por: Vanessa Ramírez, Corporación Justicia y Democracia
Cada que se habla de las 7.837 víctimas de falsos positivos documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), alguien responde con los 18.677 niños niñas y adolescentes (NNA) reclutados por las FARC. Y cuando se denuncian los secuestros o el reclutamiento forzado, aparece quien intenta relativizar esos crímenes recordando las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado.
Así, la discusión pública dejó de girar alrededor de las víctimas y empezó a funcionar como una competencia con una intención política clara, impedir que la sociedad colombiana construya una memoria completa del conflicto armado interno basada en la verdad y en la búsqueda de garantías de no repetición. Esto ha pasado bajo una lógica que pareciera simple, pero es sumamente peligrosa, –si el otro actor armado también cometió atrocidades, entonces mi sector político queda absuelto-. Así, las personas asesinadas, que han sido víctimas del conflicto armado interno, se convierten en munición electoral, resultando atrapadas en una guerra discursiva donde su sufrimiento vale únicamente si sirve para atacar al adversario ideológico.
Las cifras no se anulan entre sí, coexisten, y precisamente porque coexisten, revelan el grado de degradación al que llegó la violencia en Colombia. Los falsos positivos representan una de las expresiones más graves de la militarización del Estado: juventudes empobrecidas, campesinos y habitantes de barrios populares fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate para mostrar resultados operacionales y no, no fueron “errores aislados”; fueron prácticas sistemáticas incentivadas por una lógica de guerra donde el cuerpo del enemigo se convirtió en indicador de éxito militar.
Por otro lado, el reclutamiento forzado y los secuestros cometidos por la guerrilla también constituyen crímenes atroces que marcaron a generaciones enteras: miles de NNA fueron arrancados de sus familias y convertidos en instrumentos de guerra, les arrebataron su infancia y su vida para ponerla a disposición de la violencia armada y por supuesto, negar esas realidades o minimizarlas es igualmente cruel.
Esta instrumentalización de las víctimas en época electoral prepara el terreno para legitimar nuevamente políticas de guerra, al ser ejecuciones extrajudiciales relativizadas porque “la guerrilla hizo cosas peores”, se abre la puerta para normalizar abusos estatales en nombre de la seguridad, por eso, cuando los crímenes de las guerrillas son usados únicamente para negar cualquier posibilidad de paz, se fortalece la idea de que el conflicto solo puede resolverse mediante la fuerza militar.
Es sumamente peligroso que democracia colombiana se sostenga de la selección arbitraria de víctimas legitimas, como si unas vidas valieran más que las otras, como país, deberíamos ser capaces de reconocer el dolor causado por el Estado, las guerrillas y otros actores armados, sin convertir esa verdad en una disputa partidista.
Todo tipo de violencia debería indignarnos, Colombia no puede volver a usar a las víctimas para justificar gobiernos violentos.