El país que respondió con violencia ante el Estallido Social 

Por: Vanessa Ramírez, Corporación Justicia y Democracia

El 28 de abril no es una fecha más en el calendario colombiano, es un recordatorio de que la desigualdad, la exclusión, el abuso de poder y la desconexión de las instituciones con los territorios y la ciudadanía persisten. El estallido social de 2021 no fue un episodio aislado en la historia del país, ni una reacción desproporcionada a una reforma tributaria, como algunos han querido plantearlo. Fue la expresión de un malestar estructural que sigue vigente. 

Este día obliga a Colombia a recordar un momento en el que la democracia fue puesta a prueba, no por quienes salieron a las calles, sino por la forma violenta y desproporcionada en que el Estado decidió responder, además, no se puede dejar de lado que cinco años después, la impunidad persiste. 

Organizaciones como Indepaz, Temblores y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentaron decenas de homicidios, miles de casos de violencia policial y más de un centenar de víctimas de lesiones oculares durante el paro. Sin embargo, a la fecha solo se han producido dos fallos condenatorios en estos últimos casos, mientras la mayoría de las investigaciones continúan en fase de indagación, sin responsables formalmente acusados. 

A esto se suma la ausencia de transformaciones estructurales en instituciones como la Policía. El reemplazo del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD-, por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden –UNDMO-, no ha implicado un cambio sustantivo en la doctrina institucional, ni se han implementado de manera integral las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- sobre el manejo de la protesta social. 

Los asesinatos, las lesiones oculares, las detenciones arbitrarias y las denuncias de violencia sexual no fueron al azar, por el contrario, fueron manifestación de patrones de violencia ejercidos desde la institucionalidad del llamado “Estado Social de Derecho”. 

El 28A expuso ante el mundo cómo en Colombia la protesta social ha sido gestionada, en muchos casos, bajo lógicas propias de la guerra. La ciudadanía que protesta y cuestiona ha sido leída desde la doctrina del enemigo interno, arraigada durante décadas en la formación y actuación de la Fuerza Pública. Bajo esta lógica, juventudes, liderazgos sociales y personas que se movilizaron, fueron tratadas como amenazas a “neutralizar” y no como sujetos de derechos. 

Cinco años después, la justicia y el Estado colombiano mantienen una deuda profunda: los procesos por las violaciones cometidas avanzan lentamente y, en muchos casos, terminan revictimizando a quienes sufrieron los abusos. Argumentos como la imposibilidad de “individualizar al agente responsable” han servido para frenar avances judiciales y el resultado emite un mensaje peligroso: el uso desproporcionado de la fuerza puede repetirse sin consecuencias reales. 

En la coyuntura electoral actual, la memoria del 28A debe ser un punto de partida para evaluar los proyectos políticos en disputa, no basta con declararse del lado del cambio o hablar de seguridad en abstracto. Es necesario explicar cómo se garantizarán los derechos en contextos de movilización social, cómo se evitará la estigmatización de sectores históricamente vulnerados y cómo se reconstruirá la confianza en las instituciones. 

En estas elecciones no solo está en juego un cambio de gobierno, sino la visión de seguridad que definirá la relación entre el Estado y la ciudadanía en los próximos años. Se trata de decidir si la protesta será reconocida como un derecho constitucional o tratada bajo lógicas de amenaza; si se actuará conforme a estándares internacionales o bajo esquemas propios de la guerra; si el conflicto social será gestionado como parte legítima de la democracia o reprimido mediante el uso desproporcionado de la fuerza. 

Sin embargo, el debate parece moverse en sentido contrario. Algunas candidaturas han reactivado discursos militaristas centrados en el fortalecimiento de la fuerza, el aumento del pie de fuerza y el endurecimiento de la respuesta frente a la conflictividad social. Resulta inquietante que el mismo modelo ampliamente cuestionado en 2021 se presente hoy como una opción viable. 

La seguridad no puede seguir construyéndose desde el miedo, la protesta social no puede seguir siendo tratada como una amenaza y la ciudadanía que se moviliza no puede seguir siendo vista como un objetivo a “neutralizar”. 

Conmemorar los cinco años del estallido social es un acto político y de memoria. No para reabrir heridas sin sentido, sino para evitar que se repitan. La democracia no se fortalece reprimiendo la protesta, sino garantizando que quienes se manifiestan puedan hacerlo sin miedo a perder la vida —o los ojos— por ejercer su derecho constitucional.