La madrugada del 22 de junio dejó una nueva víctima de una práctica que Colombia conoce demasiado bien: los disparos al aire durante celebraciones. Yuranis Romero Iriarte, una adolescente de 16 años, murió en el corregimiento de Hatoviejo, municipio de Calamar (Bolívar), tras ser impactada por una bala perdida mientras se encontraba frente a un establecimiento comercial. En el mismo hecho, un hombre resultó herido en el cuello.
De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales y nacionales, un hombre desenfundó un arma de fuego y comenzó a disparar al aire en medio de celebraciones posteriores a la segunda vuelta presidencial, quien posteriormente huyó, por lo que hasta ahora no se reportan capturas.
El caso adquiere una dimensión política particular porque, según reportes periodísticos, los disparos se produjeron durante festejos relacionados con el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella.
Más allá de las circunstancias específicas del hecho, la muerte de Yuranis reabre una discusión de fondo sobre el acceso y porte de armas por parte de civiles. Los defensores de flexibilizar el porte legal suelen argumentar que una ciudadanía armada puede contribuir a la seguridad y a la defensa personal. Sin embargo, la evidencia de casos como el ocurrido en Calamar muestra uno de los principales riesgos señalados por expertos en seguridad pública: la presencia de armas en contextos de celebración, consumo de alcohol, emociones intensas o conflictos cotidianos aumenta la probabilidad de lesiones y muertes accidentales.
En Hatoviejo, según las versiones conocidas hasta el momento, no existía una amenaza que justificara el uso de un arma, por el contrario, el arma fue utilizada como símbolo de celebración y el resultado fue la muerte de una menor de edad que no tenía ninguna relación con quien disparó.
Una vez se acciona un arma de fuego, el control sobre sus consecuencias desaparece, los disparos realizados al aire no son inofensivos, los proyectiles conservan capacidad letal al descender y pueden impactar a personas ubicadas a cientos de metros del lugar donde fueron accionados.
Mientras familiares, compañeros y habitantes de Hatoviejo exigen justicia para Yuranis Romero, su muerte se convierte en un recordatorio doloroso de los costos humanos asociados a la circulación de armas de fuego. En este caso, una celebración política terminó transformándose en una escena de duelo para toda una comunidad.