El alcalde de Cartagena Dumek Turbay ha promovido, -durante su administración-, una “estrategia de seguridad” denominada “Plan Titan 24”, por medio del cual se pretende “recuperar el orden” mediante requisas, patrullajes intensos, cierres de establecimientos, verificación de antecedentes y controles de la movilidad. Aunque se presenta como una política integral, sus intervenciones se concentran en zonas donde las comunidades negras conforman la mayoría de la población.
Barrios como Villas de La Candelaria, La Troncal, El Pozón, Henequén, Nelson Mandela, Olaya Herrera, Blas de Lezo y San José de los Campanos, históricamente poblados por comunidades negras, han sido algunos de los focos principales de este Plan. También se han realizado acciones en sectores turísticos como el Centro Histórico, Bocagrande o El Laguito, aunque con énfasis muy distinto, ya que allí, la vigilancia se orienta al control del espacio para el turismo, mientras que en los barrios populares la presencia policial se ha traducido en represión, detenciones arbitrarias y vigilancia cotidiana.
Esta diferencia refleja que la militarización no se distribuye al azar, ésta sigue un mapa racial que deja entrever que cuando un plan de seguridad actúa sobre territorios donde viven mayoritariamente personas negras, lo que refuerza la narrativa de que su mera presencia activa sospechas, alertas o riesgos.
Organizaciones barriales y periféricas como el Colectivo Comunitario Antirracista Contextos y el Movimiento de Mujeres Negras, Barriales y Periféricas de Cartagena, han documentado y denunciado los patrullajes persistentes cuyo foco ha sido las personas jóvenes y las mujeres trans negras.
La preocupación aumentó cuando en octubre de este año, tras semanas de debates sobre violencia urbana, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez y el alcalde de Cartagena, acordaron una intervención militar en varios sectores de la ciudad donde se concentran los homicidios y los hurtos más graves, anunciando el inicio de patrullajes militares por parte de Infantería de Marina.
Sin embargo, de acuerdo con la Fundación Cívica Pro-Cartagena (FUNCICAR), para 2025, se asignaron $31.669 millones a este Plan, un presupuesto enfocado en articulación, fortalecimiento y dotación de organismos de seguridad y sus resultados corresponden a:
📌Operativos nocturnos con inmovilización de vehículos y comparendos
📌Lucha contra la trata de personas: Gestión de una casa refugio y el Centro Intégrate reconocido a nivel nacional.
📌Dotaciones para fortalecer organismos de seguridad.
📌Lanzamiento de “Titán Chat” para reportar incidentes, consultar líneas de emergencia y acceder a servicios de la alcaldía.
Tales resultados (muy básicos, por cierto), no dan luces sobre la disminución de la inseguridad en Cartagena, de ahí que surja la duda sobre si esta administración realmente busca mejorar las condiciones de la ciudad o si el Plan Titán 24 es, simplemente, una estrategia que busca perfilar y estigmatizar a las personas negras, pues hasta la fecha, éste no ha demostrado resultados concretos.
A pesar del escenario de disputa territorial entre los actores armados en Cartagena, la actual administración ha optado por invertir los recursos en una estrategia que se reduce a la persecución de la ciudadanía, queriendo evadir o ignorar el conflicto territorial, pues estas medidas lo que pretenden es poner a un actor armado legal para detener los delitos, pero sin acabar la criminalidad.
La violencia en Cartagena no nace en los cuerpos negros. Nace en la desigualdad estructural, en la exclusión económica, en la precarización laboral, en la falta de oportunidades y, por supuesto, en el abandono estatal, el cual ha marcado la vida de muchos de estos territorios. Lo alarmante es que se normalice que una persona negra sea tratada como un riesgo latente, mientras se pasa por alto su dignidad humana; esta normalización hace que parezca “natural” que toda una población deba vivir bajo la sospecha constante y que la vigilancia se imponga por encima de los derechos.
Ninguna ciudad puede construir seguridad a partir de la estigmatización. Tampoco es posible hablar de convivencia cuando el racismo determina qué cuerpos pueden habitar un espacio sin ser señalados. Mucho menos se puede construir ciudadanía si algunas personas dependiendo del color de su piel activan la alarma apenas aparecen.
La militarización en Cartagena no se trata únicamente de la presencia de la Fuerza Pública, se trata de lo que esa presencia activa en el imaginario social, con miradas que examinan, sospechas que se instalan, órdenes que se imponen sin justificación, controles desproporcionados y una incomodidad que atraviesa la vida diaria de quienes habitan esos barrios.
Los operativos enmarcados en el Plan Titán 24 no constituyen un hecho aislado, forman parte de una lógica que se repite y que seguirá presente mientras no se realicen políticas públicas con un enfoque interseccional que cuestione la forma en cómo se construyen las narrativas de seguridad.
Más actores armados en las calles no necesariamente se traduce en más seguridad. Por el contrario, advierten que se pueden incrementar las tensiones sociales, poniendo en riesgo la garantía de derechos de los grupos más vulnerables.
Por: Yuliana Peña y Karen Carrillo, equipo de Comunicación Pública, Corporación Justicia y Democracia