Entre la emergencia del sismo, los incendios forestales y las primeras decisiones sobre el uso del suelo, minería, parques y energía, el nuevo Gobierno empieza a mostrar qué entiende por territorio y quiénes tendrán voz en su reconstrucción y futuro.
Por: Heidy Burgos, Corporación Justicia y Democracia
El gobierno de Abelardo de la Espriella se posesionó el pasado 7 de agosto. Tres días después, el 10 de agosto, un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, puso a prueba su capacidad de respuesta. Según el último balance disponible de la UNGRD, con corte al 21 de agosto, la emergencia deja 321 personas fallecidas, 4.595 heridas, 257 desaparecidas y 364 rescatadas, mientras 284.185 personas, agrupadas en 146.188 familias, han sido afectadas en 476 municipios de 15 departamentos. La coincidencia de calendarios (una presidencia recién estrenada y una catástrofe natural de gran escala) ha terminado por convertirse en una situación que revela cómo este gobierno entiende su relación con el territorio.
La respuesta del Gobierno plantea interrogantes. Abelardo atribuyó la ocurrencia del sismo a una decisión divina para su primer día de mandato, una lectura que, desplaza la responsabilidad institucional hacia un plano providencial en un momento en que se esperaría capacidad técnica, coordinación interinstitucional y comunicación clara con las comunidades afectadas. El anuncio posterior de un “Plan Marshall” para el Chocó (con referencia directa al programa de reconstrucción de posguerra de Estados Unidos) llega, hasta ahora, sin cifras, sin cronograma y sin acciones claras. A esto se suman actuaciones cuestionables, como las vacaciones del Ministro de Vivienda y las declaraciones del Ministro del Interior, quien desconoció la magnitud de la situación en el departamento del Chocó tras el primer día de la emergencia y afirmó que las viviendas se arreglarían “en dos minutos” con materiales donados.
Los incendios que el Estado también provoca
A la par del sismo, el país enfrenta una temporada de incendios forestales que tensiona aún más la capacidad institucional de respuesta. Hacia mediados de agosto, cerca de 340 municipios permanecían en alerta roja por riesgo de nuevas conflagraciones, encabezados por Cundinamarca (78 municipios), Tolima (46), Nariño (31), Cauca (30), Antioquia y Norte de Santander (23), en un contexto agravado por el fenómeno de El Niño, que el Ideam prevé que se intensifique hacia el último trimestre del año. Las llamas activas y controladas sumaban más miles de hectáreas de cobertura vegetal afectada, con Tolima como el foco más crítico (la Gobernación del departamento reportó pérdidas superiores a las 10.000 hectáreas).
En ese contexto resulta especialmente grave el incendio registrado en la vereda Granizal, en Bello (Antioquia), luego de que el ESMAD lanzara gases lacrimógenos entre la vegetación durante una intervención contra la comunidad, generando fuego junto a instalaciones de la empresa Gases de Antioquia. El episodio ilustra un problema donde buena parte de la vulnerabilidad ambiental del país no depende solo del clima, sino de las decisiones y prácticas en territorios ya afectados por la crisis ambiental.
¿Parques para quién?
Frente a esta emergencia convive una agenda ambiental que empieza a tomar forma tratando a la naturaleza como activo económico. La primera decisión simbólica en esa dirección fue la designación de Sandra Bessudo al frente de Parques Nacionales Naturales, hija de Jean Claude Bessudo, presidente del Grupo Aviatur, empresa que operó durante años concesiones ecoturísticas en Tayrona, Gorgona, Amacayacu y Los Nevados. Aunque esas concesiones ya terminaron, el nombramiento reabre una pregunta estructural para la defensa del territorio: ¿quién controla los negocios dentro de las áreas protegidas, quién captura sus rentas, y qué le queda al Estado, a la conservación y a las comunidades que habitan esos territorios?
La ampliación del turismo a 25 áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales, sin que se conozcan aún salvaguardas claras frente a la mercantilización de ecosistemas estratégicos, es el primer punto que se debería monitorear en los próximos meses.
Quebradona y el retroceso en Santurbán
En paralelo, la Agencia Nacional de Minería prorrogó la etapa de exploración del proyecto Quebradona de AngloGold Ashanti en Jericó y Támesis (Antioquia) hasta diciembre de 2027, en un territorio históricamente movilizado en contra de la megaminería. La ANM fue explícita, la decisión responde al propósito de “fortalecer la articulación con las empresas privadas del sector minero”.
Más grave aún es la denuncia del Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán donde el nuevo ministro de Ambiente habría expedido la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, que anularía la protección que protege esa zona de páramo (fuente hídrica de Bucaramanga y su área metropolitana) frente a la explotación minera de oro. De confirmarse el alcance de esta resolución, se trataría de un retroceso directo sobre una de las conquistas más significativas de la política ambiental reciente en materia de protección de páramos y fuentes de agua.
