El nuevo Ministerio de Agricultura comenzó su gestión borrando de sus redes oficiales buena parte de la memoria de los cuatro años anteriores. Entre los contenidos retirados o archivados están publicaciones sobre la reforma agraria impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro. La explicación oficial es que se trata de contenidos de una administración anterior que ya no corresponden a las prioridades del nuevo Gobierno. Pero la reforma agraria no era la campaña de un presidente: era una política pública del Estado colombiano.
Durante cuatro años, las instituciones del sector documentaron la compra y entrega de tierras, la formalización de la propiedad, el acceso de campesinos y campesinas a la tierra, la recuperación de baldíos, los procesos con comunidades étnicas y zonas de reserva campesina y los compromisos derivados del Acuerdo de Paz. Fotografías, documentos, cifras, videos y registros de esa gestión hacen parte de la memoria institucional del Estado, no son propiedad de un gobierno ni de un partido, son información pública que permite a la ciudadanía saber qué hizo el Estado con la tierra y evaluar sus resultados.
Por eso, lo que está ocurriendo no puede reducirse a una simple decisión de archivar publicaciones en redes sociales.
El nuevo Gobierno no está llegando a Agricultura simplemente para administrar lo que encontró, está llegando con otra concepción del campo y de la política de tierras. El ministro Indalecio Dangond ha defendido una agenda basada en la formalización de la propiedad, el crédito, la productividad, la infraestructura y la articulación de los productores con los mercados, siendo una visión distinta a la centralidad que tuvo durante el gobierno Petro la democratización de la propiedad, el campesinado como sujeto de la reforma agraria y la transformación de la estructura rural.
Este cambio también se ve reflejado en los nombramientos. La Agencia Nacional de Tierras, entidad encargada de administrar los procesos de acceso, formalización y ordenamiento de la propiedad rural, quedó en manos de Lina María Garrido, exrepresentante a la Cámara por Arauca y dirigente de Cambio Radical, quien ha expresado públicamente su respaldo a Abelardo de la Espriella y a su proyecto político.
El Banco Agrario, otro instrumento fundamental para definir quién accede al crédito y en qué condiciones, también quedó bajo una nueva conducción política y financiera (bajo el mando de Ana María Rincón). Así, las instituciones que concentran las principales herramientas de la política rural —tierra, crédito, proyectos productivos y administración sectorial— están siendo reorganizadas alrededor de una nueva orientación.
Hay nombramientos que hacen todavía más sensible esta discusión. Manuel Alejandro Pretelt Patrón fue designado secretario general del Ministerio de Agricultura mediante el Decreto 1150 del 10 de agosto. La Secretaría General tiene un papel central en el funcionamiento administrativo de la cartera, incluida la gestión de recursos, contratación y presupuesto.
Su nombramiento ha generado cuestionamientos por su vínculo familiar con el exmagistrado Jorge Pretelt y por los antecedentes judiciales relacionados con tierras de su familia en Urabá. Investigaciones periodísticas han documentado que miembros de la familia Pretelt debieron devolver predios reclamados por campesinos desplazados. Nada de esto permite atribuirle a Manuel Alejandro Pretelt responsabilidad por las actuaciones de sus familiares ni constituye, por sí mismo, una prueba de irregularidad en su nombramiento, pero en un Ministerio que administra la política de tierras, esos antecedentes hacen todavía más necesaria la transparencia sobre las decisiones, los recursos y los intereses que rodean la nueva administración.
Lo que resulta políticamente preocupante es que este cambio de funcionarios y de orientación coincida con el retiro de la memoria pública de la política que se pretende sustituir: primero cambia el relato, después cambian los funcionarios y funcionarias y al mismo tiempo se vuelve menos visible la historia institucional de la política anterior.
No se no está hablando de cualquier política pública, se trata de una estructura de propiedad marcada por décadas de concentración, despojo, desplazamiento y violencia; de comunidades campesinas que perdieron sus tierras, de poblaciones que fueron expulsadas de sus territorios, de organizaciones que durante décadas reclamaron acceso a la propiedad y de un Acuerdo de Paz que convirtió la Reforma Rural Integral en un compromiso del Estado colombiano.