Desde la Corporación Justicia y Democracia alertamos sobre los riesgos en materia de derechos humanos que implica la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de derogar la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego.
La ampliación del porte legal no es una medida neutra, ésta normaliza la circulación de armas como respuesta frente a la inseguridad y desplaza hacia la ciudadanía una responsabilidad que corresponde al Estado: garantizar la vida y la integridad de las personas.
Preocupa que esta decisión incremente los riesgos de homicidio, violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, accidentes y escalamiento de conflictos, especialmente en un país que aún enfrenta altos niveles de violencia y una amplia circulación de armas ilegales.
La seguridad no puede construirse a costa de mayores riesgos para la vida.
Por eso urge que esta decisión se evalúe desde una perspectiva de derechos humanos y a fortalecer las capacidades del Estado para proteger a la ciudadanía, en lugar de trasladarle la responsabilidad de su propia seguridad.
Más armas no pueden ser la respuesta a un Estado que debe garantizar el derecho a vivir seguros.