Por: Lizeth González, del equipo de incidencia política, Corporación Justicia y Democracia
Resumen ejecutivo
En Colombia, la gestión institucional del agua ha estado históricamente enfocada en fuentes superficiales como ríos, quebradas y embalses, mientras que el agua subterránea ha tenido una menor visibilidad en la planificación y gestión pública. Esta situación ha generado vacíos en información, monitoreo y regulación de los acuíferos, lo que limita una gestión integral del recurso hídrico.
En este contexto, la Resolución 0017 de 2026 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible constituye un avance relevante al proponer lineamientos metodológicos para la identificación de zonas potenciales de recarga de acuíferos. No obstante, su implementación enfrenta desafíos asociados a capacidades institucionales, coordinación territorial y toma de decisiones en materia ambiental. Asimismo, persisten tensiones entre el reconocimiento del agua como bien público y su gestión en escenarios de aprovechamiento económico, lo que plantea retos para garantizar su protección y acceso equitativo.
Introducción
En Colombia, la gestión del recurso hídrico ha priorizado históricamente las fuentes superficiales, debido a su mayor visibilidad, facilidad de medición y relación directa con actividades como el abastecimiento de acueductos, la generación de energía hidroeléctrica y el riego agrícola. En contraste, el agua subterránea ha tenido una menor incorporación en los procesos de planificación territorial y en la gestión institucional.
Esta situación plantea interrogantes sobre las capacidades del Estado para garantizar una gestión integral del recurso hídrico, particularmente en lo relacionado con la protección de los acuíferos. En este sentido, el presente análisis examina los alcances y limitaciones de la Resolución 0017 de 2026, así como los principales retos institucionales, políticos y sociales asociados a la protección del agua subterránea en Colombia.
Contexto y marco analítico
La limitada información sobre el estado, uso y disponibilidad del agua subterránea ha sido documentada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). En el Estudio Nacional del Agua 2022, esta entidad señala que el país aún presenta vacíos significativos en el conocimiento sobre la oferta y demanda de este recurso, lo que dificulta su gestión sostenible.
Aunque la Constitución Política de 1991 reconoce el derecho a un ambiente sano, la garantía efectiva del acceso al agua continúa enfrentando desafíos en su implementación. En particular, el agua subterránea ha estado expuesta a presiones derivadas de actividades productivas como la minería, la explotación de hidrocarburos y ciertos usos agroindustriales, que pueden generar riesgos de contaminación o sobreexplotación si no cuentan con un control adecuado.
Desde una perspectiva de seguridad hídrica, los acuíferos cumplen una función estratégica al actuar como reservas naturales de agua, permitiendo almacenar excedentes en épocas de lluvia y liberarlos gradualmente en periodos de sequía. Por ello, su protección resulta fundamental para reducir la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos y garantizar la disponibilidad del recurso a largo plazo.
Un avance normativo en la protección de los acuíferos
La Resolución 0017 de 2026 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible introduce lineamientos metodológicos para la identificación de zonas potenciales de recarga de acuíferos a nivel nacional. Este instrumento constituye un avance importante en la medida en que fortalece el reconocimiento técnico de estas áreas y proporciona insumos para su incorporación en los procesos de planificación ambiental y territorial.
En particular, la identificación de zonas de recarga podría contribuir a orientar decisiones sobre el uso del suelo, incluyendo la regulación de actividades urbanísticas, extractivas y productivas que puedan afectar la disponibilidad y calidad del agua subterránea. No obstante, el impacto de esta medida dependerá de su adopción efectiva por parte de las entidades territoriales y de su articulación con instrumentos como los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los planes de manejo ambiental.
Retos en la defensa del agua subterránea
A pesar de los avances normativos, la protección del agua subterránea enfrenta diversos desafíos. Por un lado, existen tensiones entre su reconocimiento como bien público y su aprovechamiento económico mediante figuras como las concesiones de agua, lo que puede generar desigualdades en el acceso y uso del recurso si no se cuenta con mecanismos de regulación y control adecuados.
