la democracia misma, así, la historia demuestra que las primeras víctimas suelen ser las mujeres, las personas LGBTIQ+, las minorías étnicas o quienes piensan distinto, -pero el retroceso rara vez termina allí-, los proyectos autoritarios avanzan gradualmente y, una vez debilitadas las garantías de unos sectores, terminan restringiendo las libertades del conjunto de la sociedad.

Por eso, la defensa de los derechos de las mujeres nunca ha sido una agenda sectorial, es una defensa de la democracia, del Estado de derecho y de la idea de que la igualdad no depende de la voluntad moral del gobernante de turno.

Las elecciones pueden cambiar gobiernos, pero no deberían poner en juego derechos fundamentales, la verdadera disputa que plantea la llamada “contrarrevolución cultural” consiste en decidir si la igualdad seguirá siendo un principio orientador del Estado colombiano o si volveremos a un modelo donde los derechos dependan de las convicciones ideológicas de quien ocupe el poder.

Las libertades conquistadas durante décadas no desaparecen de un día para otro, retroceden lentamente: mediante discursos que desacreditan a quienes las defienden, recortes institucionales, nombramientos estratégicos o reformas legales que parecen aisladas, pero que terminan alterando profundamente el equilibrio democrático.

Como advirtió Simone de Beauvoir: “No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos; debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”.

La discusión sobre la “contrarrevolución cultural”, entonces, trasciende la figura de Abelardo de la Espriella, lo que está en juego no es únicamente un programa de gobierno, sino el modelo de democracia que Colombia quiere construir: una donde las mujeres sean ciudadanas plenas, capaces de decidir sobre sus vidas y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, o una donde esas conquistas vuelvan a depender de la voluntad política de quienes consideran que la igualdad ha llegado demasiado lejos.