¿Cómo se ve una seguridad que cuide la vida? 

Por: Heidy Burgos, equipo de Comunicación Pública de la Corporación Justicia y Democracia

En Colombia, la seguridad se ha entendido históricamente más como defensa del Estado que como protección de la población. Bajo la doctrina del enemigo interno, el disenso se convirtió en sospecha y la protesta en amenaza. La seguridad se confundió con guerra; el orden, con silencio; la autoridad, con fuerza. 

Así, la seguridad no ha sido solo un conjunto de dispositivos institucionales: es una forma de organizar el poder, de definir qué se considera amenaza y de establecer quién merece protección y quién se trata como riesgo.  

Durante el Paro Nacional de 2021, organizaciones como Temblores e Indepaz registraron 44 homicidios atribuibles a la Fuerza Pública, 1.617 víctimas de violencia física, 2.005 detenciones arbitrarias, 82 lesiones oculares, 28 casos de violencia sexual y 9 víctimas de violencia basada en género. Entre 2022 y 2023, el Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social documentó 656 hechos victimizantes, 321 detenciones arbitrarias y 139 personas heridas. En 2024, Temblores reportó 109 hechos de violencia policial, incluidos 8 casos de violencia homicida y 5 de tortura. 

Estos hechos revelan un patrón estructural vinculado a una forma de entender la seguridad, que está centrada en el control antes que en la garantía de derechos. Reflejando el modelo predominante, estructurado bajo la lógica del enemigo interno. Esto configura una lectura del conflicto y del disenso como amenaza a neutralizar. En términos sociológicos, opera un proceso de securitización: problemas sociales y políticos son traducidos en amenazas de orden público, habilitando respuestas represivas y uso desproporcionado de la fuerza. 

Como advirtió la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el enfoque centrado en identificar y eliminar amenazas invisibilizó las condiciones estructurales que sostienen la inseguridad y exacerbó la violencia institucional con desigualdad, precariedad económica y exclusión territorial. 

Cuando la seguridad se construye desde la lógica de combate, produce más miedo que protección. 

Una seguridad que cuide la vida no niega la necesidad de instituciones. La redefine. Supone transitar de un modelo de seguridad basado en la eliminación del enemigo, hacia uno con enfoque en seguridad humana cuyo eje sea la persona y su dignidad, no el aparato estatal. Implica reconocer que la inseguridad no se reduce a la violencia directa, sino que también incluye la violencia estructural: pobreza, hambre, discriminación y falta de acceso a servicios. 

Se ve así: 

✊ Menos armas en la calle y más garantías sociales. El hambre, el desempleo, la precariedad y la desigualdad no se resuelven con bolillo ni con gas. La seguridad no puede reducirse a presencia armada, debe garantizar condiciones materiales de existencia. 

✊ Más diálogo y menos estigmatización. Abandonar la lógica amigo-enemigo implica reconocer que la protesta social es un derecho, no una amenaza.  

✊ Más controles y menos impunidad. En un Estado Social de Derecho, la Policía Nacional debe pasar por un control civil efectivo, rendición de cuentas y estándares estrictos de uso proporcional de la fuerza. La impunidad erosiona la legitimidad institucional y profundiza la desconfianza. 

✊ Más dignidad y menos miedo. La seguridad que cuida la vida protege la integridad física, pero también la libertad de expresión, la participación y la posibilidad de habitar el espacio público sin temor. 

En el marco del 24F, la discusión no puede limitarse a si la sociedad necesita seguridad, sino a qué modelo de seguridad estamos dispuestas a sostener, a quiénes protege y a quiénes históricamente ha dejado en mayor exposición. Cuidar la vida exige reconfigurar la relación entre la Fuerza Pública y las comunidades, transitando del control a la corresponsabilidad, de la lógica del enemigo al reconocimiento del otro como sujeto colectivo de derechos. 

Desde la Corporación Justicia y Democracia sostenemos la urgencia de una transformación doctrinal, institucional y normativa en la Policía Nacional que remueva la lógica del enemigo interno, garantice supervisión civil efectiva y rendición de cuentas, y sitúe la protección de la vida y los derechos humanos en el centro de la agenda pública. 

Fuentes