El cuerpo de las mujeres no es territorio de debate  

Por: Vanessa Ramírez, Corporación Justicia y Democracia   

Hoy 28S, día de la acción legal por el aborto, vale recordar que hablar de aborto no es hablar únicamente de una controversia jurídica. Es hablar de salud pública, de desigualdad y de autonomía corporal.  

En julio de 2026 un bloque de congresistas del Partido Conservador, Salvación Nacional y la bancada provida radicó ante el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo que busca modificar el artículo 11 de la Constitución Política de 1991 para establecer expresamente que la protección de la vida humana comienza desde la fecundación y reconocer al ser humano en gestación como sujeto de especial protección constitucional. La iniciativa pretende reabrir, mediante una reforma constitucional, un debate sobre el alcance de la protección constitucional de la vida prenatal que la Corte Constitucional analizó ampliamente en la Sentencia C-055 de 2022. El proyecto continúa actualmente su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. 

El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hace parte de la garantía de derechos fundamentales reconocidos por la Corte Constitucional, no es una discusión moral o religiosa. Colombia es un Estado laico y pluralista, por lo que las creencias y convicciones morales y religiosas de unas personas no se deberían de convertir en un principio rector para definir leyes que regulan la vida y el cuerpo de las demás personas. La Corte en su sentencia reconoció que la criminalización absoluta del aborto imponía una carga desproporcionada sobre las mujeres y afectaba derechos como la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la salud y la igualdad.  

Ésta debe abordarse, ante todo, como un asunto de salud pública y de derechos humanos, no sobre lo que es o no pecado. Porque los abortos no desaparecen cuando la ley los penaliza, solo modifica las condiciones en las que ocurre y el riesgo que puede implicar el procedimiento. Según un estudio realizado por investigadores del Guttmacher Institute y la Organización Mundial de la Salud, entre 2010 y 2014, la tasa de aborto fue de 37 por cada 1.000 mujeres en países donde estaba prohibido o limitado a causales específicas, frente a 34 por cada 1.000 en países donde estaba disponible a solicitud, una diferencia que no resulta estadísticamente significativa. 

Pero incluso después de la Sentencia C-055, la existencia de un derecho en el papel no significa que todas las mujeres puedan ejercerlo en igualdad de condiciones. Las barreras institucionales, geográficas, económicas y culturales siguen teniendo un impacto diferenciado sobre quienes viven en zonas rurales, niñas y adolescentes, mujeres migrantes, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y otras poblaciones históricamente discriminadas.  

Por eso el Estado debería centrarse en la prevención de embarazos no deseados y en garantizar que, cuando ocurran, las personas puedan acceder a servicios de salud seguros y oportunos, para que la clandestinidad no aumente riesgos y complicaciones. De esta manera se estaría actuando sobre sus causas y consecuencias. 

Con el auge de ideologías conservadoras y ultraconservadoras el cuerpo de las mujeres vuelve a ser un territorio de disputa política. Se ve cuando intentan poner barreras adicionales para acceder al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, cuando las instituciones religiosas intentan convertir sus convicciones particulares en normas aplicables a toda la sociedad, cuando el mercado convierte nuestros cuerpos en productos que deben ajustarse a determinados estándares de belleza, e incluso en las redes sociales, donde algoritmos, tendencias y discursos aparentemente inocentes pueden reproducir formas de vigilancia y disciplinamiento sobre nuestros cuerpos. 

Hace unas semanas, por ejemplo, las redes sociales volvieron a convertir determinados estándares corporales en una tendencia de consumo y aceptación social. Más allá de una moda específica, estos fenómenos muestran cómo el cuerpo femenino sigue funcionando como mecanismo de valoración social: se premian determinados cuerpos, se castigan otros y se transmite la idea de que existir públicamente también implica cumplir determinadas expectativas sobre cómo debemos vernos. 

Estas situaciones parecerían no tener relación, pues ocurren en escenarios totalmente distintos. Por un lado, una bancada, de mayorías masculinas, desarrolla una propuesta política y jurídica desde el congreso y por el otro lado, el mercado, la sociedad, las redes sociales y las plataformas digitales reproducen estándares corporales que pretenden imponer estándares de belleza. Sin embargo, si se observa detenidamente, ambas tienen como objeto de escrutinio y juicio el cuerpo de las mujeres. Como si las mujeres no fueran sujetas autónomas, capaces de decidir sobre sus propios cuerpos sin que otros – el Estado, las instituciones religiosas, el mercado o la sociedad – las cuestionen y les impongan cómo vivir, reproducirse o incluso cómo deben verse. 

Por eso, ambos casos se deben interpretar en un terreno más amplio y es la disputa por el poder de decisión sobre los cuerpos de las mujeres, pues lamentablemente, nunca ha sido un asunto privado, ha sido un territorio político en el que intervienen el Estado, las instituciones religiosas, el mercado, los medios de comunicación y la sociedad. Estableciendo normas sobre lo que se debe hacer, cómo debe comportarse, cuando maternar o cómo debe verse para ser considerada si quiera digna. 

En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, el control se expresa mediante normas que regulan la capacidad reproductiva de las mujeres y determinan en qué condiciones pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. La violencia estética, por su parte opera de manera distinta, pero no es menos poderosa. Convierten la apariencia corporal en una condición de valor social, imponiendo estándares y discriminando a quienes no encajan.  

Por eso el 28S no es únicamente una fecha para recordar una sentencia. Es una oportunidad para recordar que los derechos conquistados también necesitan ser defendidos, implementados y ampliados. Porque reconocer formalmente la autonomía reproductiva no basta si persisten barreras que impiden ejercerla. Ninguna creencia religiosa, ningún proyecto político, ningún estándar de belleza y ningún algoritmo debería tener la última palabra sobre el cuerpo de las mujeres, porque nuestro cuerpo no debe ser nunca más territorio de debate, sino de libertad, autonomía y dignidad.  

Ninguna creencia, ninguna reforma, ningún actor político y ningún algoritmo debería de tener potestad sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Limitar la capacidad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos afecta su posibilidad de construir libremente sus proyectos de vida. Por eso, defenderla exige enfrentar y cuestionar tanto las formas institucionales de control, como el proyecto de acto legislativo que busca modificar el parámetro constitucional sobre el inicio de la vida y que plantea un cambio constitucional con potenciales efectos sobre la despenalización reconocida por la Corte.