Por: Nicolás Maldonado – Sociólogo del equipo de Incidencia Política de la Corporación Justicia y
Democracia
El pasado 8 de marzo, en Colombia, tuvimos las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas para escoger las candidaturas presidenciales. Más allá hacer un análisis sobre cómo se consolidó el tablero electoral, vale la pena resaltar algunos detalles que he visto que la mayoría de analistas en grandes medios suelen desconocer por centrarse netamente en el comportamiento electoral.
Hace años se habla de un país polarizado. Se dice que no se puede dialogar y que esto no solo ha pasado en los últimos años, sino que, por lo menos en la historia colombiana, hemos vivido en un eterno bipartidista, -o se nos ha obligado a éste-. Tanto así que tenemos interiorizado el voto por “el menos peor”, y no por un proyecto de sociedad.
Quienes tienen una formación política, ya sea de la derecha más conservadora, liberal, socialdemócrata, progresista u otras posturas, suelen tener un voto más inercial, pues tienden a respaldar proyectos que se alineen con su visión de mundo o, al menos, a votar en contra de aquello que consideran su opuesto ideológico. Pero quienes terminan siendo los votos decisivos van a basarse en lo que está pasando en su contexto más próximo, sumado a la propaganda disfrazada de información a la cual tienen acceso, sesgando su visión de mundo y, por ende, su decisión electoral.
Este escenario plantea una pregunta clave para cualquier democracia: ¿qué tan informadas están realmente las personas al momento de votar? Cuando se revisan los pilares del Acuerdo de Escazú se evidencia de que, en específico, dos de ellos se acercan a la problemática que estoy mencionando: la participación y, sobre todo, el acceso a la información, entender este acuerdo más allá de un tratado como un horizonte metodológico.
Con la democratización de los medios de comunicación —porque ya no se necesita tener grandes medios físicos, de infraestructura o económicos para que la información llegue a un público más amplio (lo que ha permitido que nuevas figuras con visibilidad digital, incluso sin trayectoria política tradicional, puedan acceder a cargos de representación )— donde los algoritmos influyen cada vez más en la circulación de la información y, por tanto, en la formación de opinión pública. O donde las personas, usando el algoritmo, terminamos priorizando más lo emocional que lo racional (sin satanizar la emoción o la razón), lo cual puede derivar en decisiones muy cuestionables que vulneran el ejercicio democrático.
Es decir, aunque sobre el papel “tenemos garantizada la participación ciudadana”, por lo menos en un escenario ideal donde no existan condiciones como la violencia de nuestra historia como país o las dificultades de acceso a ciertas vías, sin olvidar que este acceso ha sido históricamente difícil, En este contexto, resulta más sencillo garantizar los medios visibles para que las personas ejerzan su derecho al voto. Pero el acceso a la información es algo que está en constante disputa.
Hace poco pude ver un espacio de debate donde un joven trataba de hacerle ver a un excandidato presidencial que su discurso y su manera de gestión también estaba ideologizada. Sectores más conservadores suelen tildar a figuras alternativas, de izquierda o críticas, de actuar desde una postura ideologizada olvidando que ellos también lo están. Es una ideología tan interiorizada, tan predominante, tan hegemónica, que se hace pasar por sentido común, así venga de datos incorrectos.
Por ello traigo a colación esos dos —y, si se quiere, tres— pilares del Acuerdo de Escazú: la participación, el acceso a la información y el acceso a la justicia, porque van ligados unos con otros. Si no contamos con un mínimo panorama, no podemos tomar decisiones responsables y seguimos repitiendo los errores del pasado. Además, el acceso a la justicia para garantizar que se respete el derecho a la información ambiental y las decisiones tomadas en los territorios.
