Por: Karen Carrillo, Corporación Justicia y Democracia
Uno de los principales argumentos de los actores políticos que se oponen al Acuerdo de Escazú ha sido que éste supone una cesión de soberanía. Sin embargo, el texto del tratado no crea un tribunal supranacional ni atribuye a organismos internacionales la facultad de sustituir las decisiones de las autoridades colombianas sobre el uso del territorio o el otorgamiento de licencias ambientales.
El Acuerdo de Escazú busca fortalecer tres pilares de cualquier democracia constitucional: el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en las decisiones que afectan el territorio y el acceso a la justicia frente a conflictos socioambientales. Además, reconoce la obligación de los Estados de generar condiciones seguras para quienes defienden el ambiente.
Colombia lidera las estadísticas mundiales de asesinatos de personas defensoras de la tierra y el territorio. Solo entre 2012 y 2023, la organización Global Witness documentó 461 homicidios, la cifra más alta registrada en el mundo para ese período. Tan solo en 2023 fueron asesinadas 79 personas defensoras, un récord histórico para un solo país en un solo año.
Las personas asesinadas han sido liderazgos indígenas, campesinos, afrodescendientes y comunitarios que se opusieron a la minería ilegal, a la deforestación, al acaparamiento de tierras, a los cultivos ilícitos o a economías criminales que encuentran en la violencia el mecanismo para imponer su control.
En ese contexto, afirmar que Escazú es un obstáculo para el desarrollo resulta profundamente equivocado: ningún país puede hablar seriamente de “desarrollo” cuando quienes protegen los bosques, las fuentes hídricas y los territorios deben elegir entre guardar silencio o arriesgar su vida. Además, el verdadero desarrollo no consiste en eliminar las garantías ambientales para acelerar proyectos económicos; consiste en construir reglas claras, instituciones confiables y comunidades capaces de participar sin miedo en las decisiones que afectan su futuro.
Quienes califican a Escazú como una amenaza para la soberanía rara vez se preguntan qué significa la pérdida efectiva de soberanía que producen las economías ilegales. Allí donde mandan los grupos armados, donde la minería criminal destruye ríos o donde la deforestación avanza mediante la intimidación y el asesinato, el Estado ya ha cedido el control del territorio y esa sí es una renuncia real a la soberanía.
Si bien, aunque el Acuerdo de Escazú no resolverá por sí solo la violencia contra este tipo de liderazgos, sí ofrece herramientas para fortalecer la transparencia, la participación, la protección de quienes defienden la tierra y el territorio y la rendición de cuentas de las autoridades, por eso, rechazarlo equivale a renunciar voluntariamente a instrumentos que buscan enfrentar una de las expresiones más graves de la violencia.
La soberanía no se pierde cuando la ciudadanía participa, se pierde cuando el miedo reemplaza al Estado y las balas silencian a quienes protegen la vida, los ecosistemas, el medio ambiente y los territorios.