La poca información disponible sobre la emergencia en Chocó no puede explicarse únicamente por las dificultades de conexión que puedan existir hoy; también debería llevarnos a preguntarnos por las condiciones históricas que hacen que algunos territorios tengan menos infraestructura, recursos, comunicaciones y capacidad institucional para responder —y para hacer visible lo que ocurre— durante una emergencia.
Saber rápidamente qué pasó requiere mucho más que una señal de internet: requiere vías, telecomunicaciones, medios locales, servicios de salud, instituciones con capacidad de despliegue y comunidades con canales efectivos para comunicar sus necesidades. Las mismas desigualdades que dificultan el acceso cotidiano a derechos pueden limitar la capacidad de respuesta cuando ocurre un desastre.
La amenaza sísmica tiene un origen geológico, la vulnerabilidad, en cambio, también tiene una historia.
En Colombia, las desigualdades territoriales están relacionadas con procesos históricos de exclusión racial, económica y territorial, las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan el Chocó han enfrentado barreras persistentes para acceder a infraestructura, servicios y protección estatal y esto importa frente a una emergencia porque la capacidad de resistir, evacuar, recibir atención y reconstruir tampoco está distribuida de manera uniforme.
La dimensión de esa vulnerabilidad puede observarse en otras emergencias: según Naciones Unidas, en 2025 Chocó registró 5.069 víctimas de desplazamiento y 38.356 de confinamiento, cifras que muestran la magnitud de las restricciones que ya enfrentan muchas comunidades del departamento para movilizarse y acceder a bienes y servicios, por otro lado, la Defensoría del Pueblo también identificó a Chocó como el departamento con mayor número de personas confinadas en su balance de 2025.
Esto permite entender por qué hablar de desastres de clase no es una exageración. El terremoto puede afectar a todas las personas, pero no todas tienen las mismas condiciones para enfrentarlo. Una persona con vivienda segura, recursos económicos, transporte, comunicaciones y acceso oportuno a servicios tiene mayores posibilidades de protegerse y recuperarse que quien vive en condiciones precarias y en un territorio aislado.
Además, la desigualdad también puede determinar qué personas logran ser escuchadas a tiempo.
La información forma parte de la capacidad de respuesta, tener comunicaciones, medios locales, instituciones presentes y mecanismos para producir balances permite que una emergencia sea conocida, atendida y priorizada. Por eso, los territorios con mayores dificultades para responder pueden ser también aquellos sobre los que sabemos menos.
San José del Palmar, municipio en cuyas inmediaciones se ubicó el epicentro, es quizás el ejemplo más evidente. Mientras ya circulan balances con decenas de víctimas, viviendas afectadas y edificios colapsados en ciudades como Pereira, Cali y Manizales, sobre San José del Palmar la información disponible sigue siendo fragmentaria. Hay reportes ciudadanos sobre problemas de comunicación y posibles derrumbes en las vías de acceso, pero todavía no existe un balance público suficientemente detallado que permita saber con claridad cuántas personas están afectadas, cuántas viviendas resultaron dañadas o qué comunidades permanecen incomunicadas.
Esta diferencia de información no demuestra por sí sola una discriminación deliberada, pero sí revela una desigual capacidad territorial para producir, transmitir y recibir información durante una emergencia. Las grandes ciudades cuentan con mayor presencia de medios, infraestructura de comunicaciones, instituciones, hospitales, equipos de rescate y vías de acceso; un municipio pequeño, rural y apartado como San José del Palmar depende mucho más de que esas capacidades lleguen hasta allí.
Y ese debería ser uno de los motivos de preocupación frente al terremoto ocurrido en Colombia: que todavía resulte difícil saber con suficiente rapidez qué ocurre en municipios cercanos al epicentro no solo habla de la información que falta; habla también de las condiciones que hacen tan difícil obtenerla.
Chocó no necesita ser reducido nuevamente a una historia de abandono ni aparecer ante el país únicamente como un territorio vulnerable, necesita infraestructura, recursos, comunicaciones y presencia institucional que permitan a sus comunidades ejercer plenamente sus derechos, también durante una emergencia.
Los terremotos no tienen clase social ni raza, pero la vulnerabilidad sí puede tenerlas y cuando llega el desastre, esas desigualdades pueden decidir quién está protegido, quién recibe ayuda primero y quién logra ser visto.