Por: Heidy Burgos, Corporación Justicia y Democracia
Con la posesión del nuevo gobierno, no solo hay un cambio de gobierno, se pone a prueba la relación entre el Estado y el territorio. Vale la pena preguntarse, antes de que los hechos consumados impongan su propia narrativa, qué clase de vínculo se está por inaugurar entre quienes gobiernan y quienes habitan la tierra que ese gobierno promete “explotar a lo que dé”.
La frase no es solo económica, es una declaración, como muchas, de poder, del poder de profundizar modelos extractivos que transforman ecosistemas, alteran dinámicas territoriales y generan tensiones alrededor del agua, la salud y la vida comunitaria. Y ese poder empieza a tomar forma concreta en las primeras decisiones del gobierno entrante.
Fabio Arjona, designado ministro de Ambiente, resume su hoja de ruta en la fórmula “agua, biodiversidad, comunidades”. Pero la justicia ambiental no se sostiene en un eslogan, sino en la distribución real del poder de decisión sobre los territorios. Que Arjona haya sido gerente ambiental de la hidroeléctrica Urrá cuando, en 1998, la Corte Constitucional determinó mediante la Sentencia T-652 que el proyecto vulneró el derecho a la consulta previa de la comunidad Embera Katío, es el antecedente que permite leer con otros ojos sus promesas actuales de fortalecer la participación.
Esa tensión se profundiza cuando el propio ministro designado sostiene que no existen “barreras tecnológicas insalvables” para el fracking, en sintonía con una campaña que ofreció a los inversionistas seguridad jurídica y trámites ambientales más ágiles. Al mismo tiempo, el gobierno saliente alcanzó a expedir la resolución que declaró el bioma amazónico como reserva de recursos naturales renovables, resultado de un proceso de concertación con los pueblos indígenas amazónicos, mediante la cual se prohíben nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y nuevas concesiones mineras en la región. Frente a esta decisión, Arjona expresó reservas, mientras senadores del Centro Democrático solicitaron al presidente electo y a los ministros entrantes de Minas, María Nohemí Arboleda, y de Ambiente revisar la política sobre yacimientos no convencionales y habilitar su desarrollo comercial en nombre de la “seguridad energética”.
Además, el presidente electo instruyó al ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, iniciar la derogatoria de las resoluciones que crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), figura vigente desde 2023 que protege cerca de un millón de hectáreas en 55 municipios con vocación agrícola. El argumento oficial habla de restricciones que limitan el “aprovechamiento productivo” de la tierra. Ese argumento merece escucharse con la misma seriedad con que merece escucharse el riesgo de comprometer la seguridad alimentaria del país.
Así, el nuevo gobierno asume en medio de una emergencia ya documentada, con cifras de deforestación en 2025 que el propio Arjona calificó de trágicas, la amenaza de un fenómeno de El Niño intenso y advertencias del Instituto Humboldt sobre cómo la deforestación amazónica podría reducir las lluvias, con consecuencias graves para el país. Flexibilizar restricciones sobre el uso de la tierra justo cuando la evidencia exige más protección, y no menos, es una decisión que compromete a la vez la estabilidad ecológica y la seguridad alimentaria.
Ese patrón se vuelve tangible en Mocoa, donde la población mantiene distintas posiciones frente al proyecto de cobre y molibdeno de Libero Cobre. Algunas personas consideran que no debería permitirse, por el riesgo que representa para el agua y la biodiversidad de una zona estratégica en el ciclo hídrico del país; otras creen que puede generar empleo y dinamizar la economía. Estas posturas exigen información técnica confiable y participación efectiva. Un estudio del Servicio Geológico Colombiano advierte que las rocas de ese depósito podrían liberar elementos potencialmente tóxicos y generar drenaje ácido, por lo que recomendó a la institucionalidad aplicar el principio de precaución. Pese a ello, en abril de este año Libero Cobre logró la integración de sus dos títulos mineros, excluyendo de ellos la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del río Mocoa, lo que le permitió reiniciar sus exploraciones. Que la protección normativa se reduzca justo cuando aumenta la evidencia del riesgo ecológico no debería pasar inadvertido en un territorio donde también está en juego el derecho de las comunidades a decidir sobre lo que habitan.
Licenciamiento más ágil, consulta previa reordenada y derogatoria de figuras de protección agrícola. Lo que hoy se presenta como una reforma técnica deberá evaluarse, en los próximos meses, por sus efectos concretos sobre las comunidades y los ecosistemas, más que por sus anuncios. Estos cambios no son neutros: reconfiguran quién participa, quién es escuchado y quién toma las decisiones sobre el uso del territorio.