¿Debería Colombia seguir con la fallida guerra contra las drogas? Radiografía de las candidaturas presidenciales en Colombia 2026

Por: Karen Carrillo, Corporación Justicia y Democracia

La política de drogas en Colombia ha atravesado una transformación significativa durante las últimas décadas, el enfoque tradicional, basado en la prohibición, la militarización y la erradicación forzada, ha sido cuestionado por sus impactos en materia de derechos humanos, salud pública, ambiente y afectaciones a comunidades campesinas, afrodescencientes e indígenas. En este contexto, las candidaturas presidenciales han propuesto modelos divergentes para abordar el fenómeno de las drogas, revelando profundas diferencias ideológicas sobre el papel del Estado, la seguridad, el consumo y los derechos humanos.

Las posiciones de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo permiten identificar tres grandes corrientes dentro del debate colombiano: una perspectiva de regulación y derechos humanos; una visión prohibicionista centrada en seguridad y control y un enfoque intermedio que combina salud pública, prevención y reformas graduales.

Dosis mínima

Uno de los principales puntos de disputa es la dosis mínima y el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas. Desde la Sentencia C-221 de 1994 de la Corte Constitucional, Colombia reconoce el porte de dosis mínima como una expresión del libre desarrollo de la personalidad, sin embargo, este reconocimiento ha sido objeto de tensiones políticas constantes.

Iván Cepeda se ha ubicado en una postura favorable a la descriminalización del consumo y a la protección de la dosis mínima como un derecho individual, su posición se inscribe en un enfoque de salud pública y derechos humanos que entiende a las personas usuarias como sujetos de protección estatal y no como delincuentes. Desde esta perspectiva, la criminalización del porte favorece prácticas de discriminación, abuso policial y persecución selectiva contra jóvenes y sectores populares.

En contraste, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella han defendido políticas más restrictivas frente al consumo: Valencia respaldó medidas impulsadas durante el gobierno de Iván Duque para fortalecer el decomiso policial de sustancias incluso en cantidades asociadas a dosis personal, argumentando que el consumo en espacios públicos afecta la seguridad y la convivencia ciudadana; De la Espriella, aunque con menos desarrollo programático específico, ha mantenido un discurso de “mano dura” que privilegia el fortalecimiento del control policial y penal frente a las drogas.

Por su parte, Claudia López y Sergio Fajardo han sostenido posiciones intermedias. López ha defendido enfoques de reducción de riesgos daños y atención integral a personas usuarias de drogas, especialmente desde una perspectiva de salud pública urbana. Fajardo, en cambio, ha enfatizado la prevención y la educación, proponiendo una aproximación menos represiva, aunque sin respaldar de manera explícita modelos amplios de regulación legal.

Estas diferencias reflejan un debate más amplio sobre el papel del Estado frente al consumo: mientras algunos sectores priorizan la seguridad y el control social, otros consideran que la criminalización profundiza violaciones de derechos humanos y obstaculiza políticas efectivas de salud pública.

Hoja de coca y derechos de los pueblos originarios

Otro eje fundamental del debate es la distinción entre la hoja de coca como planta ancestral y la cocaína como producto ilícito. Diversos pueblos indígenas han defendido históricamente el uso cultural, medicinal y espiritual de la coca, cuestionando políticas que equiparan automáticamente la planta con el narcotráfico.

Iván Cepeda ha sido uno de los actores más cercanos a propuestas de regulación diferenciada de la hoja de coca, reconociendo los derechos culturales y territoriales de comunidades indígenas y campesinas, este enfoque busca separar la economía ilícita de la cocaína de los usos tradicionales de la planta y promover alternativas regulatorias para su aprovechamiento lícito.

En contraste, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella priorizan políticas de erradicación y reducción de cultivos ilícitos, enfatizando la lucha contra el narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional, aunque sus discursos no niegan formalmente los derechos indígenas, tienden a privilegiar estrategias de control territorial y militarización sobre enfoques étnicos o de autonomía cultural.

Claudia López y Sergio Fajardo han mantenido posturas más pragmáticas, reconociendo que el fenómeno cocalero está asociado a condiciones estructurales como pobreza rural, ausencia estatal y economías de supervivencia, las dos candidaturas han defendido estrategias de sustitución voluntaria y desarrollo rural, aunque sin avanzar hacia propuestas explícitas de regulación amplia de la hoja de coca.

Aspersión aérea con glifosato: seguridad versus derechos humanos

La aspersión aérea con glifosato constituye uno de los temas más controversiales de la política antidrogas en Colombia. Diversos estudios y decisiones judiciales han advertido riesgos ambientales, sanitarios y sociales asociados a esta práctica, especialmente sobre comunidades rurales y étnicas.

Iván Cepeda rechaza de manera abierta el uso del glifosato, argumentando que las fumigaciones han producido afectaciones a la salud, daños ambientales y vulneraciones de derechos de comunidades campesinas e indígenas, sin resolver de manera estructural el problema del narcotráfico.

Paloma Valencia, por el contrario, ha sido una de las defensoras más visibles del retorno de las fumigaciones aéreas, su postura parte de la idea de que el narcotráfico representa una amenaza excepcional que requiere medidas contundentes, incluso si implican costos sociales o ambientales significativos. Abelardo de la Espriella comparte una lógica similar de fortalecimiento de estrategias coercitivas y militarizadas.

Claudia López y Sergio Fajardo han mostrado mayor cautela frente al glifosato. Ambos han cuestionado la eficacia de las fumigaciones como estrategia central y han defendido alternativas basadas en presencia estatal, sustitución de cultivos y desarrollo territorial, en particular, estos enfoques consideran que las políticas exclusivamente represivas tienden a desplazar cultivos sin resolver las causas estructurales de la economía cocalera.

Mientras algunos sectores consideran prioritario recuperar control territorial mediante herramientas coercitivas, otros sostienen que estas estrategias profundizan ciclos de violencia, desplazamiento y desconfianza hacia el Estado.

Las elecciones presidenciales de 2026 podrían definir si Colombia continúa profundizando una estrategia antidrogas basada en militarización y control territorial, o si avanza hacia un modelo centrado en regulación, salud pública y derechos humanos.

El regreso de discursos que respaldan el glifosato, la “mano dura” y el endurecimiento policial muestra que la guerra contra las drogas sigue siendo un capital político para sectores conservadores que apelan al miedo, la seguridad y el control social, sin embargo, también crece una corriente que cuestiona abiertamente un modelo que, tras décadas de implementación, no ha logrado reducir de manera estructural el narcotráfico, pero sí ha dejado graves impactos humanitarios, ambientales y territoriales.

Más que una discusión técnica, la política de drogas se convirtió en un termómetro ideológico de la campaña presidencial: regula o castiga, reconoce derechos o militariza territorios, escucha a las comunidades o profundiza la lógica de guerra ¿Y tú qué opinas?