El 6 de marzo se conmemora en Colombia el Día de las Víctimas de Crímenes de Estado, una fecha que recuerda a miles de personas afectadas por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos, violencia policial y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales.
En los últimos años, el país ha visto avances importantes en el reconocimiento de la responsabilidad estatal frente a estos crímenes. Decisiones adoptadas por instancias judiciales y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición han permitido reconstruir la verdad sobre hechos que durante décadas permanecieron en la impunidad.
Entre estos avances se destacan las investigaciones y decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), particularmente en relación con las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”. Los autos de determinación de hechos y conductas han reconocido patrones criminales y la responsabilidad de altos mandos militares, así como el impacto devastador que estas prácticas tuvieron sobre comunidades enteras.
De igual manera, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos relacionados con desapariciones forzadas, masacres y persecución contra líderes sociales han reiterado la obligación del Estado colombiano de garantizar verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Algunos ejemplos clave:
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
Caso 03 – “Falsos positivos”: la Jurisdicción Especial para la Paz estableció que 6.402 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008.
Subcaso Costa Caribe: imputación a altos mandos militares, incluido Mario Montoya Uribe, por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales.
Caso 01 – Secuestro: imputación al antiguo secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) por el crimen de toma de rehenes.
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
Masacre de Mapiripán (2005): condena al Estado colombiano por permitir la incursión paramilitar que dejó decenas de víctimas.
Masacre de La Rochela (2007): responsabilidad estatal por la masacre de funcionarios judiciales que investigaban crímenes paramilitares.
Masacre de Santo Domingo (2012): condena por el bombardeo que causó la muerte de civiles en Arauca.
Caso Unión Patriótica (2022): reconocimiento del exterminio sistemático contra este movimiento político.
Estos, entre otros avances judiciales no solo representan logros para las víctimas y sus organizaciones, sino que también constituyen una base fundamental para la consolidación de una democracia que reconozca sus deudas históricas.
Sin embargo, es importante resaltar que aun miles de víctimas de crímenes de Estado en Colombia continúan esperando verdad y justicia. Muchas investigaciones siguen abiertas, otras avanzan lentamente y en numerosos casos las responsabilidades aún no han sido plenamente esclarecidas ni sancionadas. Persisten también obstáculos estructurales como la impunidad histórica, las dificultades en el acceso a la justicia y los riesgos que enfrentan víctimas, testigos y organizaciones que acompañan estos procesos: todavía existe una deuda profunda con quienes llevan décadas buscando que se reconozca lo ocurrido y que los responsables rindan cuentas.
La conmemoración de este día ocurre en un contexto en el que el país se prepara para las elecciones legislativas. En este escenario, recordar a las víctimas de crímenes de Estado adquiere una relevancia particular: la memoria es también una herramienta para fortalecer la democracia.
Los crímenes de Estado no fueron hechos aislados, sino fenómenos que deben ser comprendidos, investigados y sancionados para evitar su repetición. Por ello, resulta fundamental que el debate público y electoral incorpore compromisos claros con la defensa de los derechos humanos, el respeto por las instituciones judiciales y la protección de quienes ejercen liderazgo social y político en los territorios.
Desde la Corporación Justicia y Democracia reiteramos que la memoria de las víctimas es un pilar de la democracia. La búsqueda de verdad y justicia solo será posible cuando existe la voluntad institucional y el acompañamiento de la sociedad civil.
En este día hacemos un llamado a las instituciones, a los actores políticos y a la ciudadanía para que la memoria, la verdad y la justicia sean principios orientadores del debate público y del proceso electoral.
Reconocer lo ocurrido, escuchar a las víctimas y garantizar que estos hechos no se repitan es una responsabilidad colectiva. Solo así será posible construir un país en el que la democracia se sostenga sobre la dignidad humana, el respeto por los derechos y la garantía plena de la vida.