Por: Karen Carrillo, Corporación Justicia y Democracia
El debate sobre seguridad volvió al centro de la discusión pública colombiana y, con él, reaparecieron propuestas que parecían superadas por la historia del conflicto armado: ampliar el porte legal de armas, fortalecer redes de cooperantes civiles y promover una participación más activa de la ciudadanía en tareas de seguridad.
Aunque estas ideas no son nuevas, hoy adquieren un significado particularmente delicado en un país atravesado por décadas de guerra, paramilitarismo, ejecuciones extrajudiciales y profundas fracturas institucionales.
Las posiciones de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella reflejan tres maneras distintas de entender la seguridad y la relación entre ciudadanía, Estado y fuerza, sin embargo, desde una perspectiva de derechos humanos, las diferencias no son solamente ideológicas: implican visiones opuestas sobre el uso legítimo de la violencia en democracia.
La propuesta más radical en esta discusión es la de Abelardo de la Espriella, quien ha defendido públicamente el porte legal de armas y la creación de redes de apoyo ciudadano a la Fuerza Pública, su discurso parte de una premisa sencilla y emocionalmente poderosa: ante la incapacidad del Estado para garantizar seguridad, los ciudadanos deberían poder defenderse.
En Colombia, la expansión de estructuras paramilitares no comenzó únicamente con grandes ejércitos ilegales; también se alimentó de discursos que legitimaron la participación armada de civiles en nombre de la seguridad, el orden y la lucha contra el crimen o la insurgencia. Un ejemplo de ello es Las Convivir, creadas inicialmente como mecanismos de colaboración ciudadana, que terminaron siendo en muchos casos plataformas de fortalecimiento paramilitar, con consecuencias devastadoras en violaciones a los derechos humanos.
Cualquier propuesta que promueva civiles armados o redes de seguridad paralelas no puede analizarse en abstracto ni como si Colombia fuera una democracia sin antecedentes de conflicto armado, en este contexto, la línea entre cooperación ciudadana y escalamiento de actores armados puede volverse peligrosamente difusa.
Desde un enfoque de derechos humanos, la seguridad no se construye ampliando la circulación de armas, sino fortaleciendo instituciones civiles, sistemas judiciales eficaces, prevención social de la violencia y controles democráticos sobre la fuerza pública. La evidencia internacional muestra que más armas en circulación suelen traducirse en mayores riesgos de homicidios, violencia intrafamiliar, feminicidios y escalamiento de conflictos cotidianos.
Paloma Valencia representa una posición distinta, aunque cercana en algunos puntos: su discurso privilegia la autoridad, el fortalecimiento militar y una política de seguridad fuerte, pero mantiene mayores matices frente al porte generalizado de armas. Aun así, su visión continúa inscrita en una tradición política donde la seguridad suele priorizarse sobre garantías y libertades, especialmente en contextos de protesta social o conflictividad territorial.
En contraste, Iván Cepeda ha defendido una concepción de seguridad vinculada a derechos humanos, memoria histórica y construcción de paz. Sus críticos suelen presentar esta postura como “débil” frente al crimen; sin embargo, el debate de fondo es otro: si la seguridad debe medirse exclusivamente por capacidad coercitiva o también por la capacidad del Estado de proteger derechos, reducir desigualdades y evitar nuevas violencias.
Colombia sigue siendo un país con cifras altas en asesinatos a líderes y lideresas sociales, presencia de economías armadas ilegales, desconfianza institucional y amplias regiones donde el Estado no logra garantizar plenamente derechos básicos. En ese escenario, normalizar discursos sobre civiles armados puede terminar profundizando la lógica de guerra que el país aún no logra cerrar.
La seguridad no puede construirse trasladando a la ciudadanía responsabilidades armadas que corresponden al Estado, el riesgo no es solamente el aumento de la violencia: también es la erosión progresiva del Estado de derecho.
El verdadero desafío para Colombia no es decidir quién dispara primero, sino construir un modelo de seguridad que no reproduzca las mismas violencias que históricamente ha intentado combatir.
| Tema | Iván Cepeda | Abelardo de la Espriella | Paloma Valencia |
| Porte legal de armas | Se opone. Defiende el monopolio estatal de las armas y una visión de seguridad basada en derechos humanos y fortalecimiento institucional. | Lo apoya abiertamente. Ha propuesto flexibilizar el porte legal para ciudadanos “de bien” como mecanismo de defensa y disuasión. | Tiene una postura intermedia. Ha defendido el derecho a la legítima defensa, pero no promueve una liberalización masiva del porte. |
| Grupos civiles de apoyo a la Fuerza Pública | Rechaza esquemas que recuerden experiencias paramilitares o redes armadas civiles. Prefiere mecanismos institucionales y comunitarios no armados. | Favorece redes de cooperantes y participación ciudadana activa en seguridad. Sus propuestas evocan modelos de colaboración civil con Policía y Ejército. | Respalda cooperación ciudadana e inteligencia comunitaria, aunque con más énfasis en coordinación estatal que en civiles armados. |
| Visión de seguridad | Seguridad centrada en paz, justicia transicional, prevención social y derechos humanos. | Seguridad centrada en autoridad, capacidad de reacción armada y endurecimiento penal. | Seguridad democrática, fortalecimiento militar y combate fuerte al crimen organizado. |
| Relación con el proceso de paz | Uno de sus principales defensores y voceros. | Muy crítico del proceso con las FARC y de políticas de negociación. | Crítica del acuerdo de paz y defensora de ajustes o reformas. |