Por: Karen Carrillo, Corporación Justicia y Democracia
El 20 de julio, durante la instalación del Congreso, el presidente electo anunció que su gobierno evaluará una nueva estrategia para enfrentar los cultivos de uso ilícito: la fumigación aérea mediante drones equipados con un bioherbicida.
En su intervención sostuvo que la intención es reemplazar las tecnologías del pasado por herramientas “más precisas” y “menos lesivas para el ambiente”, planteando que esta alternativa permitiría intervenir los cultivos ilícitos con menores impactos que la aspersión con glifosato.
Pero… ¿Realmente estamos frente a una política diferente o simplemente ante una versión más sofisticada de una estrategia que Colombia ya probó y que no resolvió el problema?
Durante más de veinte años, Colombia apostó por la aspersión aérea y la erradicación forzada como uno de los ejes de su política antidrogas. Bajo el Plan Colombia se destinaron más de 10.000 millones de dólares, la mayor parte orientados a componentes militares y de seguridad, y entre finales de los años noventa y 2015 fueron asperjadas más de 1,7 millones de hectáreas de cultivos de coca, pero los resultados son ampliamente conocidos: los cultivos no desaparecieron, se desplazaron geográficamente, se fragmentaron, se mezclaron con otros cultivos y reaparecieron en nuevas regiones.
Incluso en años en los que se erradicaron más de cien mil hectáreas de manera forzada, la superficie sembrada volvió a incrementarse posteriormente, lo que evidencia que el problema nunca fue exclusivamente la forma de fumigar, fue asumir que los cultivos eran la causa del narcotráfico y no una de sus consecuencias.
Mientras persistan la pobreza rural, la ausencia de vías, la concentración de la tierra, la falta de mercados legales y la presencia de organizaciones criminales que controlan la cadena de valor de la coca, eliminar una hectárea solo significa que otra aparecerá en un lugar distinto, por eso preocupa que el debate vuelva a centrarse exclusivamente en la herramienta tecnológica.
Es cierto que los drones permiten aplicaciones más focalizadas y reducen algunos problemas asociados a la deriva del producto, pero la precisión operacional no convierte automáticamente una política en una política eficaz ni legítima y por supuesto, un bioherbicida tampoco elimina las incertidumbres, que un producto tenga origen biológico no significa que sea inocuo para los ecosistemas, los microorganismos del suelo, las fuentes hídricas o la salud humana, cada compuesto requiere estudios independientes, evaluación de riesgos y evidencia robusta sobre sus efectos acumulativos y de largo plazo y precisamente ahí aparece uno de los principales obstáculos para cualquier intento de reanudar la aspersión aérea (algo que debería tener presente el presidente electo).
La Corte Constitucional nunca prohibió de manera definitiva la fumigación, pero sí estableció, en la Sentencia T-236 de 2017, un conjunto de condiciones particularmente estrictas para proteger los derechos fundamentales de las comunidades. Antes de cualquier reanudación, el Estado tendría que demostrar, mediante evidencia científica independiente, que la estrategia no representa riesgos inaceptables para la salud ni para el ambiente; obtener la correspondiente evaluación ambiental; garantizar procesos efectivos de consulta y participación cuando existan comunidades potencialmente afectadas; crear un sistema de vigilancia epidemiológica; establecer mecanismos independientes para recibir quejas y suspender las operaciones cuando existan afectaciones, y obtener la autorización del Consejo Nacional de Estupefacientes.
Son condiciones constitucionales construidas precisamente porque la experiencia anterior dejó un amplio registro de controversias ambientales, sociales y sanitarias, sin embargo, es importante señalar que la aspersión, sea con glifosato o con un bioherbicida aplicado por drones, sigue concentrando la acción estatal sobre el eslabón más débil de toda la economía del narcotráfico: las familias campesinas que cultivan coca.
Las organizaciones criminales que financian el procesamiento controlan las rutas internacionales, administran el lavado de activos y obtienen las mayores ganancias permanecen relativamente intactas cuando la política se concentra en destruir cultivos, en otras palabras, se castiga la parte menos rentable y más vulnerable de la cadena mientras las estructuras que capturan la mayor parte de las rentas ilegales encuentran mecanismos para adaptarse.
La historia reciente demuestra que la erradicación sin alternativas económicas sostenibles genera desplazamientos del cultivo, conflictos sociales y nuevas formas de adaptación del mercado ilegal, pero difícilmente transforma las condiciones que hacen posible la expansión de la coca.
Por ello, la verdadera innovación no consiste en cambiar la aeronave, consiste en abandonar la idea de que el problema puede resolverse exclusivamente desde la erradicación. Si Colombia quiere reducir de manera sostenible los cultivos de uso ilícito, el debate debería centrarse en la implementación efectiva de programas de sustitución voluntaria, desarrollo rural integral, formalización de la propiedad, infraestructura, acceso a mercados legales y fortalecimiento de la presencia institucional en los territorios históricamente abandonados.
Los drones pueden ser nuevos y los bioherbicidas también, pero si la política sigue descansando sobre la misma lógica de hace veinte años, el país corre el riesgo de obtener exactamente el mismo resultado: una estrategia más sofisticada para administrar un fracaso ya conocido.