Cada año, el 26 de junio es una disputa por el sentido: mientras algunos gobiernos aprovechan la fecha para exhibir sus resultados en la llamada “guerra contra las drogas”, la campaña global Support. Don’t Punish (Apoye. No Castigue), presente desde 2013 en cientos de ciudades del mundo, recuerda que detrás de cada política punitiva existen personas, comunidades y territorios que cargan con sus costos.
En Colombia, las cifras muestran el fracaso de ese paradigma, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre 2012 y 2022 se erradicaron más de 843.000 hectáreas de cultivos de coca. Sin embargo, durante ese mismo periodo los cultivos aumentaron un 327 %, así, la estrategia de la “guerra contra las drogas” no debilitó el mercado ilegal, pero sí profundizó la exclusión de comunidades rurales, criminalizó a personas y militarizó territorios donde la presencia estatal ha sido históricamente insuficiente, precaria o limitada a la fuerza pública.
Aunque la Política Nacional de Drogas 2023-2033 reconoció ese fracaso e incorporó un enfoque de derechos humanos, salud pública y desarrollo territorial, el desafío sigue siendo convertir ese diagnóstico en transformaciones reales. El contexto político genera preocupación: un gobierno saliente, el endurecimiento de la política antidrogas impulsada por la administración Trump —que incluso ha escalado hacia operaciones militares en el Pacífico y el Caribe— y un presidente electo que propone retomar la aspersión aérea y fortalecer la erradicación forzada reducen el margen para consolidar un modelo distinto.
Criminalizar a las personas consumidoras, a las familias campesinas o a quienes habitan territorios históricamente estigmatizados ha sido una respuesta mucho más frecuente que enfrentar las condiciones estructurales que sostienen las economías ilegales y las múltiples formas de exclusión.
Como advirtió Hannah Arendt, uno de los mayores riesgos políticos aparece cuando dejamos de ver personas y empezamos a ver categorías. El “consumidor”, el “campesino cocalero” o el “habitante de una zona roja” dejan de ser sujetos de derechos para convertirse en objetos de control, vigilancia o erradicación. Esa deshumanización es la base sobre la que se legitiman políticas que priorizan la sanción sobre la protección de la vida.
La evidencia demuestra que existen alternativas: la evaluación internacional de la campaña Support. Don’t Punish muestra que el 73 % de sus organizaciones participantes reportan haber contribuido a cambios en políticas públicas y cerca del 80 % afirman haber logrado transformaciones en la percepción social sobre el consumo de drogas y las respuestas estatales, estos resultados evidencian que el trabajo comunitario, la incidencia política y la organización social sí producen cambios culturales e institucionales.
En el fondo, el debate sobre las drogas es también un debate sobre ciudadanía y derechos, castigar a una persona por consumir no modifica las causas estructurales que explican el consumo problemático ni reduce las desigualdades que lo atraviesan. La prevención, la atención integral y la reducción de daños no representan permisividad; representan una respuesta más eficaz, más humana y basada en evidencia.
Apoyar y no castigar significa reconocer que una política pública seria no se pregunta únicamente cómo sancionar, sino cómo proteger la vida, reducir los daños y ampliar las oportunidades para quienes históricamente han sido tratados como un problema y no como ciudadanos con derechos.