La Defensoría del Pueblo ha divulgado las cifras referentes al reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA), durante el año 2025, confirmando que esta práctica persiste como una grave violación de los derechos humanos fundamentales.
Según el informe oficial, se registraron 257 casos de reclutamiento de menores de edad entre enero y diciembre de 2025, una cifra que, aunque inferior a la registrada en años anteriores, mantiene la alarma sobre la vulneración sistemática de derechos básicos como el acceso a la educación, la seguridad y la integridad personal.
La información desglosada por la entidad también revela que una proporción significativa de las víctimas son niños y adolescentes varones, mientras que niñas y adolescentes mujeres constituyen una parte considerable de los casos reportados. Los datos reflejan además que los grupos armados ilegales, incluyendo disidencias de las extintas FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros actores armados, continúan siendo los presuntos responsables de estas captaciones.
Este fenómeno se concentra en regiones marcadas por la violencia y la ausencia del Estado, donde la fragilidad institucional facilita la incorporación forzada de menores a actividades vinculadas al conflicto armado.
Departamentos con mayores casos: Cauca (93), Antioquia (25), Chocó (22), Huila (15), Nariño (14), Valle del Cauca (10), Norte de Santander (10).
Cada caso de reclutamiento representa no solo una ruptura del proyecto de vida de los NNA, sino también una transgresión del derecho internacional humanitario y de los compromisos nacionales e internacionales en materia de protección de la infancia.
Frente a esta realidad, organismos de derechos humanos y autoridades gubernamentales han reiterado la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, atención integral y restitución de derechos, con un enfoque que priorice la protección efectiva de los menores en los territorios más afectados. Asimismo, se subraya la importancia de consolidar la presencia estatal en zonas vulnerables, garantizar el acceso a oportunidades educativas y laborales, y articular acciones interinstitucionales que impidan la repetición de estos hechos.
La militarización de la vida civil en los territorios afectados por el conflicto armado no ha logrado prevenir de manera efectiva el reclutamiento forzado, por el contrario, ha profundizado escenarios de riesgo para la niñez y la adolescencia. La presencia predominante de actores armados —legales e ilegales— en espacios comunitarios, educativos y rurales transforma las dinámicas cotidianas, normaliza la violencia y expone a niñas, niños y adolescentes a prácticas de control, estigmatización y coerción.
En este contexto, la protección integral de derechos humanos exige transitar de respuestas centradas exclusivamente en la seguridad militar hacia políticas públicas que fortalezcan la vida civil, la educación, el tejido comunitario y las garantías sociales, como condiciones indispensables para prevenir el reclutamiento y salvaguardar los derechos de la infancia.