El asesinato de Joan Sebastián Guerrero, un joven bumangués de 26 años, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Maine, no es solo un hecho que merece todo el rechazo, es una alerta sobre los riesgos que enfrentan las personas migrantes cuando las políticas de control migratorio privilegian la fuerza sobre la protección de la vida y los derechos humanos.
El padre del joven afirmó que Joan Sebastián contaba con permiso de trabajo, pero incluso si no hubiera tenido un estatus migratorio regular, ninguna circunstancia justificaría el uso arbitrario o desproporcionado de la fuerza y mucho menos, su asesinato. A ello se suma la declaración de la congresista Chellie Pingree, quien señaló que “la persona a la que disparó el agente del ICE no era la persona que tenían la orden de detener”, si ello se confirma, el caso exige una investigación rigurosa sobre la actuación de las autoridades y sobre los protocolos empleados en este operativo.
Migrar no es un privilegio: es un derecho reconocido por el derecho internacional, y ninguna política migratoria puede desconocer la dignidad humana. En ese contexto, preocupan las declaraciones de dirigentes políticos que presentan la migración como una amenaza y promueven estrategias centradas en la persecución y la contención, en lugar de la protección de derechos. También inquieta el anuncio del secretario de Estado Marco Rubio de trabajar de manera cercana con la administración de Abelardo de la Espriella para combatir la denominada “inmigración ilegal”, pues este tipo de enfoques puede profundizar políticas de securitización que ya han demostrado tener graves consecuencias.
Desde la Corporación Justicia y Democracia cuestionamos la lógica de la “paz mediante la fuerza” y la participación de Colombia en iniciativas como el Escudo de las Américas cuando estas pueden contribuir a consolidar estrategias de militarización y contención migratoria. Los países del sur no pueden seguir asumiendo el costo humano de políticas que desplazan la protección de los derechos por la expansión de dispositivos de control y seguridad.
Urge que se adelante una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre la muerte de Joan Sebastián Guerrero, ninguna política migratoria puede construirse sobre la deshumanización de quienes migran, defender la vida y la dignidad de las personas migrantes debe estar por encima de cualquier estrategia de control fronterizo.