Paz, derechos humanos y seguridad:
El informe, resultado de su visita in loco en abril de 2024, deja claro que “La violencia en Colombia es un fenómeno transversal que ha acompañado históricamente las violaciones de derechos humanos”
Aunque con el Gobierno actual se ha cambiado el discurso y se habla más de paz, la CIDH advierte que persisten respuestas centradas en el uso de la fuerza, lo que limita la construcción de una paz sostenible.
La seguridad sigue pensándose más desde el control que desde la garantía de derechos, y eso afecta especialmente juventudes, personas con pertenencia étnica, comunidades rurales y personas defensoras.
Solo en 2024 “se registraron 13.408 homicidios, lo que significa una tasa de 25,4 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas de la región”. Además, la violencia letal sigue siendo una forma cotidiana de resolver conflictos: “El 59% de los homicidios se calificaron como sicariato”
Sobre la protesta social, el informe recuerda que las movilizaciones de 2019, 2020 y 2021: “expresaron un fuerte descontento social, político y económico arraigado en las barreras históricas de acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.
Por eso, mientras la vida civil siga siendo abordada desde lógicas militarizadas y no exista una reforma policial real, la paz difícilmente podrá materializarse. En ese escenario, existe el riesgo de que la paz se reduzca a un relato bien intencionado, pero sin transformaciones reales en la forma en que el Estado garantiza la seguridad y los derechos humanos.
Igualdad y no discriminación:
La CIDH es clara: la violencia en Colombia no afecta a todas las personas por igual, tiene impactos diferenciados e interseccionales, e impacta con más fuerza a mujeres, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
“De los 5.845.045 casos de violencia contra las mujeres registrados entre enero de 1985 y abril de 2025, el 13,2% correspondieron a mujeres afrodescendientes y el 6,7% a mujeres indígenas”; entre 2016 y 2023 “se documentaron 1.395 casos de feminicidio en el país”.
Y la situación es aún más alarmante recientemente “solo en los primeros nueve meses de 2024 se registraron 745 feminicidios, incluyendo 44 niñas y 11 personas trans”.
Además, la violencia en el marco del conflicto sigue teniendo un claro sesgo étnico “las personas con pertenencia étnica o racial constituyen el 20% de las víctimas del conflicto armado, pese a representar solo el 13,65% de la población”.
La desigualdad no es un efecto colateral del conflicto, sino uno de sus motores. La violencia refuerza y perpetúa relaciones de poder injustas que afectan de manera desproporcionada a mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y otros grupos históricamente discriminados.
Defensa de la tierra y el territorio
La CIDH establece una relación directa entre violencia armada, economías ilícitas y conflictos socioambientales.
Defender el territorio en Colombia sigue siendo una actividad de alto riesgo, sobre todo para pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
En 2023 “de los 105 asesinatos de personas defensoras, al menos 31 correspondían a quienes protegían el medio ambiente, la tierra y el territorio”; a nivel global “en 2022, Colombia fue clasificado como el país con el mayor número de asesinatos de defensores ambientales en el mundo, con 60 casos documentados”.
El informe también alerta sobre el aumento de los conflictos socioambientales “se han identificado al menos 160 conflictos socioambientales en el país, principalmente asociados a megaproyectos extractivos”.
Lo preocupante es que esos conflictos van en aumento “los conflictos sociales vinculados al sector minero-energético pasaron de 89 casos en 2022 a 130 en 2023”.
Desde allí reafirmamos un llamado urgente: no puede haber justicia ambiental sin garantías reales para la vida, ni protección del territorio si no se enfrentan de manera decidida las economías ilegales y la captura armada de los territorios.
Conoce el informe completo: