Desde la Corporación Justicia y Democracia, la Corporación Justicia y Dignidad y el Movimiento de Madres y Mujeres por la Paz estuvimos en la Media semana de la Jornada Internacional de Juristas – IX Delegación Internacional de Juristas, realizada el 28 de agosto en la Universidad de los Andes, en Bogotá, participando en el conversatorio “Diálogo Macrocaso 007: reclutamiento de niñas, niños y adolescentes”. Nuestra participación hizo parte del documento presentado conjuntamente por las organizaciones firmantes, en el que se recogieron reflexiones, preocupaciones y propuestas frente a los avances y desafíos de la justicia en el abordaje del reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes durante el conflicto armado colombiano. El espacio permitió poner en común estas consideraciones con integrantes de organizaciones sociales, personas defensoras de derechos humanos y representantes de la comunidad jurídica internacional, reafirmando la importancia de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas.
Éste, fue un espacio para reflexionar sobre los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) frente al reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes durante el conflicto armado colombiano, así como sobre los desafíos que persisten para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.
El Macrocaso 007, abierto por la JEP en 2019, ha permitido avanzar en el reconocimiento de las dimensiones y los impactos del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Durante el foro se destacó, entre otros avances, el alcance del Auto 05 de 2024, que reconoce que el reclutamiento ocurrió de manera forzada: “no se fueron, se los llevaron”. Este reconocimiento constituye un paso fundamental para la dignificación de las víctimas y sus familias, al contribuir a desmontar los estigmas que durante años recayeron sobre quienes fueron reclutados.
Las investigaciones también han permitido identificar patrones de violencia que trascendieron el reclutamiento mismo, incluyendo malos tratos, tortura, violencias reproductivas y violencias basadas en género. Asimismo, se destacó el reconocimiento de las familias de las personas reclutadas como víctimas indirectas y los avances derivados del Auto 07, mediante el cual fueron llamados a comparecer 20 integrantes de las extintas FARC para el reconocimiento de verdad fáctica, jurídica y restaurativa.
El acceso a la justicia sigue teniendo barreras
Desde la Corporación Justicia y Democracia y la Corporación Justicia y Dignidad llamamos la atención sobre uno de los principales desafíos que enfrentan las víctimas: las barreras estructurales para acceder a la justicia.
La concentración de la oferta institucional en las capitales y cabeceras municipales obliga a muchas víctimas a recorrer grandes distancias para denunciar o acceder a servicios de atención y reparación. Estas dificultades se profundizan cuando existen barreras lingüísticas y culturales que afectan especialmente a víctimas pertenecientes a pueblos indígenas y otras comunidades étnicas.
A esto se suma la falta de articulación entre las instituciones responsables de garantizar sus derechos, situación que puede producir procesos de revictimización y estigmatización. Durante el espacio también se señaló la persistencia de narrativas institucionales que han contribuido a deshumanizar a quienes fueron reclutados, desconociendo que se trata de víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Por eso, garantizar el acceso efectivo a la justicia no significa únicamente disponer de instituciones o rutas de atención. Implica reconocer las realidades territoriales, culturales y sociales de las víctimas y construir respuestas institucionales capaces de responder a ellas.
El reclutamiento también está cambiando
Uno de los principales desafíos identificados durante el encuentro fue la transformación de las dinámicas de reclutamiento.
Aunque el fenómeno persiste, hoy adquiere nuevas formas y se desarrolla también en entornos digitales, donde niñas, niños y adolescentes pueden ser contactados, instrumentalizados y vinculados a estructuras armadas para actividades que van más allá del combate directo, como el cuidado de armamento, labores logísticas o la explotación sexual.
Estas nuevas dinámicas afectan de manera diferenciada a niñas, niños y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas y otros grupos históricamente vulnerabilizados, y plantean nuevos retos jurídicos e institucionales, incluso por su posible relación con fenómenos como la trata de personas.
Esta transformación exige que las estrategias de prevención y protección también cambien. No basta con responder a las formas de reclutamiento del pasado: es necesario comprender cómo opera hoy el fenómeno y fortalecer las capacidades institucionales para prevenirlo en los territorios y en los espacios digitales.
De los reconocimientos a la reparación
Las reflexiones del encuentro también dejaron una preocupación central: la necesidad de que los avances judiciales se traduzcan en transformaciones concretas para las víctimas. El reconocimiento de la verdad y de la responsabilidad constituye un paso fundamental, pero debe estar acompañado de medidas materiales de reparación, garantías de no repetición y acciones que respondan a las necesidades reales de quienes fueron afectados por el conflicto.
Para ello, las políticas públicas no pueden diseñarse exclusivamente desde el centro. Se requiere una verdadera transcripción territorial de las mismas, que permita adaptar las respuestas institucionales a las particularidades de cada territorio y escuchar de manera activa a las víctimas, las organizaciones sociales y, especialmente, a las y los jóvenes.
Mantener vigente la conversación
Consideramos un imperativo ético y político mantener vigente la discusión sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes: la firma del Acuerdo de Paz y los avances de la JEP han abierto caminos importantes para el esclarecimiento y la dignificación de las víctimas. Sin embargo, el reclutamiento persiste y sus dinámicas se han transformado. Al mismo tiempo, continúan existiendo riesgos relacionados con la estigmatización, la revictimización, las barreras de acceso a la justicia y la capacidad institucional para garantizar una reparación integral.
También es necesario prestar atención a los cambios políticos e institucionales que pueden modificar las prioridades y los recursos destinados a las víctimas. La garantía de sus derechos no puede depender de coyunturas políticas ni quedar subordinada a cambios de gobierno.
Por ello, seguiremos promoviendo espacios de diálogo, incidencia y reflexión que contribuyan a fortalecer la justicia, la protección de niñas, niños y adolescentes y la construcción de respuestas institucionales con enfoque territorial y de derechos humanos.
Escuchar a las víctimas, reconocer las violencias que enfrentaron y garantizar que estas no vuelvan a repetirse es una responsabilidad que debe permanecer en el centro de la construcción de paz.
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