Por: Heidy Burgos, Corporación Justicia y Democracia
La Operación Lanza del Sur continua, desde el 2 de septiembre de 2025, militares estadounidenses han hecho al menos 69 ataques letales contra las llamadas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico, dejando al menos 227 personas sin vida. (CLIP, 2026). Ninguna de estas personas pasó por un tribunal. Ninguna tuvo derecho a defenderse. La mayoría ni siquiera han sido identificadas.
El gobierno de Estados Unidos, con la presidencia de Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth, ha presentado estas operaciones como parte de una “guerra contra el narcotráfico” y una campaña “antiterrorista”. El Comando Sur afirmó que todos los “narcoterroristas1 neutralizados” eran “miembros afiliados a una organización terrorista designada” que “transportaban activamente material ilícito”.
El 6 de mayo de 2026, un misil impactó una embarcación frente a las costas de la Guajira. Fueron asesinados Adrián Lubo y Ronald Arregocés, dos hombres identificados como indígenas wayuu de La Guajira. Eran reconocidos en la zona como capitanes de barco y, en ocasiones, servían a narcos para llevar droga a las islas del Caribe o a Venezuela. La Fiscalía, citada por Cambio en su investigación sobre los bombardeos y la Guajira, confirmó que no tenía investigaciones abiertas contra ellos ni los identificaba en organigramas criminales conocidos. Eran hombres de mar, no objetivos de guerra.
No es un caso aislado. El informe de WOLA2 publicado en julio de este año, titulado Killing Spree, documenta que los funcionarios del Pentágono no sabían quiénes eran muchas de las personas que estaban matando, pero las trataban a todas como “asociadas” a organizaciones terroristas, una etiqueta tan amplia que puede abarcar a cualquier persona con conexiones remotas con grupos criminales. La conclusión del informe es devastadora, pues muchas o la mayoría de las personas asesinadas probablemente eran pasajeros, migrantes, víctimas de trata, pescadores o transportistas pobres que aceptaron trabajar ante la falta de alternativas económicas.
Organizaciones como Human Rights Watch han advertido que Estados Unidos no está involucrado en un conflicto armado con ningún Estado ni actor no estatal en el Caribe o el Pacífico. Por lo tanto, su actuación militar se rige por el Derecho Internacional Humanitario que prohíbe el uso deliberado de la fuerza letal salvo cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida. En ninguno de estos ataques el gobierno estadounidense ha presentado evidencia de que alguna víctima representara una amenaza inminente para la vida de otras personas. No hubo intento de interceptación, no hubo orden de arresto, no hubo advertencia. Solo misiles.
¿Ha detenido esto el flujo de cocaína?
El informe de WOLA concluye que no hay evidencia de que los ataques marítimos hayan tenido impacto alguno sobre la oferta de cocaína que llega a Estados Unidos. El miedo puede haber reducido el tránsito de lanchas pequeñas, pero no porque la operación estadounidense haya reducido el flujo de droga, sino por el miedo a salir y no regresar.
Según documentó la investigación del CLIP Los Bombardeados, sin derecho a la defensa 3 la misma estructura de inteligencia estadounidense operó de dos formas radicalmente opuestas durante el mismo período. Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, el entramado institucional que señaló qué embarcaciones debían ser bombardeadas fue también el que permitió decomisar al menos 140 toneladas de cocaína y detener a 160 tripulantes que luego fueron entregados vivos a la justicia. La pregunta inevitable es qué determinó quién viviría y quién moriría. No fue la cantidad de droga transportada en las lanchas, ni la supuesta peligrosidad de quienes las tripulaban. Fue una decisión unilateral, ejecutada sin rendir cuentas, que convirtió a unas personas en detenidas con derechos y a otras en blancos de misiles sin proceso alguno.
Frente a esto, el poder no solo decide sobre la muerte, sino que produce dinámicas donde ciertas vidas pueden ser eliminadas sin que ello exija explicación, proceso ni duelo. Quien detenta ese poder toma poblaciones enteras como existencias prescindibles, cuya desaparición no requiere responsables. El gobierno de Trump ha presumido públicamente de estos asesinatos, publicando 63 videos que muestran los últimos momentos de 221 personas. No es una guerra. Es una ejecución convertida en espectáculo.
Por ello, urge el cese inmediato de todos los ataques letales en aguas del Caribe y el Pacífico. Como ya se ha mencionado, estas acciones violan el derecho internacional y constituyen ejecuciones extrajudiciales. Por su parte, el gobierno colombiano, con la presidencia de Abelardo que ha mostrado cercanía política con la administración Trump, no debe participar ni apoyar esta “operación”, ni permitir el uso de territorio o instalaciones, Colombia no puede ser cómplice de estas violaciones, pues la misma estructura de inteligencia que permite decomisar droga y detener personas con vida también ha señalado qué embarcaciones son bombardeadas sin juicio ni rendición de cuentas.
1 Con esta categoría se funden dos fenómenos (narcotráfico y terrorismo) en la figura de un enemigo único, simplificando realidades complejas (economías ilegales, conflicto armado, pobreza, ausencia de Estado) y habilitando fuerza letal sin garantías del derecho penal ni del DIH
2 Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
3 Realizada en alianza con Casa Macondo, Verdad Abierta, 360 grados, la Alianza Rebelde Investiga de Venezuela, Trinidad & Tobago Guardian y con apoyo técnico de Airwars