Por: Heidy Burgos, Corporación Justicia y Democracia
Una investigación que el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) ha venido desarrollando durante meses documenta un hecho que nos interpela como sociedad. Entre el 2 de septiembre de 2025 y el 5 de mayo de 2026, la administración de Donald Trump destruyó 58 embarcaciones en aguas del Pacífico y el Caribe. El saldo fue de 179 vidas humanas, sin juicio previo, sin proceso legal alguno, sin que hasta ahora exista responsabilidad pública por esas muertes.
Estos hechos no ocurrieron en un espacio vacío, sucedieron en mares que son territorio vivo. Allí, durante generaciones, pueblos y comunidades han tejido relaciones que desbordan por completo la idea de la mar como simple zona de tránsito o área de pesca. En esas aguas se entrelazan la memoria, la identidad, la espiritualidad y el sustento material. La vida en estos territorios ha estado atravesada por múltiples adversidades; allí confluyen el abandono estatal, una presencia institucional que cuando aparece suele ser intermitente o limitada, la operación de economías ilícitas y distintas formas de violencia, hoy, a todo eso, se suma el miedo de salir a navegar y no regresar.
No se trata, por tanto, de un hecho externo que podamos observar cómo espectadores. Lo ocurrido nos coloca frente a una pregunta ineludible sobre la soberanía, sobre quién decide realmente sobre esos territorios y sobre los cuerpos que los habitan y los transitan. El Pacífico y el Caribe no son zonas de guerra ajenas a nuestra realidad, son parte constitutiva del país que alguien gobernará a partir de agosto, y esa coincidencia temporal vuelve aún más urgente la reflexión.
La investigación del CLIP revela una realidad que ningún proyecto político debería eludir: la misma arquitectura institucional estadounidense que entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 decomisó, sin derramamiento de sangre, 140 toneladas de cocaína y entregó a más de 160 personas detenidas con vida a las autoridades judiciales, fue también la que señaló qué lanchas debían ser bombardeadas. No fue la cantidad de droga transportada, ni la supuesta peligrosidad de sus tripulantes lo que determinó quién viviría y quién moriría. Fue una decisión política unilateral, ejecutada sobre mares latinoamericanos, sin rendir cuentas a nadie.
Esta actuación contraviene el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas y los artículos 6 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protegen el derecho a la vida y las garantías judiciales. Lo ocurrido expresa necropolítica, donde alguien que detenta poder no solo decide sobre la muerte, sino que produce espacios donde ciertas vidas pueden ser eliminadas sin que ello exija explicación, proceso ni duelo. Quien detenta ese poder, clasifica poblaciones enteras como existencias prescindibles, cuya desaparición no requiere responsables.
Las 179 personas asesinadas en estos bombardeos tenían nombres, familias y comunidades que hoy las lloran y exigen justicia. Que no haya habido rendición de cuentas confirma precisamente esa lógica, no es solo la muerte sin juicio, es la muerte sin duelo, sin registro, sin consecuencias. Es la construcción de un orden donde esas vidas, simplemente, no cuentan.
La respuesta institucional agrava la herida, la Dirección General Marítima (DIMAR) afirmó no haber recibido reportes sobre bombardeos y el Ministerio de Defensa, la Armada Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia manifestaron carecer de información más allá de lo publicado en medios de comunicación. Esa brecha entre lo que se declara y la capacidad real del Estado para conocer y actuar en sus propios márgenes no es un mero detalle administrativo, es la radiografía de un orden estatal que aún no ejerce soberanía efectiva sobre la totalidad de su territorio.
Quien asuma la presidencia deberá gobernar en un contexto donde Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha demostrado su disposición a ejercer fuerza letal directa en aguas internacionales, al margen del debido proceso, sin identificar a las víctimas y sin rendir cuentas, se trata de una lógica colonial que persiste y desafía el Derecho Internacional Humanitario.
Por eso la reflexión no puede posponerse hasta el 8 de agosto. Es preciso preguntar hoy cuál será la postura del próximo gobierno frente a las 179 muertes sin proceso, si respaldará las denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluyendo el caso de Alejandro Carranza, ejecutado extrajudicialmente el 15 de septiembre de 2025, y si en un horizonte más amplio respetará el derecho internacional humanitario, o negociará la defensa de la tierra y el territorio como moneda de cambio frente a presiones comerciales o arancelarias.