Ese sería el escenario ideal. Pero, sumado a la infraestructura del Estado —donde todo proceso burocrático se vuelve lento—, como lo es el mismo Acuerdo de Escazú al que cito, vemos que en 2019 fue su firma; en noviembre de 2022 fue aprobado por el Congreso; en 2023 la Corte Constitucional lo declaró exequible; en 2024 hubo una consulta pública para establecer la hoja de ruta; en 2025 se realizaron ajustes normativos y la preparación de la hoja de ruta; y en 2026, el pasado 19 de febrero, se cerró el plazo para Tal consulta.
Todo esto se vuelve tedioso y mantiene el descontento de comunidades que, ante el olvido institucional, terminan refugiándose en la inmediatez que ofrecen los algoritmos o en promesas populistas. Esto no solo cuestiona cómo se está votando —considerando que prácticas como la compra de votos y otros delitos electorales siguen vigentes—, sino cómo en el acto de votar está la imposibilidad de recoger la complejidad de los más de 50 millones de habitantes en nuestra realidad nacional.
El Acuerdo de Escazú surge entonces como un referente de horizontalidad: una ruta donde participar no es solo marcar un papel cada cuatro años, sino acceder a información real sobre los pros y los contras de cada decisión. Una forma de fortalecer la agencia de la ciudadanía para que sus necesidades y culturas sean el centro de la política y no un dato más en una estadística nacional; para que la política se construya, finalmente, desde la raíz y para el territorio.
Tal vez el Acuerdo de Escazú* no solo deba entenderse como un tratado ambiental, puede leerse también como una metodología de profundización democrática. Una que nos recuerde que participar no es solo votar, sino tener información suficiente para decidir, espacios reales para incidir y mecanismos de justicia que garanticen que lo decidido desde los territorios tenga efectos.
*El principio de acceso a la información ambiental establece que la información clave sobre temas ecológicos debe estar disponible para el público de forma accesible, comprensible y actualizada, promoviendo la transparencia y la conciencia ciudadana. Asimismo, se reconoce la participación pública en la toma de decisiones ambientales, garantizando que los grupos de interés y las comunidades —especialmente las más vulnerables— puedan involucrarse desde las primeras etapas en las decisiones que afecten el medio ambiente. De igual manera, se contempla el acceso a la justicia en asuntos ambientales, proporcionando a la ciudadanía vías judiciales y administrativas para cuestionar o apelar decisiones que impacten el acceso a la información y la participación pública. Finalmente, se reconoce la necesidad de proteger a las personas defensoras de derechos humanos ambientales mediante medidas que prevengan y sancionen amenazas, ataques o intimidaciones.
Si algo necesitamos hoy no es solo más elecciones, sino mejores condiciones para decidir colectivamente.
Referencias
La Silla Vacía. (2026). Resultados y escrutinio elecciones 2026. https://www.lasillavacia.com/resultados-escrutinio-elecciones-2026/
Aval Ambiental (2025). “Acuerdo de Escazú: nueva clave en la defensa ambiental de Colombia y América Latina.” Retrieved from https://www.avalambiental.com/2025/05/16/acuerdo-de-escazu-nueva-clave-en-la-defensa-ambiental-de-colombia-y-america-latina/
Worldometer. (2026). Población de Colombia. https://www.worldometers.info/es/poblacion-mundial/poblacion-colombia/
Editorial La República S.A.S. (2026, marzo 9). Se traza ruta para implementar el Acuerdo de Escazú. https://www.larepublica.co
Mongabay Latam. (2026, Febrero). Colombia abre consulta pública para implementar el Acuerdo de Escazú: qué funciona y qué no en otros países de Latinoamérica. https://es.mongabay.com/2026/02/acuerdo-de-escazu-colombia-consulta-publica/
Gobierno de Colombia. (2026, enero 19). Gobierno convoca consulta pública para definir hoja de ruta para implementar el Acuerdo de Escazú. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. https://www.minambiente.gov.co/gobierno-convoca-consulta-publica-para-definir-hoja-de-ruta-para-implementar-el-acuerdo-de-escazu/