La transición energética no será justa si se impone sobre los territorios

Nicolás Maldonado – Sociólogo del equipo de incidencia política de la corporación Justicia y Democracia

La confirmación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales sobre la desaparición de un glaciar en El Cocuy es la evidencia material de una crisis climática que ya está reconfigurando los territorios. Lo que desaparece no es solo hielo, sino fuentes de agua, equilibrios ecosistémicos y condiciones de vida. En este contexto, la transición energética no puede seguir tratándose como un asunto técnico o financiero; es, ante todo, una disputa política por el territorio.

En Colombia, el sistema eléctrico sigue estructurado sobre una alta dependencia de hidroeléctricas (65–70 %) y fuentes térmicas (25–30 %), mientras las energías renovables no convencionales, aunque en crecimiento (15,6 % en 2026), aún no transforman de fondo la matriz. Esta configuración responde a un modelo histórico de concentración económica y control centralizado de los recursos, donde grandes actores empresariales definen el rumbo energético del país.

El problema aquí no es únicamente qué fuentes energéticas se utilizan, sino cómo se reproduce un modelo que externaliza costos ambientales y sociales hacia los territorios. Tanto los proyectos fósiles como los renovables han generado conflictos socioambientales cuando se imponen sin garantías efectivas de participación. La transición, en ese sentido, corre el riesgo de convertirse en una nueva fase del mismo modelo extractivo, ahora bajo un discurso “verde”.

La desaparición del glaciar de los Cerros de la Plaza delimita con claridad esta contradicción: mientras la crisis climática avanza de manera irreversible, las respuestas estructurales siguen ancladas en una lógica de rentabilidad; así, la transición energética, tal como se está implementando, refleja una tensión no resuelta entre sostenibilidad y acumulación económica, en una economía que continúa dependiendo de la extracción de recursos.

Desde las reformas de los años noventa, el país consolidó un sistema energético orientado al mercado, con alta concentración empresarial y una débil capacidad de decisión territorial. Aunque en años recientes se ha impulsado la diversificación energética y el cumplimiento de compromisos climáticos, estos avances conviven con la expansión de actividades extractivas. Esta dualidad expresa una ambivalencia estructural del modelo de desarrollo.

En los territorios, esta contradicción se traduce en conflictos concretos. Regiones como La Guajira muestran que la expansión energética —ya sea minera, térmica o eólica— puede profundizar desigualdades si no garantiza derechos, comunidades indígenas y rurales han denunciado la ausencia de consulta previa, la afectación a sus medios de vida y la apropiación de sus territorios para proyectos que no redistribuyen sus beneficios.

La evidencia empírica refuerza esta lectura: Colombia ha perdido más del 90 % de su cobertura glaciar, mientras su matriz energética primaria sigue dominada por combustibles fósiles. A esto se suman los riesgos financieros y territoriales de grandes proyectos como Hidroituango, cuyos sobrecostos y retrasos —documentados por El Tiempo— evidencian que el modelo de megaproyectos no solo es ambientalmente cuestionable, sino también económicamente inestable.

Al mismo tiempo, el sector de hidrocarburos muestra algunos límites: la reducción de reservas de gas y el aumento de importaciones confirman una creciente dependencia externa. Frente a ello, la expansión de la frontera extractiva (fracking, offshore) ha encontrado resistencias territoriales legítimas, que no solo cuestionan los impactos ambientales, sino el modelo de desarrollo que los sustenta.

Los impactos socioambientales son estructurales: en zonas como La Guajira y el Cesar, la explotación de carbón ha implicado desplazamientos, afectaciones al acceso al agua y deterioro de la salud pública. Estos costos —frecuentemente invisibilizados en los análisis económicos— recaen de manera desproporcionada sobre comunidades históricamente excluidas.

El crecimiento reciente de las energías renovables tampoco escapa a estas tensiones. Aunque el país ha ampliado significativamente su capacidad instalada en energía solar y eólica, este proceso ha estado acompañado de conflictos territoriales, especialmente en territorios indígenas. Esto demuestra que la transición energética no es, por sí misma, sinónimo de justicia: depende de cómo se implementa y de quién toma las decisiones.

En este sentido, la transición energética debe entenderse como una disputa por el control del territorio, la distribución de los beneficios y la definición del modelo de desarrollo. No se trata solo de cambiar tecnologías, sino de transformar las relaciones de poder que han sostenido el modelo extractivo.

El análisis evidencia que la crisis climática en Colombia es presente y territorialmente diferenciada. La vulnerabilidad del sistema energético, la concentración económica y los impactos socioambientales muestran que la transición, tal como está planteada, reproduce tensiones históricas cuando no incorpora justicia territorial.

Por ello, una transición energética real exige ir más allá de la diversificación tecnológica; implica reconocer a los territorios como sujetos de decisión, garantizar mecanismos vinculantes de participación, respetar la consulta previa y asegurar una distribución equitativa de los beneficios. Sin estos elementos, la transición corre el riesgo de profundizar las desigualdades que dice resolver.

En términos políticos, el desafío consiste en disputar el sentido de la transición energética. Esto implica cuestionar la lógica extractiva, fortalecer la autonomía territorial y reconfigurar la relación entre Estado, mercado y comunidades, la energía no puede seguir siendo un asunto definido exclusivamente por criterios de eficiencia económica; debe responder a principios de justicia social, ambiental y territorial.

Una transición sin justicia territorial no es transición: es continuidad.