Definir la situación militar en un país donde no todos pueden elegir

Por: Vanessa Ramírez, Corporación Justicia y Democracia

A propósito de las jornadas de reclutamiento ¿Qué significa definir la situación militar en un país donde no todos tienen las mismas posibilidades para decidir? 

El 31 de agosto finalizan las jornadas de incorporación del Ejército Nacional correspondientes al tercer contingente de 2026. Durante este mes, la institución convocó a jóvenes entre los 18 y los 24 años para definir su situación militar y, en los casos correspondientes, prestar el servicio militar. 

Aunque la ley establece que prestar el servicio militar no es obligatorio para todos, sí lo es definir la situación militar. En Colombia, el servicio militar suele presentarse como un deber y una responsabilidad que los hombres deben asumir para contribuir a la defensa de la nación. Sin embargo, basta con mirar quiénes terminan portando el uniforme y ocupando los batallones para encontrar una realidad muy distinta: la obligación de servir no se distribuye de manera equitativa y, en la práctica, recae con mayor frecuencia sobre jóvenes de determinados sectores sociales y económicos. 

Hace unas semanas, Abelardo de la Espriella, durante el acto de instalación de su equipo de empalme, reavivó la retórica de la obligatoriedad al afirmar que “todos deben pagar el servicio militar para sacar este país adelante” y que Colombia necesita “gente que se ponga las botas por el país” cuando “la patria llama a sus buenos hijos”. Pero ese “todos” no existe en la realidad social colombiana, ese “todos” que señaló Abelardo se desvanece cuando se observa quienes tiene mayores probabilidades de vestir el uniforme, ir al campo de guerra, asumir los riesgos y quién cuenta con más posibilidades para evitarlo. 

Según las cifras de la Defensoría del Pueblo (2014), entre el 80 y 92% de quienes prestan el servicio militar son jóvenes que provienen de zonas rurales y de los estratos 0, 1, 2 y 3. Cifra que demuestra que la retórica de “sacrificio patriótico” resulta profundamente desconectada de la realidad; insistir en que “todos deben ponerse las botas” refleja completa ignorancia, porque el servicio militar en Colombia nunca ha sido “de todos”, sino de los más pobres, ningún llamado simbólico a “todos ponerse las botas” cambia esa estructura desigual.  

En Colombia, definir la situación militar no implica necesariamente terminar prestando el servicio. La legislación contempla causales de exoneración, aplazamientos —entre ellos, estar cursando educación superior, técnica o tecnológica— y el derecho a la objeción de conciencia. También establece mecanismos diferenciados para el pago de la cuota de compensación militar, incluyendo exenciones para personas clasificadas en determinados niveles del Sisbén y otras poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. 

El problema es que estas alternativas no operan en un vacío social. La propia ley obliga a los establecimientos educativos a informar a los estudiantes sobre las causales de exoneración y aplazamiento, el derecho a la objeción de conciencia y los mecanismos para definir la situación militar. Esto revela que el acceso a la información y el conocimiento de los procedimientos son una parte fundamental del proceso. 

Para un joven con recursos, definir su situación militar puede estar acompañado de asesoría familiar, mayor acceso a información, continuidad en la educación superior y capacidad económica para asumir los costos que eventualmente correspondan. Para un joven de una familia empobrecida, especialmente en zonas rurales, esas condiciones pueden ser mucho más difíciles de garantizar. No se trata de afirmar que la ley establezca una obligación distinta según el nivel socioeconómico, sino de reconocer que una misma regla puede producir efectos diferentes cuando las personas parten de condiciones profundamente desiguales. 

Cuando la pobreza, la falta de oportunidades y el lugar de origen aumentan las probabilidades de terminar en un batallón y de decidir si se lleva o no un uniforme, el Estado no es un actor neutral frente a la desigualdad, es quien desde sus instituciones la reproduce. Porque la defensa de la “patria” no puede construirse sobre las libertades de jóvenes vulnerables y empobrecidos, a quienes el Estado, probablemente, ya les falló. 

Colombia tiene territorios históricamente olvidados, especialmente en las zonas rurales, donde la presencia integral del Estado ha sido precaria y, durante décadas, han faltado universidades, empleos formales, infraestructura, servicios públicos y oportunidades para los jóvenes. En muchos de estos lugares, mientras la educación, la salud y las alternativas para construir un proyecto de vida llegan tarde —o simplemente no llegan—, los actores armados sí han mantenido una presencia sostenida. 

Es precisamente en estos territorios donde muchos jóvenes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad y una exposición más cercana a las dinámicas de la guerra. Así, emerge una paradoja difícil de ignorar: un Estado que durante años ha sido incapaz de garantizar derechos, oportunidades y condiciones dignas de vida parece encontrar una presencia mucho más oportuna cuando se trata de incorporar jóvenes al servicio militar. 

Mientras la educación, la salud y las oportunidades siguen siendo una promesa pendiente para buena parte de estas comunidades, el Estado sí llega puntualmente cuando necesita jóvenes para sus Fuerzas Militares. 

Hasta hace muy poco, era común que estudiantes de colegios públicos fueran llevados durante su último año escolar a instalaciones militares para definir su situación militar y determinar si cumplían con las condiciones para prestar el servicio. Aunque estos procedimientos podían presentarse como simples jornadas de información o de definición de la situación militar, en la práctica acercaban el proceso de reclutamiento directamente a los espacios educativos donde se concentraban jóvenes de sectores populares.  

Además, las famosas batidas militares, que eran operativos que permitían identificar y conducir a jóvenes cuya situación militar no estaba definida, no se desarrollaban en lugares aleatorios, casi siempre eran zonas rurales, barrios populares y colegios públicos donde se terminaban exponiendo con mayor intensidad a quienes tenían menos recursos, menos información sobre sus derechos y menos posibilidades de acceder a alternativas como el pago de la libreta. Es decir, que la desigualdad comenzaba mucho antes, cuando el Estado identificaba, seleccionaba y reclutaba a jóvenes de comunidades vulnerables, con escasos recursos para hacer frente a la guerra.  

Aunque Colombia ha avanzado en el reconocimiento de límites al reclutamiento y en la protección de los derechos de quienes deben definir su situación militar, a través de la ley 1861 de 2017 que reconoce causales de exoneración, regula el derecho a la objeción de conciencia y establece que los estudiantes deben recibir información sobre estas alternativas y la misma Corte Constitucional ha reafirmado que la objeción de conciencia es un derecho fundamental y que el Estado debe respetar el debido proceso en el reclutamiento; además de la creación del servicio social para la paz como una alternativa al servicio militar, no significa que el problema de desigualdad este resuelto. Se han marcado límites claros, frente a prácticas arbitrarias y han ampliado las posibilidades de que los jóvenes ejerzan sus derechos, pero la desigualdad estructural permanece. 

Por eso discursos como el del nuevo presidente representan una amenaza y un riesgo para los derechos de los jóvenes. La obligatoriedad solo agudiza la desigualdad, Colombia no puede regresar a un modelo donde el Estado arbitrariamente decide quien decide y quien no sobre su futuro. Nadie debería de verse obligado a “ponerse las botas” solo por su situación económica nunca más.