En este sentido, algunos casos han puesto en evidencia cuestionamientos sobre la gestión del recurso hídrico. Por ejemplo, investigaciones periodísticas y denuncias públicas han señalado presuntas irregularidades en el uso de fuentes de agua en el municipio de La Calera por parte de actores privados. Si bien estas situaciones requieren verificación por parte de las autoridades competentes, evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento, control y transparencia en la asignación de concesiones.
De igual forma, se han presentado cuestionamientos sobre el funcionamiento de algunas Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), particularmente en lo relacionado con procesos de toma de decisiones y gobernanza ambiental. Denuncias sobre posibles irregularidades en la conformación de sus órganos directivos sugieren la necesidad de avanzar en el fortalecimiento institucional y en la garantía de criterios técnicos y de transparencia en su gestión.
En el ámbito legislativo, diversos análisis han señalado limitaciones en la priorización de la agenda ambiental. Según el informe El Senado que Colombia necesita vs. el Senado que elegimos, elaborado por CLIMALAB, una proporción significativa de congresistas presenta bajos niveles de compromiso con temas ambientales, de acuerdo con los criterios definidos en dicho estudio. Este panorama plantea retos para la consolidación de marcos normativos orientados a la protección del agua y otros recursos naturales.
Conclusiones y recomendaciones
El análisis evidencia que, si bien la Resolución 0017 de 2026 representa un avance relevante en la protección del agua subterránea, su efectividad dependerá de factores estructurales como la capacidad institucional, la coordinación entre niveles de gobierno y la voluntad política para priorizar la sostenibilidad ambiental.
En este contexto, se proponen las siguientes recomendaciones:
✊🏽Fortalecer los sistemas de información y monitoreo del agua subterránea, con el fin de mejorar la toma de decisiones basada en evidencia.
✊🏽Garantizar la articulación entre la planificación ambiental y territorial, promoviendo la incorporación efectiva de las zonas de recarga en los POT.
✊🏽Reforzar los mecanismos de control y seguimiento a las concesiones de agua, asegurando criterios de sostenibilidad y equidad en su asignación.
✊🏽Promover mayor transparencia y fortalecimiento institucional en las autoridades ambientales, particularmente en las CAR.
✊🏽Impulsar el debate legislativo en torno al reconocimiento y garantía del derecho al agua, así como la protección de los ecosistemas asociados.
En este sentido, la protección del agua subterránea trasciende el ámbito técnico y normativo para inscribirse en el corazón de la defensa de la tierra y el territorio; los acuíferos, aunque invisibles, sostienen la vida, las economías locales y los equilibrios ecológicos que hacen posible la permanencia de las comunidades en sus territorios.
Su conservación implica no solo regular el uso del suelo, sino también cuestionar modelos de desarrollo que priorizan la explotación intensiva de los recursos sobre su sostenibilidad, así, garantizar la protección de las zonas de recarga y el acceso equitativo al agua se convierte en una apuesta por la justicia ambiental, en la que el territorio es entendido no como un espacio de apropiación, sino como un entramado de relaciones sociales, culturales y ambientales que deben ser protegidas de manera integral.
Referencias
Concejo de Bogotá. (2021, marzo 19). Denunciamos penalmente elección de representantes de ONG: Pensar la región metropolitana sin tocar la CAR es poner al lobo a cuidar a las ovejas. https://concejodebogota.gov.co/denunciamos-penalmente-eleccion-de-representantes-de-ong-pensar-la/cbogota/2021-03-19/111341.php
Climalab. (2026). El Senado que Colombia necesita vs. el Senado que elegimos. https://climalab.org/el-senado-que-colombia-necesita-vs-el-senado-que-elegimos/
Coronell, D. (2025). Nuevas irregularidades en concesión de agua de La Calera a Coca-Cola [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=VnJWb4fAhNI
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2022). Estudio Nacional del Agua 2022. https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/informes/publicacion-jue-23032023-1200
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2026). Resolución 0017 de 2026. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-0017-de-2026/