¿Borrar la Reforma Agraria?
La reforma agraria impulsada durante el gobierno anterior representó un giro frente a las administraciones precedentes, al poner en el centro el acceso y la democratización de la tierra. Hoy, ese giro está en riesgo. Distintos sectores han cuestionado la llegada al actual Ministerio de Agricultura de funcionarios señalados por sus vínculos con intereses terratenientes, entre ellos Indalecio Dangond Baquero, ministro de Agricultura, a quien se ha relacionado con la estructuración de créditos preferenciales para la familia de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y propietario de tierras en el Cesar; y Manuel Alejandro Pretelt, secretario general de la entidad e hijo del exmagistrado Jorge Pretelt, condenado por el caso Fidupetrol.
A esto se suman el borrado de las redes sociales del Ministerio de contenidos correspondientes a cuatro años de gestión institucional y el retiro de material alusivo a la reforma agraria, Palestina y la comunidad LGBTIQ+ de las oficinas de la entidad. Estos cambios no solo modifican la imagen institucional del Ministerio, sino que también abren interrogantes sobre la continuidad de las políticas y prioridades que marcaron el proceso de reforma agraria del gobierno anterior.
Además, con lo documentado por Cambio, el 11 de agosto, un grupo de personas no identificadas (vestidas con perfil de seguridad, con maletas selladas de aerolínea y trato similar al de personal militar) ingresó a los pisos séptimo y octavo del Ministerio de Agricultura, ordenando el desalojo del personal por dos horas bajo el argumento de una “inspección de seguridad” confidencial y verbal. El ministro Indalecio Dangond confirmó el hecho, pero no aclaró la identidad de quienes lo ejecutaron ni el propósito técnico de los equipos utilizados. Trabajadores y el sindicato Asadon han solicitado a la Procuraduría, la Defensoría y la Personería que esclarezcan lo ocurrido, en un ambiente que describen como de “zozobra” y “persecución”. Este tipo de procedimientos opacos sobre una entidad que administra información sensible de ordenamiento social de la propiedad rural exige garantías y transparencia inmediatas.
Retirada en conectividad, avance en extracción
La cancelación de la licitación para llevar fibra óptica a la Amazonía (proyecto que buscaba conectar a cerca de 100.000 hogares en Amazonas y Putumayo) fue justificada por el Ministerio TIC en incertidumbres financieras y riesgos técnicos y ambientales. Aunque no descarta una reformulación futura, la decisión interrumpe, por ahora, un instrumento de reducción de brechas territoriales.
Del otro lado, la apertura al fracking anunciada desde campaña (con instrucciones ya trazadas para la ANH, la ANLA y Ecopetrol) es jurídicamente viable por decreto, pero enfrenta un recorrido real de consulta previa, licencia ambiental y, sobre todo, respuesta social en territorios como Puerto Wilches, donde la resistencia comunitaria ya demostró capacidad de frenar proyectos piloto entre 2022 y 2023. Así que, el cambio de gobierno facilita la reactivación regulatoria, pero no anula la organización territorial que ya acumuló experiencia de resistencia.
Las primeras dos semanas de este gobierno muestran un patrón, con una narrativa de emergencia y reconstrucción que convive con decisiones de minería, parques, tierra y energía que apuntan a una reconfiguración del modelo de relación entre Estado, territorio y capital privado. Por eso hacemos un llamado a:
→ Esclarecer la identidad y propósito del operativo del 11 de agosto y garantizar que no implique vigilancia o persecución a servidores públicos.
→ Garantizar transparencia en las concesiones turísticas y beneficios reales para las comunidades locales.
→ Revisar la Resolución 1037 sobre Santurbán. Dado el rol del páramo como fuente hídrica, esta decisión amerita escrutinio técnico y participación de las comunidades y autoridades ambientales regionales antes de cualquier avance minero.
→ Garantizar la continuidad de los procesos de formalización y acceso a tierras.
→ Asegurar una reconstrucción con cifras, cronogramas, capacidad técnica y participación de las autoridades locales.
→ Fortalecer la prevención y respuesta ante los incendios forestales, con recursos suficientes, coordinación territorial y medidas de protección para las comunidades y ecosistemas afectados.
→ Investigar el incendio de Granizal y establecer responsabilidades por el uso de gases lacrimógenos en un área con vegetación.
→ Condicionar la eventual reactivación del fracking al cumplimiento estricto de los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental, sin atajos administrativos que debiliten la participación de las comunidades étnicas y campesinas de las zonas de interés.
El país no se salva únicamente desde Bogotá, ni se reconstruye únicamente con anuncios presidenciales. Se salva también cuando las comunidades pueden decidir sobre sus territorios, cuando la protección ambiental no queda subordinada al negocio, cuando la reforma agraria no depende del gobierno de turno y cuando una emergencia no sirve para profundizar desigualdades que ya existían.