Por: Karen Carrillo, coordinadora de Comunicación Pública, Corporación Justicia y Democracia
Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) fueron concebidas como una de las apuestas más innovadoras del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en 2016. Su propósito era claro: abrir el Congreso de la República a territorios que durante décadas han vivido la guerra, el abandono estatal y la exclusión política. En otras palabras, permitir que las víctimas y las comunidades más afectadas por el conflicto armado pudieran tener una voz directa en las decisiones nacionales.
Sin embargo, desde la primera elección de estas curules (en 2022), quedó en evidencia una tensión profunda entre el diseño institucional y la realidad política del país.
¿Estarán entonces, cumpliendo las CITREP su objetivo de representar a las víctimas y a las comunidades excluidas, o corren el riesgo de ser absorbidas por las mismas dinámicas políticas que durante décadas dominaron los territorios?
En esa contienda electoral, llegaron al Congreso representantes como Karen Manrique por la circunscripción de Arauca, Tatiana Gaona por la región del Catatumbo, Laura Vanessa Díaz Cura por el sur de Córdoba y Jorge Rodrigo Tovar Vélez por la circunscripción que agrupa municipios de Cesar, La Guajira y Magdalena, quienes además se hicieron reelegir el pasado 8 de marzo.
El caso de Jorge Rodrigo Tovar Vélez fue quizá el más alarmante. Hijo del exjefe paramilitar conocido como “Jorge 40”, su elección abrió una discusión que va más allá de lo jurídico, aunque la normativa no le impedía ser candidato, su llegada al Congreso planteó una pregunta relevante para el proceso de paz: ¿qué significa representar a las víctimas en un país donde las fronteras entre victimarios, víctimas y poder político siguen siendo tan complejas?
En otros territorios el debate tomó otra forma: en regiones como Arauca, Catatumbo o el sur de Córdoba —zonas donde el conflicto armado, la pobreza estructural y la débil presencia institucional han marcado la vida cotidiana— las elecciones evidenciaron el riesgo de que estructuras políticas regionales o redes de poder territorial influyan en un mecanismo diseñado precisamente para abrir el sistema político.
La elección de Karen Manrique en la circunscripción de Arauca ha generado cuestionamientos por los presuntos respaldos políticos regionales que habrían acompañado su campaña en un territorio históricamente atravesado por disputas armadas y redes clientelares, además, no se puede dejar pasar el hecho de que esté siendo investigada por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En el caso de Tatiana Gaona, elegida por la circunscripción del Catatumbo, las críticas se centraron en las tensiones entre las candidaturas de organizaciones sociales históricas del territorio y campañas con mayor capacidad logística y de movilización electoral, esto se debe a que (de acuerdo con la Silla Vacía), detrás de su candidatira, está el clan Pinzón, en cabeza de su tío Jairo Pinzón, un poderoso líder político de la subregión que fue alcalde de San Calixto y gerente del hospital de Ocaña Emiro Quintero Cañizares, quien estando en ese cargo fue investigado por la Procuraduría por presuntas irregularidades en contratación, siendo suspendido en el año 2020.
El Catatumbo es una región con una fuerte tradición de organización campesina y de víctimas, por lo que la competencia electoral evidenció la desigualdad entre liderazgos comunitarios con recursos limitados y candidaturas con mayor respaldo político.
Por su parte, la elección de Laura Vanessa Díaz Cura en la circunscripción del sur de Córdoba también fue objeto de debate por el contexto político del territorio, históricamente marcado por la influencia de élites regionales y redes políticas consolidadas, es cercana al alcalde de Tierralta, Jesús David Contreras Rodríguez, conservador de la línea de ex precandidato presidencial y aspirante al Senado David Barguil Assis y del candidato a la Cámara Nicolás Barguil.
Esto revela que las CITREP operan dentro del mismo ecosistema político que históricamente ha reproducido desigualdades territoriales. Y en ese contexto, incluso los mecanismos de participación más innovadores enfrentan presiones.
A ello se suman debilidades institucionales que quedaron en evidencia en el primer proceso electoral: controles limitados sobre la financiación de campañas, dificultades para verificar la independencia real de las candidaturas y problemas en la vigilancia del censo electoral en territorios donde la movilidad poblacional es alta y las condiciones logísticas son complejas.
Las CITREP no fueron pensadas como una concesión simbólica, fueron diseñadas como una forma de reparación política para territorios que durante décadas fueron escenario de la guerra sin tener voz en las decisiones nacionales que definían su destino.
Son además, una medida transitoria de reparación política para los territorios más afectados por el conflicto armado, su vigencia estaba pensada para dos periodos legislativos y las elecciones de 2026 representaban, en la práctica, la última oportunidad para permitir que las personas que viven en los territorios más afectados por la violencia, llegaran al Congreso, por eso lo que ocurra con estas curules no es un asunto menor: al terminar absorbidas por las mismas dinámicas políticas que históricamente excluyeron a estos territorios, la promesa de reparación política quedará incompleta, pero si logran fortalecer la representación de las comunidades, habrán demostrado que la paz también puede transformar la forma en que se ejerce la democracia.
La llegada de estas personas al Congreso es alarmante, especialmente porque frente al momento político que vive el país, era el momento para que las Curules de Paz cumplieran plenamente su propósito: que los territorios que han vivido la guerra puedan, por fin, decidir sobre su propio destino.
En Colombia la representación no puede ser abstracta y liderada por las personas de siempre, la democracia también tiene territorio y esto debe reflejarse en las decisiones políticas nacionales.