La paz mediante la fuerza: el nuevo lenguaje del poder en las Américas *A propósito de la entrada de Colombia al Escudo de las Américas 

Por: Heidy Burgos, Corporación Jutsicia y Democracia

Hay un escenario de reconfiguración del orden hemisférico en el que el ascenso de las derechas se sostiene, cada vez con menor disimulo, en el uso de la fuerza como principio organizador. Esta dinámica no solo amenaza la garantía de derechos, sino que la reconstituye desde una lógica de excepcionalidad permanente, por medio de una doctrina de seguridad que crea enemigos permanentemente. Con esto, entre el 2 de septiembre de 2025 y el 5 de mayo de 2026, la administración de Donald Trump destruyó 58 embarcaciones en aguas del Pacífico y el Caribe (CLIP, 2026), una cifra que revela la ausencia de debido proceso y pone en evidencia una lógica colonial que desafía el Derecho Internacional Humanitario (DIH). 

Este patrón de excepcionalidad no opera en abstracto, se articula con actores políticos concretos. Tras la elección de Abelardo de la Espriella, Marco Rubio afirmó: “The Trump Administration looks forward to working closely with your incoming administration to advance regional security cooperation, end illegal immigration to the United States, and strengthen our economic ties” (“La Administración Trump espera trabajar de cerca con su próxima administración para avanzar en la cooperación de seguridad regional, terminar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos”). Bernie Moreno fue más directo: “Coming to America is a privilege, not a right” (“Venir a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”). Trump celebró sin matices: “He won, big” (“Él ganó, grande”). 

Estos discursos se materializan en el Escudo de las Américas, coalición liderada por Estados Unidos y presentada oficialmente el 7 de marzo de 2026 en Florida, cuya declaración fundacional consagra explícitamente el principio de “paz mediante la fuerza”. La coordinación se ejecuta a través del Comando Sur y contempla intercambio de inteligencia, operaciones conjuntas y fortalecimiento militar. El 23 de junio, tras conocerse los resultados del preconteo, el secretario de Guerra Pete Hegseth escribió en su cuenta de X: “Congratulations President-Elect @ABDELAESPRIELLA ‘El Tigre’ on your historic victory in Colombia. We invite your incoming administration to work with the Department of War and the Americas Counter Cartel Coalition (A3C) to reinvigorate the military alliance between our two countries…” (“Felicitaciones al presidente electo @ABDELAESPRIELLA ‘El Tigre’ por su histórica victoria en Colombia. Invitamos a su administración entrante a trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C) para reimpulsar la alianza militar entre nuestros dos países…”). De la Espriella respondió: “Gracias Señor Secretario. A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas. Colombia NO será más gobernado por un gobierno complaciente con el narco terrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde”  

El ingreso de Colombia no es un hecho únicamente técnico de cooperación en seguridad, es la validación de un modelo que no garantiza la vida, como las 58 ejecuciones extrajudiciales documentadas por el CLIP en altamar, sin proceso judicial previo. Que Colombia se adhiera después de conocida esa cifra, y no antes, sugiere que el criterio de ingreso no fue la evaluación de riesgos, sino la afinidad del presidente electo con la doctrina de “paz mediante la fuerza”. Este giro discursivo (de la seguridad como garantía de derechos a la seguridad como ejercicio de fuerza) tiene una genealogía identificable en el modelo militar-israelí que se ofrece como referente a gobiernos que conciben la diferencia como amenaza a contener o eliminar y normaliza la militarización de la vida civil como respuesta legítima al disenso. 

Así, la externalización de la frontera migratoria convierte a los territorios del sur (y particularmente a las regiones de frontera y a pueblos y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que las habitan) en muros invisibles que absorben el costo humano y político de la contención migratoria estadounidense. Simultáneamente, el fortalecimiento de “lazos económicos” anunciado por Rubio suele traducirse en el debilitamiento de las consultas previas, la criminalización de la defensa del territorio y la desprotección ambiental. De modo que cooperación económica y cooperación de seguridad no son ejes separados, sino dos caras de un mismo proyecto autoritario en los territorios.  

Además, Colombia no formó parte de la firma original de la Declaración Conjunta de marzo de este año (junto a Brasil y México, ausentes también de la cumbre inaugural). Este dato no es menor, la incorporación tardía y condicionada a la elección de Abelardo confirma que el Escudo de las Américas no opera como un mecanismo abierto a todos los Estados, sino como una arquitectura de alineamiento selectivo con élites afines.  

Conviene preguntarse qué tipo de seguridad se construye cuando el eje central es la “paz mediante la fuerza” y qué clase de desarrollo se promete cuando el territorio se convierte en la moneda de cambio de esa alianza. La historia de América Latina ya conoce estos relatos de doctrinas de seguridad que, bajo la promesa de erradicar amenazas, terminan en militarización de la vida civil, criminalización de la protesta social y debilitamiento de procesos de justicia transicional. Leer la actual coyuntura exige hacerlo desde la memoria y desde el derecho a permanecer, a disentir y a existir con garantías, antes que como piezas de una arquitectura de seguridad diseñada en otro lugar.