Por: Heidy Burgos, Corporación Justicia y Democracia
A días de las elecciones, el debate sobre el fracking volvió a aparecer en redes. El fracking (o fracturamiento hidráulico) es una técnica utilizada para extraer gas y petróleo en yacimientos no convencionales mediante la inyección de agua, arena y químicos a alta presión para fracturar formaciones rocosas. Pero esta discusión no es solo técnica, también es una discusión sobre el territorio.
Cuando algunas candidaturas hablan de “explotar la tierra a lo que dé”, no hablan solo de economía, hablan de poder, del poder de intervenir territorios, expandir la extracción de gas, petróleo y carbón, y poner en riesgo ecosistemas y fuentes de agua de las que dependen pueblos y comunidades, pero también millones de vidas más allá de esos territorios. Como si debajo de la tierra solo existieran recursos, y no memorias ni formas de vida.
El subsuelo no está vacío, late y sostiene ríos cultivos, animales, saberes y comunidades enteras cuya existencia depende del equilibrio entre agua, tierra y vida. La fractura hidráulica amenaza precisamente eso, rompe capas de la tierra mientras también fractura relaciones sociales, modos de habitar y derechos colectivos.
Y entonces ¿Quién puede decidir qué territorios son sacrificables? ¿Quién asume el riesgo y quién recibe la ganancia? Porque casi nunca son los mismos cuerpos los que toman la decisión y los que beben el agua contaminada.
En un país atravesado por el conflicto armado y el despojo territorial, insistir en modelos extractivos sin consulta previa real y vinculante reproduce una vieja lógica colonial, al considerar ciertos territorios como zonas disponibles para la explotación y ciertas comunidades como obstáculos para lo que llaman desarrollo.
Por eso preocupa escuchar discursos que reducen la defensa ambiental a un “extremismo”, o que prometen ampliar el fracking bajo la idea de una supuesta responsabilidad ambiental. La historia ha mostrado que las fronteras extractivas suelen avanzar primero sobre lugares históricamente empobrecidos, militarizados o marginados políticamente, allí donde el Estado muchas veces llega tarde para garantizar derechos, suele llegar rápido para proteger proyectos estratégicos.
También es necesario escuchar otras voces que hablan de diálogo, de justicia climática y de la necesidad de poner en el centro a los pueblos y comunidades. Porque el llamado “justo medio” no puede construirse ignorando los derechos territoriales ni reduciendo la naturaleza a una mercancía.
La discusión sobre el fracking no trata solamente de energía, trata de democracia, de participación, de dignidad y especialmente, del derecho de las comunidades a decidir sobre el presente y el futuro de los territorios que habitan.
Este 31, votar también es decidir si la tierra será tratada como un recurso o como un lugar para la vida.