Por. Heidy Burgos, Corporación Justicia y Democracia
“Poder Colectivo” lleva por nombre el reciente informe del Global Witness que confirma el asesinato de 124 personas en 15 países por defender su territorio, el agua y los ecosistemas. Colombia concentra la cifra más alta, con 39 asesinatos y el Cauca aparece como el epicentro de esta violencia, con 13 casos registrados en 2025, entre ellos los de 4 guardias indígenas nasa y una guardia awá. De las víctimas, 18 pertenecían a comunidades indígenas, 15 eran campesinas y una mujer campesina y afrodescendiente.
Detrás de estas historias, Global Witness advierte que hay contextos de despojo, una economía ilegal que financia a grupos armados, contamina fuentes hídricas y desplaza comunidades, y una inseguridad jurídica sobre la tierra que sigue siendo terreno fértil para el ataque. Y es que, sin garantías reales sobre la tenencia territorial de pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, la violencia puede continuar reproduciéndose.
Frente a estos hechos y en el contexto de la “batalla cultural” mencionada por el gobierno nacional, es importante reconocer una disputa incluso simbólica ¿Quién define qué es “desarrollo” y quién queda por fuera de esa categoría? Cuando se estigmatiza a una persona defensora del ambiente y el territorio como “opositora del desarrollo”, se está legitimando (desde el lenguaje) su exclusión y, en muchos casos, su eliminación física. Ese estigma no es nuevo, está en la persistencia de dinámicas colonialistas que deciden cuáles saberes son válidos y cuáles son un obstáculo, casi siempre bajo lógicas racistas que deslegitiman el conocimiento ancestral y comunitario. El caso reciente del joven que frenó una fumigación aérea en el Putumayo y fue amenazado por ello, ilustra con crudeza cómo defender el territorio se convierte en un asunto de vida o muerte.
Cabe preguntarse también qué ocurre socialmente cuando silencian a un liderazgo, son momentos en los que el tejido comunitario y los procesos organizativos se ven tensionados, y el miedo intenta instalarse como forma de control. Sin embargo, quienes sobreviven no solo cargan con desplazamientos, duelos y afectaciones espirituales y culturales, sino que también despliegan estrategias propias de cuidado colectivo, memoria y reorganización para sostener la vida frente a la violencia. Reconocer este esfuerzo no exime de responsabilidad al Estado, urge garantizar su salud mental y las condiciones para que capacidades organizativas y de resistencia puedan sostenerse.
Por eso insistimos en uno de los llamados del informe donde gobiernos y empresas deben dejar de criminalizar a las personas defensoras, reconocer públicamente la legitimidad de su labor y enfrentar con políticas concretas el discurso de odio, la desinformación y el acoso digital, que hoy son antesala de la violencia.
Conoce el informe completo: