Por: Heidy Burgos, Corporación Justicia y Democracia
Desde el 21 de septiembre, Santa Marta y su zona rural viven una escalada armada que hoy continúa. Ese día, la Policía, con apoyo de la Fuerza Aérea y la Fiscalía, realizó una operación en Quebrada del Sol (corregimiento de Guachaca) contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El Ministerio de Defensa informó primero de seis “neutralizados” y tres capturados; el balance posterior es de siete muertos y tres detenidos, entre ellos José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, presentado como segundo cabecilla de la organización.
Según los reportes, lo que siguió no fue solo una respuesta operativa, ambas partes han multiplicado los gestos para mostrar quién tiene el control del territorio y la población que lo habita queda en medio de esa disputa.
Lo que ocurre en las calles: las ACSN anunciaron un paro armado de 48 horas. El presidente Abelardo apareció en videos, durante su llegada al consejo de seguridad extraordinario en Santa Marta, con pistola al cinto y chaleco antibalas. El miércoles 23, el Ministerio de Defensa informó del arribo de 500 uniformados adicionales, con imágenes de tanques y militares, y en el consejo Abelardo confirmó 1.100 uniformados. Participan 5 aviones Kfir, 8 helicópteros Black Hawk Arpía y comandos Jungla de la Policía en operaciones terrestres, mientras la Alcaldía publica videos del Gaula en calles y playas.
Entre tanto, hay comercios cerrados (como en el Mercado Público de Gaira y en Cristo Rey), vehículos incendiados y denuncias de hombres armados en las calles. Circulan en redes videos, entre ellos uno que denuncia un posible caso de reclutamiento. Persisten las denuncias de reclutamiento y de presión sobre las comunidades, en especial en las periferias de la ciudad. La Defensoría del Pueblo ha identificado al Magdalena entre los departamentos con riesgo de reclutamiento, uso y utilización de menores por grupos armados. Así, el miedo se instala como forma de gobierno en la vida cotidiana.
La implicación territorial: Guachaca es piedemonte de la Sierra Nevada, ecosistema estratégico y territorio ancestral de los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, además de comunidades campesinas que lo conservan. Cuando el territorio se convierte en escenario de una demostración de control, su autonomía, su gobierno propio y su relación con el entorno quedan subordinados a la lógica de la violencia.
Esto deja graves riesgos sobre los derechos humanos que incluye una doble afectación de la población civil, entre el paro armado y el despliegue militar, la estigmatización de lo rural y de las juventudes, al presentar a los muertos como combatientes sin verificación previa. La erosión de la dignidad y la presunción de inocencia por la exhibición de armas y cuerpos, y por un discurso de tono bélico desde cuentas oficiales y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
El caso de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, de 18 años, ilustra estos riesgos. Presentado oficialmente como integrante de las ACSN, su hermana asegura que trabajaba en una finca ganadera y que “lo hicieron pasar” como miembro de la organización. Su madre pide investigar las circunstancias de su muerte y se dirige al presidente: “¿Por qué me mataste a mi Pelaito?”. Su pregunta exige una respuesta institucional, no una respuesta bélica en redes.
Llamados de cara al consejo de seguridad del 25 de septiembre:
Con la participación del presidente y de la gobernadora Margarita Guerra, urge que el consejo priorice a quienes habitan el territorio:
🔴Deben generarse protocolos públicos de uso de la fuerza, bajo los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, con especial cuidado en zonas pobladas y periferias urbanas.
🔴Debe haber investigaciones independientes y prontas sobre las siete muertes, con participación de las familias, Medicina Legal y garantías. Ninguna persona debe ser presentada como combatiente sin verificación.
🔴Urge que haya una ruta de protección frente al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
🔴Que se generen medidas de protección civil con garantías de movilidad, abastecimiento y atención para comunidades urbanas, rurales e indígenas afectadas por el paro armado y el despliegue militar.
🔴Se debe considerar el diálogo con las autoridades de los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo y con organizaciones campesinas, respetando su autonomía y su gobierno propio.
🔴Es importante que haya una comunicación oficial responsable, no exhibir cuerpos (pese a la tutela que tuvo a favor y que buscaba impedir que apareciera difundiendo contenidos caminando entre cadáveres) ni armas, y no usar mensajes que estigmaticen o normalicen la violencia.