El sismo del pasado lunes (el de mayor magnitud registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI, según el SGC) llegó a un departamento que ya venía con dificultades de conectividad, infraestructura sanitaria limitada, viviendas vulnerables y problemas de acceso a agua. El terremoto no creó esas condiciones, las profundizó. Y detrás de las cifras (14 personas fallecidas, 4 desaparecidas, 139 heridas y 43.178 damnificadas, según la Gobernación del Chocó), hay vidas y familias que no pueden quedar en la indiferencia o los vacíos administrativos.
Lo que ha hecho el Gobierno:
📌El mismo 10 de agosto, el presidente convocó al Comité Nacional para el Manejo de Desastres y puso la emergencia bajo coordinación nacional, con la UNGRD como centro de coordinación desde la Sala de Crisis.
📌Se desplazó a Quibdó horas después, acompañado por los ministros de Defensa y Vivienda y la ministra de Salud.
📌Ayer se firmó el Decreto 150 de 2026, que declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos, incluido Chocó, por 30 días.
📌Anunció ayuda humanitaria, subsidios de arriendo, traslado de personas heridas a Medellín y activación de cooperación internacional (un día después de ocurrida la emergencia).
📌Solicitó a la Fuerza Pública apoyo con ingenieros, rescatistas y unidades caninas.
Lo que todavía no está claro…
Reconocemos la gestión activa y la declaratoria de emergencia. Pero al tercer día, persisten vacíos que no pueden explicarse solo por las limitaciones de conectividad en la región:
📌El propio ministro del Interior manifestó en rueda de prensa no tener información sobre el Chocó. La dificultad de conectividad digital no puede ser la excusa de un Estado que tiene la obligación de disponer de mecanismos alternativos de identificación y comunicación territorial.
📌El presidente ha dicho tener recursos listos para girar, pero no hay claridad sobre montos, fuentes de financiación, criterios de acceso ni plazos. Antes deben terminarse los censos y la caracterización de viviendas: ¿cómo se responde de manera inmediata mientras tanto?
El subsidio de arriendo anunciado plantea una pregunta obligada en una región como esta, con un déficit habitacional estructural: ¿cómo se resuelve el alojamiento en las primeras noches?
Según el alcalde de San José del Palmar, León Marín, no han recibido recursos, el municipio estuvo incomunicado hasta el mediodía de ayer y permaneció sin agua ni electricidad, con al menos 400 viviendas afectadas.
Preocupa que la respuesta administrativa termine centralizada en la Sala de Crisis de la UNGRD en cabeza del propio presidente, en lugar de fortalecer una institucionalidad territorial con capacidad real de ejecución.
El propio Decreto 150 reconoce que en Chocó hay 8.341 personas y 3.393 familias afectadas por 4 eventos, con 14 viviendas y una vía destruidas y una población proyectada por Prosperidad Social de 187.529 personas por atender. La declaratoria de desastre nacional está formalizada. La respuesta específica para Chocó, sin embargo, sigue siendo principalmente de emergencia y anuncios.
📌Información pública y verificable: recursos, responsables, criterios de acceso y plazos concretos para vivienda, salud, agua, educación, conectividad e infraestructura.
📌Acceso inmediato: transporte terrestre y aéreo (incluidos helicópteros, dadas las vías con derrumbes) y una estrategia pública que indique qué comunidades han sido atendidas, cuáles permanecen incomunicadas y qué se está haciendo para llegar a ellas.
📌Fuerza Pública como apoyo: que su rol gire en torno a labores humanitarias, de ingeniería y rescate, y que esto no derive en una forma de militarización del territorio.
📌Enfoque diferencial y participativo: que reconozca la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes que habitan el territorio, con su participación efectiva en la respuesta.
📌Un plan de reconstrucción integral, más allá de la emergencia inmediata, que defina qué ocurrirá con vivienda, infraestructura sanitaria, servicios públicos y conectividad una vez superada la fase de crisis.
No se trata de negar la solidaridad ni la gestión emprendida. Se trata de que la solidaridad se traduzca en acciones concretas y sostenidas en el tiempo, bajo la garantía de derechos. Chocó no necesita solo anuncios, necesita que no se repita, una vez más, la historia de un Estado que llega tarde y se va rápido.